De acuerdo con la Red Lupa, organización que da seguimiento y vigilancia a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en México existen 128 mil 64 casos de personas desaparecidas a la fecha. Sin embargo, estimaciones de colectivos de búsqueda señalan que podría tratarse de más de 300 mil casos, a raíz de la falta de acción de las autoridades en la clasificación del delito, así como de la ausencia de denuncia en otros casos, sin contar el número de migrantes que también podría encontrarse dentro de esta cifra negra.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en 2025, de 33.5 millones de delitos cometidos en el país, en más del 90 por ciento de los casos no se realiza una denuncia y, cuando esta se lleva a cabo, tan solo en 6.8 por ciento de los casos se abre una carpeta de investigación que continúa con el proceso, mientras que 2.8 por ciento de las denuncias ni siquiera llega a integrarse en una carpeta de investigación.
El INEGI apunta que, debido a esta ausencia de denuncias y de continuidad en los procesos por parte de las autoridades, existe una cifra oculta que abarca 93.2 por ciento del total de los delitos, lo que evidencia y refuerza la posibilidad de que la cifra de más de 300 mil desaparecidos en territorio nacional, proporcionada por colectivos buscadores, sea la más exacta y no los 128 mil casos que señalan las cifras estatales.
Por otra parte, se considera que el problema de las desapariciones en México es generalizado, debido a que se trata de un ataque a gran escala dirigido contra un número significativo de personas. Asimismo, según la Red Lupa, la situación de desapariciones se considera sistemática por la naturaleza organizada de los actos de violencia, la improbabilidad de que tengan un carácter fortuito y la existencia de ciertos patrones en su ejecución; además, estos se repiten con regularidad.
Un ejemplo de que la desaparición de personas es una práctica generalizada en el país es el hecho de que existen casos dentro de todos los rangos de edad. Actualmente, la mayoría se concentra entre los 25 y los 29 años; sin embargo, la realidad es que en todos los rangos —desde los recién nacidos hasta los adultos de 80 años y más— se presentan casos de desaparición.
Otro dato a destacar es que 44 por ciento de los casos de desaparición en el país se concentran en los estados de Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, que también son las entidades donde más desapariciones se registran.
A esto se suma que en las 32 entidades de la República se registró un aumento en los casos de mujeres desaparecidas, siendo el rango de 15 a 19 años donde se presenta la mayoría de los casos ocurridos en 2025, aunque, al igual que en el conteo general, en todos los rangos de edad se presentan desapariciones desde el nacimiento hasta más allá de los 80 años.
La importancia de señalar que la desaparición de personas se practica de forma sistemática y generalizada en México reside en las consideraciones del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pues si el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibe información de que esta práctica ocurre de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario general.
El problema de las desapariciones se ha agudizado en la historia reciente, pues a partir del año 2000 y hasta 2025 se concentra 90 por ciento del total de los casos registrados. De este total, 56 por ciento se presentaron entre 2018 y 2025, lo que coincide con un periodo de “transición democrática” en México, en el que se instauró un nuevo partido en el poder encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Leigh A. Payne, investigadora principal del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (ODIM) y profesora del Latin America Centre de la Universidad de Oxford, los niveles de desapariciones pueden aumentar después de una transición democrática con el objetivo de ocultar la violencia política.
La investigadora señala que estos Estados se encuentran presionados por cumplir con las normas internacionales de derechos humanos; por lo tanto, al ocultar violaciones a través de actos clandestinos de violencia, reducen el señalamiento y el control internacional.
Cuando los Estados “democráticos” se involucran en la violencia política, directa o indirectamente, lo más probable es que ocurra mediante violaciones clandestinas, en lugar de violaciones abiertas y visibles a los derechos humanos, con el objetivo de minimizar costos.
El estudio del ODIM muestra que las personas desaparecidas tienden a provenir de orígenes económica, social y culturalmente marginales, por lo que muchas veces son consideradas por el Estado como “población desechable”, criminalizadas a través de la narrativa y culpadas de su desaparición, lo que provoca la percepción de que no hay razón para generar preocupación social o reaccionar ante esta pérdida.
A ello se suma la existencia de un vínculo entre las desapariciones contemporáneas y el trabajo, pues trabajadores precarizados y desempleados pueden ser atraídos con engaños a labores de explotación, sometidos por el crimen organizado. Además, el ODIM registra que muchos trabajadores con habilidades y conocimientos específicos, como mecánicos, ingenieros, albañiles y camioneros, entre otros, se ven obligados a participar en operaciones ilegales de producción, tráfico y transporte.
Finalmente, Payne señala que las desapariciones también funcionan como un método de control social a través de la pérdida ambigua provocada por la incertidumbre y la falta de información sobre una persona desaparecida. De acuerdo con estudios psicológicos, se ha descubierto que la pérdida ambigua puede tener un efecto paralizador en el círculo cercano de la víctima, lo que debilita la formulación de reclamos ante las autoridades.
En México, ante la magnitud de los casos, decenas de familiares se han organizado en colectivos de búsqueda que, sin apoyo gubernamental, con sus propios recursos y a pesar de los riesgos, realizan labores de búsqueda e investigación que debería llevar a cabo la autoridad, únicamente amparados por el amor a sus desaparecidos.
Dichos colectivos se han encargado de evidenciar zonas donde ocurrieron crímenes graves, como el sitio de adiestramiento y exterminio ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el conocido Rancho Izaguirre, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco identificó cerca de 200 pares de zapatos y diversas prendas, así como hornos clandestinos y restos de ceniza y huesos que posteriormente fueron limpiados y desaparecidos tras la intervención de la Fiscalía General de la República, encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero, hoy embajador.
Debido a la labor que desempeñan, se enfrentan a la inseguridad y a represalias de grupos del crimen organizado y funcionarios corruptos, expuestos a riesgos diarios que ya han cobrado la vida de, por lo menos, 20 personas buscadoras. Por ello, muchas veces recurren a realizar colectas, rifas y peticiones de donaciones en especie o monetarias, rindiendo cuentas claras ante los ciudadanos que deciden apoyar una labor que no debería existir y que, sin embargo, es de las más nobles.
Los colectivos lo han dejado claro: la única manera de sostener la búsqueda de personas es a través del apoyo de la ciudadanía, pues el Estado y sus representantes (o exrepresentantes) son incapaces de cumplir su labor o, al menos, de apoyar el trabajo que realizan las personas buscadoras en todo el país.
Para apoyar a los colectivos a enfrentar este problema, la ciudadanía debe acudir con cualquier colectivo que labore dentro de su entidad, pues lamentablemente en la mayoría de las 32 entidades de la República existen organizaciones que responden a la ausencia de sus familiares y del Estado, que no les brinda ninguna garantía, ni siquiera al momento de denunciar.
El problema de las desapariciones es un tema que no puede ser ajeno a nadie, pues en nuestros desaparecidos están las marcas de la violencia política, la impunidad y la corrupción de un Estado que, aunque cambie de colores, sigue siendo indiferente ante las causas y evita romper con el pacto de impunidad que ha permitido a los grupos de la delincuencia organizada ejercer el terror en toda la ciudadanía.
