Por. J. Jesús Lemus
México es un país surrealista. Aquí puede pasar todo y a la vez no pasar nada. La expansión de los grupos delictivos, tanto los emanados de los Cárteles de las Drogas como los del propiamente dicho Crimen Organizado, son los motores de las historias de vida más increíbles que se puedan contar entre los mexicanos.
El cobro de piso, una actividad alterna de altos rendimientos económicos para los grupos escindidos de los Carteles de las Drogas, y la base existencial de los grupos del crimen organizado, ha generado un nuevo nicho de defensa de los derechos humanos.
Durante décadas, el fenómeno del cobro de piso -extorsión sistemática- fue tratado por las autoridades y la sociedad civil como un problema estrictamente de seguridad pública o un “gasto operativo” inevitable en zonas controladas por el crimen organizado.
Hasta hace poco, las víctimas de cobro piso callaban por miedo. Y el activismo tradicional de la defensa de Derechos Humanos se centraba en desapariciones forzadas o feminicidios, dejando un vacío legal y social en la defensa de los derechos económicos y la integridad física de los comerciantes que son víctimas del cobro de piso.
Sí. Ya no solo hay defensores de los derechos humanos en función del desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, la libertad de expresión, el libre periodismo, etc., etc… Ahora, a causa de la expansión de los grupos criminales, cobijados desde el poder, ha surgido la defensa de los derechos humanos en función del derecho a vivir sin cobro de piso.
La primera defensora de los derechos humanos en este campo se llama María Gemima Hernández Avalos. Ella es una activista -de Baja California Sur- que ya pagó su cuota de sangre para ser parte de la alzada nacional que lucha por un México mejor para todos.
El caso de Maria Gemima Hernández marca un hito en la historia del activismo en México. Su transición de víctima a defensora no fue planeada, fue más bien una respuesta de supervivencia ante la asfixia del crimen organizado.
Su historia comenzó en el corazón de un corredor comercial asediado. Tras sufrir amenazas directas y ver cómo el patrimonio de su familia se desmoronaba bajo las exigencias de cuotas semanales, María Gemima tomó una decisión inédita: sacar el cobro de piso de la nota roja y llevarlo al terreno de los Derechos Humanos.
La labor de María Gemina Hernández fue pionera por tres razones fundamentales que transformaron la narrativa nacional: Fue la primera en argumentar que el cobro de piso no es solo un robo, sino una violación al Derecho Humano al Trabajo y a la Vida Digna.
La otra razón fue que pudo romper el Pacto de Silencio. Ella Organizó las primeras redes de apoyo clandestinas que eventualmente se hicieron públicas, permitiendo que otros comerciantes denunciaran sin sentirse aislados.
Y como tercera razón fue la Incidencia Jurídica. Gemina impulsó que los protocolos de protección para defensores de derechos humanos incluyeran específicamente a quienes luchan contra la extorsión del crimen organizado, un terreno anteriormente considerado “zona gris” por el Estado.
La lucha inédita de María Gemina inicio con su resistencia al pago de cuotas impuesto por la delincuencia organizada, por ello sufrió una implacable persecución personal. A causa de ello creo el primero colectivo de víctimas de extorsión, con lo que empoderó a pequeños empresarios ante la voracidad criminal.
La lucha de María Gemima Hernández ya logró alcance internacional, por el solo hecho de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya reconoció el cobro de piso como una crisis de derechos humanos en México.
Hoy, María Gemima es un referente de resiliencia. Su figura ha obligado a las instituciones a replantear sus estrategias de seguridad, entendiendo que detrás de cada “cuota” hay una familia cuya libertad está siendo cercenada.
“No estamos peleando por dinero, estamos peleando por el derecho a existir sin permiso de un criminal.” Ha dicho públicamente MaríaGemina.
El movimiento liderado por Gemima continúa expandiéndose hacia otros estados, estableciendo un precedente jurídico donde el Estado es señalado por omisión al no garantizar las condiciones mínimas para el ejercicio del comercio libre de violencia.
