Por. J. Jesús Lemus
La arena política y legislativa mexicana enfrenta un fuerte sacudimiento institucional. El senador sinaloense por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación de una acusación formal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La fiscalía de Nueva York lo señala, junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios estatales, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, y de usar sus cargos públicos para brindar protección institucional al crimen y a la delincuencia organizada.
Tras conocerse el encauzamiento en EE.UU., el senador Inzunza ha acumulado importantes inasistencias en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
A través de sus redes sociales, el propio legislador justificó su ausencia argumentando que no asistiría al recinto para evitar darles a “personeros de la derecha conservadora” la oportunidad de convertir las sesiones en un “espectáculo indigno”.
Inzunza ha asegurado públicamente que se encuentra en Sinaloa, “a ras de suelo”, que no ha buscado un acuerdo de rendición con las autoridades estadounidenses y que él mismo asumirá su propia defensa legal, calificando las acusaciones como “falsas, dolosas” y un ataque contra la llamada Cuarta Transformación.
Sin embargo, en el plano legislativo, el vacío de su escaño ha avivado las presiones de los partidos de oposición, como PRI y Movimiento Ciudadano, quienes exigen acciones inmediatas.
Con un proceso abierto en el extranjero y la presión política escalando en México, el camino del senador se divide en cuatro escenarios principales, regulados por el marco constitucional mexicano:
1. El Juicio de Procedencia (Desafuero)
Al ser un legislador federal en funciones, Inzunza goza de inmunidad procesal, figura conocida popularmente como fuero. Si la Fiscalía General de la República (FGR) decide abrir una carpeta de investigación formal en México, ya sea por cuenta propia o derivado de la cooperación internacional con EE.UU., y pretende ejercer acción penal contra él, debe solicitar a la Cámara de Diputados un Juicio de Procedencia.
La Sección Instructora de San Lázaro tendría que dictaminar si se le retira el fuero para que pueda ser juzgado por tribunales civiles. Al tener Morena y sus aliados el control del Congreso, esta ruta dependerá enteramente de la línea política que decida adoptar la dirigencia de su partido frente a la gravedad del caso.
2. La Licencia o Renuncia al Cargo
A diferencia de otros funcionarios señalados en el mismo esquema, Inzunza no ha solicitado licencia ni ha renunciado a su escaño. Técnicamente, los legisladores no pueden “renunciar” de manera definitiva a un cargo de elección popular, este es irrenunciable según la Constitución, salvo causa grave, pero sí pueden solicitar una licencia por tiempo indefinido.
Si la presión interna de Estados Unidos, de Palacio Nacional o del partido se vuelve insostenible para cuidar la narrativa de limpieza institucional, se le podría obligar a separarse del cargo, dejando el escaño en manos de su suplente y perdiendo automáticamente la inmunidad judicial.
3. Convertirse en Prófugo de la Justicia
Este escenario se activaría bajo condiciones muy específicas. Si la justicia mexicana llegara a desaforarlo o si la FGR emitiera una orden de aprehensión en un momento donde él decida no presentarse ante los tribunales, pasaría formalmente a la clandestinidad.
De igual forma, al existir una acusación en EE.UU., si este país emite una orden de captura internacional -ficha roja de Interpol- y el senador decide evadir los canales institucionales de extradición ocultándose de las autoridades, el estatus fáctico y legal sería el de un prófugo.
4. La Defensa desde el Escaño
Es la ruta que el senador parece estar ejecutando en este momento. Consiste en mantener su investidura como escudo legal mientras no exista un proceso de desafuero en México. Inzunza ha manifestado que no tiene por qué esconderse, pero su ausencia física en el Senado y su repliegue a Sinaloa demuestran que busca aminorar el costo político del debate parlamentario cara a cara, apostando a que el bloque oficialista contenga los embates de la oposición en la Comisión Permanente.
El caso de Enrique Inzunza coloca al Poder Legislativo en una encrucijada. Mientras el senador resiste cobijado por el fuero parlamentario y alega inocencia desde su estado natal, el reloj político avanza.
El desenlace no será puramente jurídico, dependerá de si el Gobierno Federal decide mantener la defensa de sus cuadros sinaloenses o si opta por abrir la puerta al desafuero para evitar un costo mayor en la relación bilateral con los Estados Unidos.
