Por. J. Jesús Lemus
En el complejo tablero político michoacano, una de las tramas más tensas combina la violencia criminal con la pugna por la gubernatura rumbo a 2027. La acusación que vincula al senador de Morena, Raúl Morón Orozco, en una presunta línea política e intelectual detrás del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha sacudido las estructuras de la llamada Cuarta Transformación en el estado.
El homicidio de Carlos Manzo —ocurrido en noviembre de 2025— desató una ola de señalamientos. Aunque las investigaciones federales y estatales apuntan a que la ejecución material fue perpetrada por una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la colusión de policías municipales que fungían como escoltas, la familia de la víctima ha insistido en una autoría intelectual de corte político.
En febrero de 2026, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la viuda de Manzo, se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar formalmente a tres figuras clave de Morena: el diputado Leonel Godoy, el exalcalde Ignacio Campos y el senador Raúl Morón.
La denuncia se fundamenta en las transmisiones en vivo, “las nochecitas”, y pronunciamientos públicos que Carlos Manzo hizo en vida. En esos videos, el exedil acusaba de manera directa a Morón y a Godoy de operar en su contra y de tener supuestos vínculos con intereses criminales en la región. Para la parte acusadora, hubo un complot político para “frenar” el crecimiento de Manzo, quien se proyectaba como un fuerte contendiente a la gubernatura de Michoacán
El senador Moron ha rechazado tajantemente las acusaciones en múltiples comparecencias ante los medios. Morón asegura tener “las manos limpias” y argumenta que sus diferencias con Manzo fueron estrictamente políticas e ideológicas, propias de la dinámica interna del estado. Afirma que no ha sido requerido formalmente por la Fiscalía, pero se dice tranquilo y dispuesto a cooperar para que no se utilice el caso con fines electorales.
Raúl Morón no ha ocultado su intención de buscar nuevamente la candidatura de Morena para el gobierno de Michoacán en el próximo ciclo electoral. Sin embargo, este escándalo altera significativamente sus posibilidades bajo tres vertientes principales:
A. Desgaste en la “Guerra de Negativos”
Aunque penalmente la Fiscalía de Michoacán (encabezada por Carlos Torres Piña) se encuentra en una etapa de verificación de los videos de Manzo antes de emitir citatorios, el daño reputacional ya está en marcha. En política, la percepción suele pesar tanto como la realidad. La constante vinculación de su nombre con las palabras “complot”, “asesinato” y “narcopolítica” (término usado por la oposición) eleva sus niveles de opinión negativa en las encuestas, un factor crítico que la dirigencia nacional de Morena evalúa meticulosamente antes de otorgar una candidatura.
B. El filtro interno de Morena: La sombra de la “Duda”
Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido ha intentado cuidar al extremo las postulaciones en estados con alta incidencia delictiva para evitar filtraciones criminales o escándalos mayúsculos. Si la Fiscalía estatal decide llamar a declarar formalmente a Morón —aunque sea en calidad de testigo—, la cúpula nacional de Morena podría considerar que su perfil es “demasiado vulnerable” o “incómodo” para la contienda de 2027, abriendo la puerta a perfiles sustitutos menos desgastados por la coyuntura de Uruapan.
C. Polarización y ruptura interna en Michoacán
El caso Manzo ha fracturado el panorama local. Por un lado, los simpatizantes del fallecido exalcalde mantienen una base social activa en Uruapan que ve a Morón con abierta hostilidad. Por el otro, los bloques afines a Morón y Leonel Godoy acusan que la denuncia es una estrategia “electorera” y de golpeteo político financiada por detractores para descarrilar sus proyectos de nación. Esta división interna debilita la estructura de unidad que Morena necesita para retener el estado de forma holgada.
El “caso Manzo” es un lastre de alta densidad política para Raúl Morón. Aunque hasta el momento las detenciones clave del caso pertenecen al ámbito del crimen organizado, la presión judicial y mediática ejercida por la alcaldesa Grecia Quiroz obliga al senador a litigar su inocencia no solo en los tribunales, sino en la opinión pública.
Si el legislador logra que la Fiscalía descarte por completo la línea de investigación política antes de que inicie el proceso electoral formal, sus aspiraciones seguirán vivas; de lo contrario, el costo político de esta acusación podría ser el factor decisivo que lo deje fuera de la boleta para la gubernatura de Michoacán.
