Por. J. Jesús Lemus
La narrativa de la “falta de pruebas sólidas” esgrimida por la presidenta Claudia Sheinbaum para no ejecutar ordenes de aprehensión frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de narcotráfico contra la cúpula política de Sinaloa acaba de sufrir un impacto de flotación definitivo.
La entrega voluntaria ante la justicia estadounidense de piezas clave de la administración sinaloense —incluyendo el reciente movimiento del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y previamente el del General Mérida— no solo acelera el cerco judicial sobre el exgobernador Rubén Rocha Moya, también derriba la narrativa de la presidente Sheinbaum.
La presidente de México que se negaba a emitir órdenes de captura contra los diez narcos encabezados por Rubén Rocha, se quedó sin sustento tras la entrega voluntaria al gobierno de Estados Unidos del senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez, también formalmente acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspiración para el narcotráfico y sobornos.
El Senador Inzunza ya se encuentra preso en una cárcel de Nueva York, a la espera de poder negociar un acuerdo de culpabilidad, a fin de que se le permita considerarlo como testigo protegido contra Rubén Rocha Moya, el ex gobernador de Sinaloa y cabeza del cartel del gobierno estatal de Sinaloa que apoyó al Cártel de Los Chapitos
Cuando a finales de abril de 2026 el Departamento de Justicia de EE. UU. destapó una acusación formal contra diez altos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente recibir millones de dólares de “Los Chapitos” a cambio de impunidad y control electoral, la respuesta desde el Ejecutivo federal y la Cancillería mexicana fue monolítica: exigir “pruebas sólidas” y acusar una violación a los canales diplomáticos de confidencialidad. El propio senador Enrique Inzunza calificó los señalamientos de “infamia” y “falsedades dolosas”, argumentando una supuesta revancha por “defender la soberanía”.
Sin embargo, en el ajedrez judicial, la política de la negación topó con la cruda realidad procesal. El desfile de excolaboradores que han cruzado la frontera para entregarse por cuenta propia y negociar el estatus de testigos protegidos dinamitó cualquier estrategia de defensa corporativa del partido oficialista.
La línea discursiva de la presidenta Sheinbaum pretendía frenar el costo político exigiendo carpetas de investigación robustas antes de proceder con detenciones locales con fines de extradición. No obstante, en el derecho procesal estadounidense, el escenario cambió de raíz.
La entrega voluntaria de tres de los implicados desactiva el argumento de la “persecución política exterior”. Al entregarse y aceptar los cargos con la intención de convertirse en testigos colaboradores, los propios exfuncionarios convalidan la existencia de la conspiración descrita por Nueva York.
Al declararse culpables y detallar cómo funcionaba la estructura criminal dentro del Gobierno de Sinaloa —como la entrega de datos de opositores políticos a los líderes del cártel para obligarlos a retirarse en las elecciones de 2021—, sus testimonios se convierten legalmente en la prueba viva que el gobierno mexicano declaraba inexistente.
Como exsecretario General de Gobierno de Rubén Rocha Moya y actual senador, Inzunza queda expuesto. Las confesiones de sus excompañeros de gabinete operan directamente en su contra, describiendo los acuerdos institucionales que presuntamente él coordinaba.
Con Rubén Rocha Moya fuera de su cargo y el aparato judicial de Estados Unidos recolectando declaraciones juradas de los propios operadores financieros y de seguridad de la entidad, el blindaje político en México se resquebraja.
La Fiscalía estadounidense no necesita buscar pruebas exógenas; las pruebas se están sentando voluntariamente en el banquillo de los testigos. Para Palacio Nacional, el margen de maniobra se reduce drásticamente: mantener la defensa de figuras como Inzunza bajo el argumento de “falta de elementos” ya no implica confrontar un reporte de una agencia extranjera, sino contradecir las confesiones explícitas de los mismos morenistas sinaloenses que operaron el sistema.
