Jorge Luis Llaven Abarca vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un vídeo que muestra presuntos abusos de agentes ministeriales. No es la primera vez. Organismos de derechos humanos acumulan décadas de señalamientos contra corporaciones que han estado bajo su mando.
Belasko Journaliste
El vídeo llegó como llegan todas las evidencias incómodas en México: por WhatsApp. Primero a un grupo, luego a otro, hasta hacerse viral. En las imágenes, dos hombres sometidos, bolsas de plástico sobre sus rostros, mientras varios agentes armados —presuntamente de la Agencia Ministerial de Investigación (AMI)— los insultan, los golpean y, en un gesto que tal vez sea lo más perturbador, se ríen. La escena transcurre con una naturalidad que duele.
Otra vez Chiapas. Otra vez el nombre del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, flotando sobre el horror.
Porque el problema, para quienes llevan años siguiendo el rastro de las denuncias, no es solo ese vídeo. Es todo lo que vino antes.
Llaven Abarca no es un improvisado en el aparato de seguridad chiapaneco. Ha ocupado puestos clave durante más de una década. Fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal entre 2012 y 2018. En esos años, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentaron decenas de casos de detenciones arbitrarias, represión a manifestaciones y, sobre todo, tortura. La mayoría, denunciaron entonces, quedó en la impunidad.
Incluso existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vinculada a hechos ocurridos a principios de los años 2000, cuando Llaven comenzaba su carrera en los escalafones de la seguridad estatal.
“No es un problema de un par de agentes descontrolados. Es un problema de mando, de cultura institucional y de ausencia de controles reales”, resume un activista que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias.
La coreografía de la violencia en la campaña “Cero Impunidad”
Lo que hace diferente a este último vídeo no es la brutalidad —lamentablemente, ya vista— sino el ambiente. Los agentes no actúan como quien sabe que está haciendo algo prohibido. Actúan como quien sabe que no pasará nada. Las burlas, las órdenes a gritos, la forma en que colocan las bolsas en las cabezas de las víctimas: todo parece ensayado, autorizado por una normalidad tóxica que lleva años incubándose.
Tras la difusión de las imágenes, el propio Llaven Abarca anunció una investigación interna. El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, exigió una indagatoria inmediata y recordó, casi como un manual de buenas intenciones, que incluso los presuntos delincuentes tienen derechos humanos.
Pero en las calles de Tuxtla, en las comunidades indígenas de la zona Altos, en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, ese discurso choca contra una realidad de cemento: los vídeos anteriores nunca llevaron a nadie a prisión.
El otro fiscal: café, selfies y posicionamiento
Mientras las denuncias se acumulan, Llaven Abarca ha intensificado una actividad paralela. Desde hace meses promociona en redes sociales el formato “Un Café con el Fiscal”, encuentros amables, transmitidos en vivo, donde escucha —o aparenta escuchar— las quejas ciudadanas. Las fotografías lo muestran sonriente, rodeado de vecinos, en actitud casi pastoral.
No es el único. El magistrado presidente del Poder Judicial estatal, Juan Carlos Moreno Guillén, impulsa bajo el lema “Acercando la Justicia al Pueblo” una gira de eventos similares. Ambos son figuras públicas visibles. Ambos construyen, semana a semana, una narrativa de cercanía.
Y ambos, según coinciden analistas políticos consultados por este medio , aparecen en todas las quinielas como posibles candidatos a la gubernatura en el próximo proceso electoral, aunque aún falten más de dos años para que se abra formalmente la contienda.
“Lo que estamos viendo no es acercamiento institucional. Es precampaña encubierta. Y lo grave es que se hace desde dos poderes del Estado —Fiscalía y Judicatura— que deberían ser autónomos, no trampolines políticos”, advierte un investigador de procesos electorales que prefiere reservar su nombre.
Hay un riesgo de mezclar seguridad y política, El problema de fondo, sin embargo, no es solo electoral. Es más grave. Mientras las figuras públicas del gobierno estatal fortalecen su imagen personal, las corporaciones de seguridad operan en un vacío de rendición de cuentas. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, creada para zonas indígenas y de alta conflictividad, ha sido señalada en repetidas ocasiones por abusos contra comunidades rurales. Denunciar formalmente sigue siendo un acto de valentía, no un derecho garantizado.
“Darle más armamento, más recursos y más poder a una policía sin controles efectivos es peligroso. Y más cuando el jefe de los fiscales ya está pensando más en su foto que en las carpetas de investigación”, dice un defensor de derechos humanos que ha acompañado a víctimas de tortura en los últimos años.
La contradicción es evidente y difícil de esconder. El mismo gobierno que proclama “cero impunidad” produce vídeos que parecen sacados de una cámara de tortura. El mismo fiscal que ordena investigar los abusos aparece la semana siguiente en un café saludando a la ciudadanía como si nada hubiera pasado.
Lo que espera la ciudadanía
La pregunta que recorre hoy Chiapas es incómoda y necesaria: ¿existe realmente control interno sobre las corporaciones de seguridad? Porque cuando hombres armados torturan mientras sus compañeros se ríen, el problema deja de ser individual. Es institucional. Es sistémico.
Los chiapanecos esperan algo más que discursos de cercanía y transmisiones en vivo. Exigen investigaciones reales, responsabilidades visibles y consecuencias penales. Para todos los involucrados. Para los agentes que ejecutan la tortura y para los mandos que, con su silencio o su negligencia, la han permitido durante años.
Porque cuando la tortura se vuelve espectáculo, lo que queda exhibido no es solo a un grupo de policías. “Es a todo un sistema que aún no decide si quiere ser democrático o seguir siendo feudal.”
