Por. J. Jesús Lemus
Se ha confirmado un terremoto político y judicial que sacude las estructuras de seguridad en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la gestión del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fue detenido en el estado de Arizona tras cruzar la frontera desde Hermosillo.
Fuentes judiciales de Estados Unidos pudieron confirmar a Cenzontle400 que el exmando militar se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo, cuando se entregó en la aduana, apenas una semana después de que un juez federal en México le otorgara un amparo para frenar su captura y extradición.
El General Mérida Sánchez ya fue trasladado bajo un estricto operativo de seguridad al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde la Fiscalía del Distrito Sur formalizó una severa acusación en su contra por delitos graves.
Los ilícitos acusados al General Mérida Sánchez, son: conspiración para importar narcóticos, específicamente fentanilo hacia Estados Unidos. Posesión y conspiración para el uso de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y facilitación de operaciones y blindaje al Cártel de Sinaloa, de la fracción de “Los Chapitos”, alertándolos sobre redadas y operativos.
De ser hallado culpable en la misma jurisdicción que procesa a los grandes capos, el general retirado enfrentaría una pena que va desde los 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Rechazo y Reclamación de Repatriación
La reacción desde Palacio Nacional no se ha hecho esperar, abriendo un nuevo e intenso frente de fricción diplomática con la administración de Donald Trump en Washington.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme, insistiendo en que las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. contra los exfuncionarios sinaloenses de la llamada “Mafia de Rocha Moya” carecen de “pruebas contundentes” y forman parte de una narrativa de injerencia.
El Gobierno de México, a través de los canales institucionales y el Gabinete de Seguridad, sostiene que cualquier delito cometido por ciudadanos o militares mexicanos en territorio nacional debe ser investigado y juzgado bajo las leyes de México.
La diplomacia mexicana evalúa activar los mecanismos y tratados de asistencia jurídica para demandar la repatriación del general, argumentando que se vulneró el debido proceso y la soberanía jurisdiccional al procesar en cortes extranjeras delitos presuntamente cometidos en suelo mexicano.
Para el gobierno mexicano, el hecho de que un general de brigada retirado sea enjuiciado en Nueva York debilita la imagen de las fuerzas armadas y vulnera la soberanía. El reclamo apunta a que Mérida Sánchez responda ante los tribunales locales, donde ya existían recursos legales en curso.
El arresto de Mérida ocurre en un momento de máxima tensión. Mientras en Washington el presidente Donald Trump presiona con una retórica agresiva, afirmando que los cárteles controlan sectores institucionales, en México el blindaje de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la red de Rocha Moya demuestra que el agua ha llegado al cuello de la política sinaloense.
El general ya se declaró “no culpable” en su primera audiencia en Nueva York. Sin embargo, en los pasillos de la política mexicana el temor es evidente: una entrega voluntaria en Arizona suele ser el preámbulo de un acuerdo para convertirse en testigo colaborador, lo que podría destapar una cloaca de implicaciones inimaginables para el mapa político de México.
