Por. J. Jesús Lemus
En lo que representa un golpe contundente a la estructura política y financiera del estado de Sinaloa y a la imagen de la Cuatro Te, este viernes se reportó la entrega voluntaria a las autoridades de Estados Unidos de Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Enrique Alfonso Díaz Vega forma parte del mini cártel encabezado por Rubén Rocha, el que -según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos- se coludió con el Cártel de Los Chapitos para facilitarse sus operaciones delictivas, principalmente de trasiego de fentanilo.
Las primeras versiones periodísticas y reportes locales de Sinaloa señalan que Díaz Vega se encontraba de vacaciones en Irlanda cuando se hizo pública la acusación en su contra el pasado 29 de abril.
Desde Europa, el exfuncionario y empresario comenzó a negociar su rendición a través de sus abogados, consumando su entrega formal ante las autoridades norteamericanas, presumiblemente en una sede diplomática en el viejo continente o directamente en el tribunal federal de Nueva York que lleva su causa, según confirmaron fuentes oficiales a medios nacionales.
Con este hecho, Díaz Vega se convierte en el segundo funcionario de alto nivel de Sinaloa en quedar bajo custodia estadounidense en menos de 24 horas, luego de que la misma mañana de este viernes se confirmara el arresto y traslado a Nueva York de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, detenido al cruzar la frontera por Nogales.
Enrique Díaz Vega, quien manejó el presupuesto de Sinaloa entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, fue incluido en un robusto expediente del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La acusación formal abarca delitos de gravedad extrema.
Se le acusa de Conspiración para importar narcóticos, entre ellos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. También se le acusa de posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y de conspiración para poseer dispositivos destructivos.
De ser encontrado culpable, el exencargado de las finanzas sinaloenses podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
La “lista negra” y el papel de intermediario con “Los Chapitos”
De acuerdo con los documentos judiciales desclasificados por el Departamento de Justicia de EE. UU., el rol de Díaz Vega no se limitaba a la gestión financiera. La Fiscalía estadounidense lo señala directamente como el enlace clave entre el crimen organizado y el poder político.
Según la acusación de la fiscalía norteamericana, previo a las elecciones estatales de junio de 2021, Díaz Vega y el gobernador Rubén Rocha Moya se habrían reunido secretamente con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
En dicha reunión, Díaz Vega presuntamente entregó una lista con los nombres y direcciones de los oponentes políticos de Rocha Moya. Con esta información, sicarios del cártel amedrentaron y obligaron a los contrincantes a bajarse de la contienda, además de robar urnas el día de la elección para asegurar el triunfo electoral.
Asimismo, las investigaciones apuntan a que Díaz Vega, en complicidad con el senador Enrique Inzunza, operó para colocar a perfiles afines o corruptos en posiciones estratégicas del gobierno de Sinaloa con el objetivo de blindar las operaciones de tráfico de drogas y facilitar información de inteligencia militar y policial al cártel.
A la par de las acusaciones por narcotráfico, el entorno financiero de Díaz Vega ya estaba bajo escrutinio. Reportes periodísticos recientes revelaron que una de sus empresas dedicadas al sector agrícola, Olympo Farms -creada con un capital mínimo de 500 pesos, pasó de no registrar actividad a exportar más de 5.7 millones de dólares en chiles hacia EE. UU. justamente durante el periodo en que él se desempeñaba como Secretario de Finanzas del estado, lo que ha levantado alertas por presunto lavado de dinero y conflicto de interés.
La entrega de Díaz Vega y la detención del exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, cierran la pinza judicial en Nueva York sobre la administración de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo de gobernador el pasado 2 de mayo tras revelarse que él y otros ocho funcionarios del estado están formalmente acusados en la misma red de protección institucional al narcotráfico.
Hasta el momento, ni la Cancillería mexicana ni el Departamento de Justicia de EE. UU. han emitido un comunicado conjunto con los detalles logísticos del traslado de Díaz Vega hacia la corte de Brooklyn, donde se espera su primera comparecencia ante un juez federal.
