Por. J. Jesús Lemus
La reciente acusación formal y posterior renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha marcado un punto de inflexión, enviando un mensaje claro: el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ya no espera a que los políticos dejen el cargo para actuar.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Rubén Rocha Moya de conspiración para importar narcóticos y nexos directos con Los Chapitos. La acusación sostiene que el gobernador permitió la libre operación del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. El 2 de mayo de 2026, Rocha Moya dejó su cargo en medio del proceso judicial.
Este caso es histórico porque es la primera vez que EE.UU. hace públicas acusaciones de esta magnitud contra un gobernador mexicano en funciones. Por fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos se sabe que son varios los gobernadores en funciones que están mencionados en investigaciones criminales y que podrían ser requeridos por la justicia norteamericana en cualquier momento.
Samuel García, gobernador de Nuevo León, es uno de esos casos. Se sabe que ya ha enfrentado presiones por investigaciones relacionadas con triangulación de recursos. Agencias estadounidenses investigan el origen de fondos vinculados a su círculo cercano. Aunque no hay una acusación formal por narcotráfico, el “lavado de dinero” es la puerta de entrada habitual para las cortes del Distrito Sur de Texas o Nueva York.
También ya exgobernadores mencionados en carpetas de investigación criminal, los que, si bien es cierto, ya no gobiernan, también resulta que son piezas clave para entender la red actual de criminales y políticos.
Entre esos exgobernadores destaca Roberto Sandoval de Nayarit, el que ya fue designado por la OFAC por nexos con el CJNG. Su caso sigue alimentando nuevas investigaciones contra actuales funcionarios de la región.
También se encuentra Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, al que se le mantiene como un objetivo prioritario, por parte de las autoridades de Texas, por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero.
Lo que ahora estamos viendo es un cambio de estrategia de la administración estadounidense. Anteriormente, Washington operaba bajo la “paz diplomática”, esperando a que los sospechosos terminaran su mandato, como ocurrió con Genaro García Luna o Salvador Cienfuegos Zepeda.
El caso de Rocha Moya rompió esa regla. Hoy, la presencia de agentes del DOJ en la frontera y las acusaciones directas contra alcaldes, como el de Culiacán, Juan de Dios Gámez, indican que el “próximo” en la lista podría ser cualquier gobernador donde el dominio de los carteles sea evidente ante los ojos de la inteligencia satelital y financiera de EE.UU.
La soberanía es el argumento de defensa en México, pero en las cortes de Nueva York, el enfoque es la Seguridad Nacional de EE.UU. frente al fentanilo, y eso no distingue colores partidistas.
Entre otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos se sabe que el nombre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda también esta referido en una investigación criminal, lo que se suma a la situación de violencia incontrolable en Guerrero ha puesto su administración bajo escrutinio directo de la DEA.
Investigaciones publicadas sugieren que agencias estadounidenses rastrean la infiltración de grupos como Los Ardillos y La Familia Michoacana en la estructura del gobierno estatal. Estas investigaciones comenzaron tras el asesinato de funcionarios de alto nivel y la parálisis del estado en 2025. Eso ha llevado a que Washington considere a Guerrero como un “estado fallido” bajo control criminal, lo que acelera la recopilación de pruebas contra la cúpula estatal.
Aunque su periodo como gobernador terminó, también se investiga a Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos. Su posición actual como diputado federal y su gestión previa siguen siendo objeto de investigación. Se le vincula con una fotografía, ampliamente difundida, con líderes del crimen organizado. Informes de inteligencia de EE.UU. sugieren que durante su gobierno se facilitó el libre tránsito de células del CJNG.
Con el regreso de una política de “mano dura” desde Washington, el Departamento de Estado ha filtrado que existe una lista de restricciones de visa y congelamiento de activos que afecta a varios mandatarios estatales de Morena.
Entre los funcionarios que se encuentran bajo la lupa de la justicia de Estados Unidos, destacan Indira Vizcaíno de Colima, por el control del puerto de Manzanillo para el trasiego de precursores químicos, la base de las drogas sintéticas.
David Monreal de Zacatecas, está siendo investigado por Estados Unidos por su omisión deliberada ante la expansión territorial del CJNG, en tanto que Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur, se le investiga por uso de la infraestructura estatal para el tráfico de drogas.
La estrategia de EE.UU. en 2026 ha cambiado: ya no hay inmunidad diplomática para los aliados del gobierno central mexicano. El caso de Rocha Moya demuestra que el DOJ está dispuesto a utilizar testimonios de capos capturados, como el de Ismael “El Mayo” Zambada, para sustentar acusaciones contra gobernadores en activo.
El mensaje de Washington es claro: cualquier gobernador que haya pactado con carteles para ganar su elección o mantener la paz en su estado es hoy un objetivo judicial prioritario.
