Por. J. Jesús Lemus
En ninguno de los principales países mineros más desarrollados se puede observar lo que increíblemente se vive todos los días en México, donde el acceso de las grandes mineras a la oferta de “servicios de seguridad” ofrecidos por los grupos de la delincuencia organizada y de los carteles de las drogas, es algo cotidiano que se negocia sobre la sangre de los que se oponen a los proyectos extractivos.
La visión de la tierra yerta, ociosa, sin dueños ni pobladores, que requiere una supuesta salvadora intervención de la industria minera para hacer productivo al suelo, para explotar su riqueza, ofreciendo un desarrollo que nunca llega por ninguna parte, es el guión bajo el que se rige la industria minera trasnacional asentada en México.
Bajo ese guión, la industria minera parece no tener límites ni reglas -más allá de la silenciosa sociedad establecida con el Estado mexicano- para extender sus dominios, utilizando a los grupos delictivos escindidos de los cárteles de las drogas.
Como parte de esa sociedad tripartita el Estado mexicano hace su labor, El Estado facilita el asentamiento y legaliza las operaciones de las empresas mineras, las que en sus Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que presentan ante la Secretaría de Economía (SE) -como parte del trámite para obtener la concesión de explotación del subsuelo- siempre minimizan el daño al entorno ecológico y la aniquilación de las especies endémicas de flora y fauna.
Siempre se alude a un nulo impacto ecológico, y el Estado mexicano lo cree.
Incluso oficialmente se llega a creer lo que falsamente se dice en muchas Manifestaciones de Impacto Ambiental, que la tierra que se pretende explorar se encuentra totalmente despoblada o que no hay ni ratas de campo, mucho menos población humana en torno o dentro de los polígonos a explotar.
LA FIEBRE DEL LITIO
Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías: cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata.
Apocalipsis 18:11-12
En México, la fiebre del litio comenzó mucho antes que en el resto del mundo.
Hacia mediados de la década de los 90´s, apenas se hablaba en Europa sobre la certeza del fin de la era del petróleo, y la necesidad de buscar otras formas de energía, cuando en Mexico se comenzaron a desempolvar los archivos técnicos de las primeras investigaciones que indicaban las reservas mineras de litio.
México fue de los primeros países de América en explorar sus reservas de ese metal.
Incluso muchos de esos yacimientos se ubicaron y estudiaron antes que lo hiciera en su territorio el gobierno de Estados Unidos.
Hacia 1982, el gobierno mexicano ya había descubierto por lo menos 114 sitios de litio con alto potencial minero, mientras el gobierno de Estados Unidos solo había ubicado 24 potenciales minas dentro de su territorio (Anexo Mapa 4).
Ya desde entonces se apuntaba que el estado con mayor cantidad de yacimientos o depósitos de litio en Estados Unidos, era California, con cinco potenciales minas de alto rendimiento, seguido después por Nevada y Wyoming, con tres yacimientos de consideración cada entidad, y después Georgia y Utah, con dos reservas de importancia cada estado.
Hacia mediados de la década de los 90’s, cuando se desempolvaron los trabajos de investigación que el gobierno mexicano había desarrollado para ubicar sus reservas de litio, se encontró que gran parte del suelo mexicano ya estaba barrenado en busca del nuevo y prometedor metal.
Son 10 los trabajos, ejecutados entre 1979 y 1997, que hoy son la base para cimentar el proyecto de litio, que sostiene la política oficial del gobierno mexicano con miras a alcanzar una soberanía energética.
De los diez trabajos de muestreo en campo y ubicación de las minas, dos fueron hechos en 1979, en Puerto Peñasco y Aconchi, Sonora; tres fueron ejecutados durante 1980, en diversas localidades de Puebla, Oaxaca y Sonora; uno más se hizo en 1981, en diversas localidades de Chihuahua; otro fue desarrollado en 1982, y solo fue un informe general de los avances de la investigación realizada hasta el momento; otro estudio se hizo en 1983, y consistió en un resumen general de los trabajos realizados hasta ese año.
En 1989 se llevó a cabo otro estudio de campo, en el altiplano de San Luis Potosí y Zacatecas.
El último trabajo de importancia sobre reservas de litio se ejecutó en Ahualulco, San Luis Potosí, en 1997.
Es importante precisar la fecha de estos estudios técnicos sobre la ubicación de las reservas nacionales de litio, porque hasta el cierre de este trabajo, esos trabajos arcaicos de investigación técnica y científica eran la única base del proyecto nacional de litio.
El gobierno mexicano, pese al boom del oro blanco, parece no darle importancia a la inversión en exploración o investigación.
Es como si no existiese el interés nacional en la explotación de esas reservas.
Como si se quisiera que alguien más hiciera la investigación.
Como si no se quisieran hacer inversiones oficiales sobre la cuantificación y cualificación del litio, como para no estar obligados a la transparencia oficial.
En nada se comparan las inversiones de ahora con las hechas por el gobierno federal cuando se comenzó a investigar la reserva de litio en 1979.
De acuerdo a los antecedentes documentales que obran en el Archivo General de la Nación (AGN), así como en el Archivo Técnico de la Dirección General de Minas, de la Secretaría de Economía, para dar con las reservas de litio, ver sus dimensiones y ubicación, se hizo una movilización nacional de toda la fuerza de investigación científica, técnica y política con la que contaba el gobierno federal de entonces.
Se empleó a todo el personal de la Gerencia de Estudios Especiales y del Departamento de Investigación Aplicada, una división de funcionarios convertido en una mezcla extraña que contaba con Científicos-Políticos, Políticos-Espías y Espías-Científicos, que dependían de la Secretaría de Gobernación, sin dejar de pertenecer a la academia, al ámbito político o del espionaje.
La inversión destinada a la investigación del litio, en promedio anual, entre 1979 y 1982, fue de 150 millones de pesos, cuando el dólar se cotizaba entre los 22 y los 24 pesos.
Pese a la importancia que en la actual época representa el litio, al menos así lo revela la agenda de la soberanía energética del gobierno mexicano, en promedio anual solo se destinan 30 millones de pesos para la investigación del litio en los 82 sitios mineros oficiales que así son reconocidos por el Servicio Geológico Mexicano.
Según el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, de 2019 a 2024, en promedio anual se han destinado 30 millones de pesos al proyectos “Exploración de Litio”, que consiste en “Estudiar las características geológicas de 82 localidades con presencia de litio en el territorio nacional y definir áreas susceptibles de contener este elemento en calidad y cantidad suficientes, para ser consideradas económicamente viables”.
¿Por qué esa ambivalencia del gobierno mexicano, respecto al litio? ¿Qué mueve a quién, para que se cometan pifias tan monumentales? Solo hay una respuesta. Alguien dentro de la clase gobernante no quiere dar a conocer la ubicación y cantidad de los yacimientos o depósitos de litio. Esa negativa a la información bien podría estar fincada en la posibilidad de hacer negocios con base en la información privilegiada, que solo emana desde adentro del gobierno federal.
En el régimen de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca más el gobierno mexicano volvería a ser un comité facilitador de negocios para la iniciativa privada, pero por la forma en que se ha comenzado a manejar informativamente el tema del litio, todo apunta a que –al menos en el tema de la minería- la Secretaría de Economía, sigue siendo el ente facilitador de los negocios de la añeja clase neoliberal o la neo capitalistas emanados de la Cuarta Transformación.
La forma oscura, con que la actual clase gobernante atiende al reclamo social de una mayor transparencia gubernamental, en el tema del plan nacional para la explotación del litio, se evidencia en la constante contradicción en la que cae la Secretaría de Economía, cada vez que se le requiere información oficial relacionada al litio.
Una de esas contradicciones del gobierno federal y su brazo ejecutor, la Secretaría de Economía, es la que se informa a través del Servicio Geológico Mexicano, cuando ya se había dicho que solo se reconocían 82 sitios mineros de litio, y se termina reconociendo que existen otros 69 sitios de litio de interés minero 3 en todo el territorio nacional.
Es decir, si hacemos caso a estos datos de la Secretaría de Economía, en total existen 151 yacimientos o depósitos de litio en todo el país capaces de hacer viable cualquier proyecto extractivo.
A los 82 sitios mineros con altas reservas de litio que inicialmente reconoció el gobierno federal que existen en territorio nacional, se deben sumar los 69 yacimientos que finalmente se reconocen, de los que tres yacimientos de litio se ubican en Chihuahua; un depósito está registrado en Coahuila; nueve yacimientos o depósitos se ubican en Durango; tres posibles minas de litio están en Hidalgo; otro yacimiento se encuentra en Jalisco; otro más se haya en el Estado de México; siete depósitos están disponibles en Nuevo León; 19 yacimientos fueron localizados en Oaxaca; siete, en el estado de Puebla; uno, en San Luis Potosí; ocho depósitos se encuentran en Sonora; cinco, en Tamaulipas; uno en Veracruz y tres en Zacatecas.
Atendiendo los datos emitidos en respuestas oficiales por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, se puede observar la forma en que cobran dimensión las mentiras institucionales, vertidas por la clase gobernante de la Cuarta Transformación, como cuando se niega que existan reservas de litio en Guanajuato.
Sí. A pesar de que una respuesta oficial de información del 17 de agosto del 2021, dice –por parte de la Secretaría de Economía- que en Guanajuato, en los municipios de San Francisco del Rincón, Silao y Valle de Santiago, existen tres yacimientos de litio, 4 en otra comunicación oficial de la Secretaría de Economía, en la del 16 de mayo del 2022, la misma dependencia informa que “con base en las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan al Servicio Geológico Mexicano (SGM), se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, no encontrando reportes, informes o referencias que especifiquen que existan yacimientos minerales que contengan el elemento litio en ninguno de los municipios que conforman el estado de Guanajuato”.
Las mentiras de la clase gobernante sobre la realidad del litio en nuestro territorio no solo se circunscriben en cuanto a la ubicación de los depósitos de ese metal, esas falsedades también son recurrentes sobre las concesiones y las empresas mineras trasnacionales que ya se encuentran en proceso de exploración o explotación de los yacimientos.
Como si el gobierno federal tuviera miedo de algo, se niega toda costa la información certera. Hay clara evidencia del recelo institucional al verter información sobre la minería relacionada al litio.
Se niega en forma sistemática transparentar quien está o estará a cargo de la extracción de litio en nuestro país.
De acuerdo a datos oficiales, si los creyéramos a pie juntillas, deberíamos pensar que, al cierre de este trabajo, no había una sola empresa minera extranjera ni nacional que tuviera a su cargo siquiera una concesión minera para lograr la explotación de litio.
Según el gobierno federal no hay mineras trasnacionales explorando el suelo mexicano en busca de litio.
Eso fue lo que respondió oficialmente la Secretaría de Economía, cuando de manera oficial se le preguntó –como parte del trabajo de investigación de este texto- cuántas y cuáles eran las empresas mineras trasnacionales que estaban, en suelo mexicano, siendo beneficiadas con algún tipo de permiso o concesión minera para la explotación de litio.
En una respuesta oficial debidamente pensada, el gobierno federal respondió: que se tenía cero registros de empresas mineras trasnacionales 6 que contaran con una o varias concesiones minera para la explotación de litio.
En la misma pregunta que se le hizo al gobierno federal, para saber cuántas empresas de capital extranjero cuentan con permisos o concesiones de exploración en el suelo mexicano para buscar litio, también se le cuestionó sobre cuántas y cuáles son las empresas que cuentan con permisos o concesiones para explorar y explotar bancos de otros metales o minerales considerados en las leyes mexicanas como estratégicos, igual que el litio, tal sería el caso del plomo, níquel, cadmio, manganeso y/o zinc.
La respuesta de la Secretaría de Economía a esta interrogante también fue que no se contaba con ningún registro de alguna empresa minera trasnacional haciendo en suelo mexicano trabajos de exploración o explotación de yacimientos o depósitos de los minerales mencionados.
Esa respuesta, por mal intencionada, solo la pueden creer aquellos que tengan menos de dos dedos de frente.
Sola se desmiente con los datos contenidos en los informes del 2023 de la Cámara Minera de México, en donde se detalla que la industria minera nacional y trasnacional establecida en suelo mexicano, solo en lo que hace al año 2022, ha destinado 467 millones de dólares para realizar exploraciones de litio, y que se han invertido 612 millones de dólares para explorar los yacimientos de níquel.
En el citado informe de la Cámara Minera de México, 7 se refiere que las inversiones hechas en la exploración de litio y níquel, solo por hablar de dos de los metales estratégicos más demandados a la fecha en mundo, se ubican en el cuarto sitio de los metales con mayor 6 Secretaría de Economía, Respuesta Oficial a la Solicitud de Información No. 330025923001817, Ciudad de México, 15 de noviembre de 2023.
Queda en evidencia la mentira del gobierno federal y su gerencia de negocios, la Secretaría de Economía, cuando niega en forma oficial y sistemática la existencia a la fecha de empresas mineras trasnacionales haciendo labores de exploración o explotación de litio en suelo mexicano.
La mentira oficial de que no existen empresas explorando o explotando el litio mexicano se desfonda cuando la propia Secretaría de Economía señala tácitamente en otra repuesta de información, al dar a conocer el listado “Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero 2013”, que sí hay empresas mineras extranjeras haciendo labores de exploración y explotación de litio.
Según se puede leer en el citado listado de proyectos mineros, solo en cuanto hace a la exploración y explotación de litio -que tanto niega el gobierno mexicano-, la empresa española Sutti Mining S.L. mantiene bajo exploración tres proyectos en el Lago Salinas, en San Luis Potosí, y otros cinco proyectos en la zona conocida como Santa Clara, en el zona del semidesierto, en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas.
En esos ocho proyectos, donde además de litio se revisan las reservas de potasio con miras a su explotación industrial, la empresa Sutti Mining S.L. trabaja en concesiones asociadas con la empresa paraestatal mexicana Litio MX, de reciente creación.
Bajo los intereses de la clase gobernante que la administra, la Secretaría de Economía también oculta la concesión otorgada para la explotación de litio en el sitio conocido como Cerro Prieto, en el municipio de Mexicali.
El proyecto –según se indica en el listado oficial de proyectos mineros a cargo de trasnacionales- esta entregado a dos empresas, la Panamerican Lithium Corp., de capital norteamericano, y la minera Escondida Internacional, supuestamente de capital mexicano.
Estas dos empresas, en el Cerro Prieto, además de litio también exploran las reservas existentes de oro y plata.
No debe pasar por alto que, aun cuando oficialmente no aparece registrada en la versión pública del padrón de proyectos mineros a cargo de extranjeros de la Secretaría de Economía, la empresa canadiense One World Lithium se encuentra a cargo de los trabajos de exploración para la búsqueda de litio en la zona conocida como Salar del Diablo.
Esta región, que cuenta con una superficie de más de 75 mil hectáreas, aparece en el panorama minero nacional como un sitio sin concesiones mineras por parte del gobierno federal, perola minera canadiense está explorando esa región desde el año 2019.
En los informes públicos de la trasnacional canadiense, que explora el suelo de la zona del Salar del Diablo, en Baja California, refiere que sus muestras de suelo indican la presencia no solo de litio, en cantidades suficientes como para hacer viable económicamente cualquier proyecto extractivo, sino que también existen evidencias para la explotación industrial de otros elementos como boro, cobalto, cesio, potasio, magnesio, sodio y vanadio.
De esto, la Secretaria de Economía del gobierno federal ni siquiera se da por enterada… o tal vez sí.
Otro proyecto de litio que trata de ocultar la Secretaría de Economía, de los que están a cargo de las empresas trasnacionales dedicadas ya de lleno -con algo de ventaja- a la exploración de las reservas de ese metal estratégico, es el que está corriendo la empresa Sutti Mining S.L. en el estado de Zacatecas, en la zona conocida como Lago Los Barriles, en donde esta empresa de capital español, sin necesidad de ninguna sociedad como la que tiene con Litio Mex S.A. en San Luis Potosí, está haciendo el desarrollo para siete minas de 9 One World Lithium, Página Oficial, disponible en: https://oneworldlithium.com/salar-del-diablo/litio, las que podrían competir en cuanto a producción con las minas que se ubican dentro de la zona de reserva de litio, en el estado de Sonora, las que aun oficialmente no se han entregado a ninguna trasnacional.
Pero sin duda, uno de los proyectos mineros de litio de mayor envergadura, que tal vez por lo mismo es escondido por el gobierno mexicano, es el que llevan cabo las empresas canadienses Bacanora Mineral Ltd. y Rare Earth Minerales Plc., las que están explorando más de 100 mil hectáreas de suelo en el municipio de Bacadéhuachi, en el corazón el desierto de Sonora.
Esa superficie fue entregada por la federación a través de 10 concesiones mineras, las que tienen una vigencia de 80 años, con posibilidad de renovarse al menos una vez más.
Por eso las mineras -dicen en su página oficial- cuentan con la posibilidad producir “carbonato de litio de grado batería de alta calidad para su distribución a clientes potenciales en Asia según sea necesario”.
Con el control de una gran parte de las reservas de litio mexicano, la meta de esta empresa es ser la principal proveedora mundial de materia prima para la elaboración de baterías eléctricas a base de litio, para todo tipo de dispositivo, desde un teléfono celular o un ordenador, hasta un automóvil o una unidad industrial de alto consumo eléctrico.
Sobre este proyecto en particular, a cargo de las empresas canadienses Bacanora Mineral Ltd. y Rare Earth Minerales Plc., que el gobierno federal mantiene bajo reserva extraoficial, cabe decir que es parte del Proyecto Nacional de Litio, el plan que el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador ideó para entregar el litio a una clase privilegiada de mexicanos, asociados con extranjeros, mediante la simulación de la nacionalización de ese metal.
Si no fuera así, no se entiende entonces la razón del gobierno mexicano de haber emitido una ley presidencial, anunciada como un decreto expropiatorio de todas las reservas nacionales de litio, que terminó siendo un fiasco.
Se dijo en su momento que dicho decreto expropiatorio del litio, del presidente Andrés López Obrador, era del tamaño de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, hecha por el presidente Adolfo López Mateos, o de las dimensiones de la Expropiación Petrolera, ejecutada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Pero ni una cosa ni la otra. El decreto de Andrés López fue el parto de los montes. Fue una mentira. Nunca hubo nacionalización.
De acuerdo a lo que refiere el decreto del 18 de febrero del 2023, solo una pequeña porción del suelo mexicano es la que “se declara zona de reserva minera de litio, denominada Li-MX-1”, 11 el resto del suelo mexicano con yacimientos o depósitos de litio se deja libre para concesionarse, pero bajo la administración del organismo público descentralizado denominado Litio para México, el que surge en la escena nacional a partir del decreto presidencial del 23 agosto del 2022, en donde se establece que “el objeto de (la empresa) Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”, 12 y refiere –el mismo decreto- que para que esa paraestatal cumpla con su objetivo, “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. 13
Es decir, aun cuando se dijo oficialmente que el litio se estaba nacionalizando, la realidad es que el litio mexicano continua como antes, abierto a la inversión extranjeras y privada, solo que ahora, para invertir se requiere una sociedad mercantil con la empresa encargada de administrar y controlar las actividades necearías para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio.
Es necesario precisar lo anterior, porque el embuste del presidente López, aludiendo a una nacionalización del litio cuando en realidad se le están abriendo la puertas al capital internacional, solo ratifica lo que hasta aquí se ha venido demostrando, que la clase gobernante y empresarial que llegó con la mentada Cuarta Transformación, tiene puesta sus ambiciones –y toda la intención del saqueo- sobre la gran cantidad de litio que existe en todo el territorio nacional, y la supuesta nacionalización del litio solo se utiliza como cortina de humo para cometer el atraco.
Si no fuera así, el “decreto de nacionalización del litio”, habría nacionalizado el litio.
Habría dejado a los capitales privados extranjeros o nacionales sin posibilidad de inversión en ese sector estratégico de lo energético.
Por lo menos los 82 campos de litio que se reconocen oficialmente que existen a la fecha, serán de predominio nacional.
Nada tendrían que ver con las exploraciones las empresas mineras trasnacionales.
Y no estaría el gobierno federal echando maromas para esconder –ante la opinión pública y algunos cuestionamientos informativos de la prensa- muchos de los campos de litio que ya están descubiertos.
La estrategia oficial de esconder los campos de litio es una realidad.
Eso no se puede ocultarse.
La trampa se sigue dando.
Tomemos solo como caso demostrativo el estado de Sonora.
Allí, dice la Secretaría de Economía, se tienen reservas importantes de litio en 13 campos con alta prospección minera.
Esos yacimientos o depósitos de litio se ubican cada uno de ellos en los municipios de Tubutama, Santa Cruz, Pitiquito, Nacozari de García, Huasabas, Aconchi, Soyopa, Onavas, Suaqui Grande, La Colorada, Divisaderos y dos en Nogales (Anexo Mapa 5).
Pero, si en esos municipios es donde se concentran los grandes campos de litio en Sonora, tal como lo informa la Secretaría de Economía, entonces ¿Por qué no todos esos campos están contemplados dentro de la Zona de Reserva de Litio “nacionalizada”?
La Zona de Reserva de Litio que supuestamente fue nacionalizada por el presidente López Obrador, con una extensión territorial de 234 mil 855.2 hectáreas, 14 solo contempla los campos mineros de litio de los municipios sonorenses de Arivechi, Bacadéhuachi, Sahuaripa, Granados y Nácori Chico (Anexo Mapa 6), ninguno de estos campos están mencionados en la lista oficial de los 82 sitios mineros de litio que reconoce la Secretaría de Economía.
También, dentro de esa misma reserva “nacionalizada”, están los municipios sonorenses de Huásabas y Divisadero, los que sí se mencionan en la lista oficial de los 82 lugares con litio que se manejan oficialmente.
¿Por qué solo unos cuantos campos de litio de Sonora fueron decretados como zona de reserva nacional?
¿Por qué no se “nacionalizó” todo el litio mexicano?
La respuesta a esas interrogantes tiene que ser una: porque la nueva clase gobernante mexicana está observando en el litio nacional un modelo de negocios a futuro que les puede ser más rentable que el petróleo.
De otra forma no se entiende el interés que de la noche a la mañana –al contar con información privilegiada- ha surgido en decenas de funcionarios estatales de Sonora y del gobierno federal, por comprar -a veces en sociedad a veces en solitario- grandes extensiones de terrenos desérticos en aquellos municipios donde ni siquiera se dan las biznagas, pero que en el subsuelo cuentan con una riqueza incalculable.
No es nueva la ambición que se ha despertado vorazmente por el litio en un sector de la clase gobernante, principalmente la que tiene el control y la administración de las políticas económicas del Estado mexicano.
Esa ambición se fermentó durante la administración del presidente Felipe Calderón.
Allí fue cuando se comenzó a pensar en el litio como una forma de hacer negocios a través de la apropiación de los yacimientos de ese metal, que -desde hacía décadas atrás- ya se perfilaba a ser el nuevo recurso motor del mundo, una vez que concluyera la época del petróleo.
No debe pasar por alto que el saqueo minero mexicano, aun cuando en términos generales se dio en su forma más intensa durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 15 en realidad fue perpetrado a conciencia entre los años 2000 al 2004, cuando al frente de la Secretaría de Energía estuvieron, sucesivamente, Ernesto Martens y Felipe Calderón, los que comenzaron a ver el potencial económico personal que representaba la entrega de concesiones mineras, principalmente de aquellos elementos químicos considerados estratégicos, como el litio, que podrían tener una alta demanda en un futuro inmediato.
Por eso cuando el Felipe Calderón llegó a la presidencia, con el conocimiento de haber sido Secretario de Energía, dio rienda suelta a la dispendiosa entrega concesiones mineras para todas las empresas mineras trasnacionales que así lo solicitaban.
Cualquier concesión minera entregada por el gobierno del presidente Felipe Calderón no fue tasada por debajo de los cinco millones de dólares, entregados en sobornos a los secretarios de Economía y al propio presidente Felipe Calderón.
La política de Felipe Calderón, heredada de Vicente Fox, de entregar concesiones mineras al por mayor, a quienes lo solicitaran, a cambio de millonarios sobornos, fue bien entendida y llevada a la práctica durante el gobierno del presidente Enrique Peña Neto, cuando al frente de la Secretaría de Economía estuvo operando Ildefonso Guajardo.
Villarreal, quien fue el responsable de darle a la voraz empresa trasnacional todos los beneficios para socavar el suelo mexicano, en busca de los metales más cotizados a nivel mundial, entre ellos el litio.
De los tres presidentes -Fox, Calderón y Peña- que hicieron dispendio de las concesiones mineras, el que puso mayor atención en el litio fue Felipe Calderón.
Fueron dos hechos los que alertaron al presidente Calderón sobre la importancia del litio, con la posibilidad de los negocios particulares, por la demanda que se asomaba de ese metal.
La primera alerta que hizo que Felipe Calderón inaugurara su etapa de corrupción entorno al referido metal, fue cuando se desempeñaba como Secretario de Energía, en el gobierno de Vicente Fox, cuando se sentó a la negociación con representantes de empresas mineras chinas, las que le pidieron participación en la explotación del litio mexicano.
Felipe Calderón, y su grupo gobernante, se dieron cuenta de la dimensión económica que representaba el litio tras revisar los archivos técnicos del Servicio Geológico Mexicano –los realizados entre 1979 a 1982-, en donde se revelaba el potencial económico que en si eran las reservas probadas de litio.
Sumado a ello, se revisó la demanda de las empresas mineras trasnacionales y el deseo por alcanzar un pedazo de suelo para exprimirlo en busca del metal.
Así, siendo Felipe Calderón secretario de Energía, el gobierno mexicano estableció un compromiso con las mineras chinas AA Mine Holding, China Minerals Resources, Group, Eurofro Mineral Group, Harbor Mining, JDC Minerals, Jinchuan Group Co. Ltd., Rizhao Xingye Import and Export Co., Shaanxi Dongling Group, Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade, Tianjin North, Geological Exploration Bureu y Zhong Ning Mining Investment Co., a las que se les garantizó entregar parte del territorio mexicano con litio.
Suena difícil de creer, sabiendo los antecedentes de corrupción de Felipe Calderón, que este siendo secretario de Energía haya establecido el compromiso con las mineras chinas para entregarles parte del litio mexicano a cambio de nada, máxime si el acuerdo establecido fue para que las concesiones de litio que pedían las mineras chinas se canalizarán a través de una sola empresa de ese país, la minera AA Mine Holding.
Luego que Felipe Calderón, siendo secretario de Energía en el sexenio de Fox, estableció el acuerdo con el grupo empresarial chino para entregarles la mayor porción de tierras mexicanas ricas en litio, el mismo Felipe Calderón, ya en su calidad de presidente de México, solo dos años después de los acuerdos iniciales, estuvo en posibilidad de cumplir con lo prometido a las mineras chinas.
Las primeras reservas de litio que el gobierno mexicano entregó a empresas privadas, se dieron el 2008, cuando Calderón ordenó la entrega de concesiones a China, a través de su minera AA Mine Holding, a la que se le entregaron los campos mineros de El Aguajito-El Pinole, en Baja California, con reservas probadas por más de 50 años.
De la mano de Felipe Calderón, con la minera AA Mine Holding con punta de lanza de un proyecto global, la república Popular China afianzó su presencia minera en suelo mexicano, en el área de la exploración y la explotación del litio.
A cambio de sobornos, o tal vez a base de solo buena voluntad, la clase gobernante en el gobierno de Felipe Calderón entregó las reservas de litio a los chinos.
En esa decisión estuvieron involucrados los secretarios de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño (+), Fernando Gómez-Mont Urueta, Francisco Blake Mora (+), y Alejandro Poiré.
También algún grado de responsabilidad, en la entrega del litio mexicano a los chinos y después a otras mineras trasnacionales de otros países, tuvieron los secretarios de Energía de Calderón: Georgina Yamilet Kessel Martínez, José Antonio Meade Kuribreña y Jordy Herrera Flores, así como los que despacharon en ese periodo como secretarios de Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape, Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari García de Alba.
Todos ellos palomearon de alguna forma las concesiones para la explotación de litio que se dieron durante ese gobierno, el que aparte de ser marcado por su relación de negocios con los cárteles de las drogas, también debería ser reconocido históricamente como el que más concesiones mientras otorgó a favor de empresas trasnacionales.
Para decirlo en pocas palabras, la clase gobernante que mantuvo bajo su control al gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón, principalmente en el área de concesiones mineras, es la única responsable de la entrega temprana del litio, y de los compromisos establecido de México con la empresa mundial para continuar con el saqueo del litio.
Sin el aval del gobierno mexicano, en el sexenio de Calderón, cuyos funcionarios han trascendido hasta la Cuarta Transformación, no hubiesen podido entrar a explora los campos de litio de Sonora, empresas como la china AA Mine Holding, la canadiense Bacanora Minerals y la británica Rare Earth Minerals, las que son dueñas de siete de las más importantes concesiones mineras para la explotación de litio en Sonora.
“el proyecto más ambicioso sobre el que va AA Mine Holding es la concesión de una superficie de más de 50 mil hectáreas entre San Luis Potosí y Zacatecas, donde el Servicio Geológico Mexicano ha declarado la existencia de por lo menos tres vetas de litio con reservas probadas para más de 70 años, con una producción estimada en más de un millón 480 mil toneladas al año de material enriquecido con ese metal”.
Las anteriores no son las únicas empresas mineras que -al cierre de este trabajo- siguen contando con concesiones para la explotación del litio.
Pese a la nacionalización desaliva que sobre ese metal hizo Andrés Manuel López Obrador, todavía son más de empresas mineras trasnacionales a las que no se les ha frenado en sus intenciones de explotar el litio mexicano.
No se les ha cuestionado la forma en que lograron las concesiones mineras en el periodo de gobierno de Felipe Calderón.
Ni siquiera se les ha requerido para revisar las condiciones de sus permisos de exploración, lo que demuestra el falso y exacerbado sentimentalismo nacionalista con que el régimen de la Cuarta Transformación ha venido, más que atendiendo, esquivando el problema del saqueo minero.
Aun cuando la Secretaría de Economía lo niega ficnamente, en cinco estados del país, con altas reservas de litio, a la fecha existe un grupo de por lo menos 15 empresas mineras de capital trasnacional que explotan ese metal mexicano.
Esas empresas se hicieron de los yacimientos de litio durante el gobierno de Felipe Calderón, pero a la fecha no han sido molestadas, mucho menos requeridas, por la supuesta nacionalización de Andrés Manuel López Obrador.
Las referidas empresas, que parecen protegidas o al menos con algún tipo de interés gubernamental Zenith Minerials, Organimax Nutient Corp., Alien Metals Ltd. y Arian Silver Corporation, que operan en Zacatecas; en Coahuila la las concesionarias del lito son Radius Gold Inc. y Organimax Nutient Corp.; en el estado de Baja California, cuentan con sendos permisos las mineras Pan American Lithium, Escondida Internacional y One World Lithium; en San Luis Potosí están explorando los yacimientos de litio otorgados por el gobierno mexicano, las trasnacionales Organimax Nutient Corp., y Sutti Mining, mientras que en Sonora, las dueñas del litio son Infinite Lithium Corp, Lithium Australia NI, Bacanora Minerals, Candence Minerals, Rare Earth Minerals y Alix Resources Corp.
Volviendo al origen del caos minero, al revisar las razones por las que en su momento el presidente Felipe Calderón volteó la mirada al litio, vale destacar la otra razón por la que oficialmente se observó la posibilidad de negocios rentables mediante la entrega del litio a manos de particulares, aun cuando ese metal ya estaba contemplado en la ley como un elemento químico estratégico.
Existe un registro en la Presidencia de la República, del año 2007, a partir del cual se deriva la instrucción presidencial de Felipe Calderón para revisar todos los reportes de investigación y estudios realizados sobre el litio, desde que este fue de interés nacional.
Fue esa la instrucción que desempolvó los trabajos técnicos realizados entre 1979 y 1982.
El registro del 2007, contenido hoy en el Archivo General de la Nación, 17 refiere que un ciudadano ingeniero de nombre Luis Felipe Ayala Soto, de Hermosillo, Sonora, fue el que puso el tema del litio sobre la mesa.
Fue este ciudadano el que mediante una carta ciudadana también propuso al gobierno federal poner más atención en el tema del litio, proponiendo que se considerara a ese metal como la base de generar energía nuclear.
También se alertó sobre la gran importancia mundial que venía sobre este metal, advirtiendo un hecho casi premonitorio: la demanda del litio será creciente.
Bajo esa perspectiva del litio dictada desde la ciudadanía, la clase gobernante en el régimen de Felipe Calderón, con la ambición como motor y la corrupción como dirección, comenzó a zurcir -desde la administración pública- la política institucional heredada de anteriores sexenios, para seguir haciendo del Estado mexicano un comité facilitador de negocios para la clase económica preponderante.
Esa política, la del aparato de gobierno puesto al servicio de unos cuantos empresarios rapaces, nacionales e internacionales, que fue dictada concebida en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, afianzada en el gobierno de Ernesto Zedillo, confirmada con el régimen de Vicente Fox, redefinida en el gobierno de 17 Archivo General de la Nación, Presidencia de la República, Dirección General de Peticiones y Audiencias, Serie 02/1S.3/48700, DFS/DGIPyS/Serie D/Caja AC808/9223, Legajo 5/Expediente 76-7, Ciudad de México 7 de mayo de 2007.
Felipe Calderón, y que se respetó a pie juntillas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es la misma que sirve como directriz a la clase gobernante de la llamada Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador.
Al menos así queda evidenciado con el tema del litio.
Solo para ratificar el sostenimiento de esta tesis, de cómo la clase gobernante actual viene ocultando la existencia de litio, no perdamos de vista lo que sucede en Sonora.
En esa entidad los primeros estudios técnicos, lanzados en busca los yacimientos o depósitos más importantes de ese metal, refieren que desde 1979 se sabe de la existencia de más sitios con posibilidad de ser minas de litio de los que ahora se reconocen por parte del gobierno federal.
Lo anterior es demostrable con lo expuesto en el mapa de Sonora (Anexo Mapa 7), que se levantó en julio de 1980 -por parte del Consejo de Recursos Naturales No Renovables, antecedente del Servicio Geológico Mexicano-, en donde se ubican seis zonas de importancia de rocas pegmatitas con alto contenido de litio.
Por su importancia minera, en el citado mapa se definen claramente los seis polígonos con altos contenidos de litio.
El polígono 1 se ubica en parte de los municipios de Puerto Peñasco y Caborca.
El polígono 2 fue definido dentro del territorio de los municipios de Nogales y Magdalena de Kino.
El polígono 3 fue señalado dentro del municipio de Pitiquito.
El polígono 4, que es uno de los más extensos, comprendía parte de los municipios de Agua Prieta, Esqueda, Fronteras y Nacozari.
El polígono 5 se encontraba señalado en terrenos de los municipios de Aconchi y Baviácora, en tanto que el polígono 6 fue ubicado en parte del territorio que hoy se conoce como la Zona de Reserva Minera de litio, “Li-MX 1”.
Frente a eso baste decir que la mayor parte de esos polígonos reservados ya desaparecieron.
Oficialmente ya no tienen reservas de litio.
Es como si los depósitos de ese metal hubiesen desaparecido en el transcurso de los últimos años, cuando ha ido en aumento la fiebre del litio.
Si atendemos lo que refiere el citado mapa de 1980, que aparece en el anexo con el número 7, una cosa salta a la vista: en el cañón del costado derecho del polígono 4, el que se forma a un lado de la Sierra Madre Occidental, en los límites de Chihuahua, y que corre desde Bavispe hasta Agua Prieta, es evidente –al menos así lo señalan los técnicos que elaboraron esa carta georreferencial- la existencia de depósitos y yacimientos de litio.
La mayor parte de los yacimientos o depósitos de litio marcados en el mapa en ese corredor, se ubican cercanos a la comunidad de La Mora, la misma comunidad Mormona de donde eran vecinas, Rhonita LeBarón, Christina Langford y Dawn Ray Langford.
Pese a la evidencia del mapa elaborado por técnicos del Consejo de Recursos Naturales No Renovables, entorno a la existencia de reservas de litio en Sonora, la versión oficial emitida por la Secretaría de Economía del gobierno federal refiere que no hay un solo gramo de litio en la zona de La Mora.
Los planos y cartas mineras, hechos desde 1980, dicen lo contrario, reconocen la existencia de litio dentro del “Proyecto Pegmatitas”, en las inmediaciones de La Mora.
Es decir, de manera por demás extraña, las reservas de litio que desde hace décadas se reconocían en el subsuelo del corredor de Bavispe a Piedras Negras, pasando por la zona de la comunidad mormona de La Mora, desaparecieron.
