Por. J. Jesús Lemus
A seis meses del trágico asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 2 de noviembre de 2025 en la plaza principal de la ciudad, la investigación criminal ha entrado en un cuello de botella político y legal. El epicentro de la disputa actual no está en las calles, sino en un objeto específico: el teléfono celular personal del fallecido exedil.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán mantiene una abierta confrontación de estira y afloja con la viuda de Manzo y actual alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, quien se ha negado a entregar el dispositivo a las autoridades de la forma tradicional, desatando un vendaval de especulaciones políticas.
El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el aparato ha sido requerido formalmente a la familia de Carlos Manzo, concretamente a la viuda Grecia Qiuiroz, en varias ocasiones desde finales del año pasado. Sin embargo, no ha podido ser integrado a las líneas de investigación debido a dos razones principales dadas por la alcaldesa sustituta.
De acuerdo con los testimonios que la alcaldesa Grecia Quiroz dio a la FGE, su marido y víctima de homicidio, el fundador del Movimiento del Sombrero fue sumamente enfático en vida al pedir que su teléfono celular nunca quedara bajo el resguardo o la posesión de ninguna otra persona.
Grecia Quiroz ha aclarado públicamente que no busca obstruir la justicia, pero se niega rotundamente a “soltar” el dispositivo de manera incondicional. Su condición es inamovible: la revisión debe hacerse frente a ella. Quiroz argumenta que, debido a que la FGE no ha sido depurada al 100%, existe un riesgo latente de que el personal de la institución “le borre o le siembre” evidencias.
Legalmente, al haber quedado el teléfono inicialmente como una pertenencia personal entregada a la familia y no como un indicio embalado en la escena del crimen, la FGE ha tenido que depender de la voluntad de la viuda para no recurrir a un mandato judicial coercitivo.
¿Qué se supone que contiene el teléfono?
Los investigadores y analistas políticos coinciden en que el dispositivo es una mina de oro informativa para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, principalmente por dos vertientes que pesan dentro de la investigación:
- La Fiscalía sospecha que el círculo interno del edil estaba comprometido. Tienen indicios de que alguien cercano filtraba información en tiempo real a los sicarios el día del atentado. El teléfono podría revelar quiénes tenían acceso a su agenda inmediata, así como las amenazas de muerte previas que Manzo habría recibido y que posiblemente decidió documentar o guardar de forma privada.
- Al tratarse de un perfil profundamente disruptivo y confrontativo con las estructuras tradicionales del estado, se presume que las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Signal, albergan registros de presiones de grupos fácticos, intentos de extorsión, negociaciones con diversos actores políticos de la región, y posibles relaciones con grupos criminales antagonistas a los que decidieron su muerte.
La negativa de entregar el teléfono ha generado una enorme presión y críticas por parte de los partidos de oposición a la alcaldesa Grecia Quiroz, (Morena, PRI y PRD), quienes exigen transparencia. El entramado político inevitablemente salpica la esfera del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, porque el teléfono podría tener mayor evidencia que implique al gobernador en el entramado del asesinato.
Hay que recordad que tras el asesinato, el propio gobernador Bedolla reconoció públicamente que mantenía una comunicación constante y directa con Carlos Manzo. Incluso mencionó que se llamaban de manera personal y sostenían reuniones frecuentes. La extracción de los mensajes y llamadas del teléfono de Manzo expondrá el verdadero tono de la relación entre el Ejecutivo estatal y el alcalde independiente, revelando si existían fricciones, advertencias desoídas o promesas de seguridad no cumplidas.
Sectores de la oposición y del propio entorno del movimiento independiente sugieren que la reticencia de Grecia Quiroz a entregar el celular a una Fiscalía controlada indirectamente por el estado obedece al temor de que se encubran nexos de funcionarios estatales o que se “limpien” evidencias incómodas para el gobierno de Ramírez Bedolla.
Si el análisis del celular llegara a concretarse bajo la estricta lupa de la viuda —o si esta decidiera acudir a instancias federales como la FGR o el FBI, con quienes ya ha habido acercamientos por parte de diputados aliados—, cualquier chat o registro que demuestre que el gobierno del estado estaba enterado del peligro inminente que corría Manzo y no actuó, colocaría a la administración de Ramírez Bedolla en una severa crisis de responsabilidad política por omisión.
El celular de Carlos Manzo se mantiene, hasta el momento, como la caja negra de un crimen que sacudió a Michoacán. Se trata un dispositivo que contiene los secretos de sus últimas horas y, potencialmente, los nombres de quienes operaron su caída desde las sombras.
