Por. J. Jesús Lemus
La falta de agua potable, entre casi una tercera parte de los habitantes de Tequila, es reconocida por el propio gobierno estatal de Jalisco a través de su Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), el que reveló que el 34.2 por ciento de las viviendas habitadas de ese municipio no contaban con agua potable entubada; sólo en la comunidad de El Salvador, una de las más marginadas de esa municipalidad, donde viven 3 mil 500 personas en 875 viviendas, registra 283 viviendas que carecen del servicio de agua potable.
La falta de agua para los habitantes de la localidad de El Salvador no se entiende, pues el gobierno municipal cuenta con una concesión que le permite operar un pozo que genera 140 mil 651 metros cúbicos de agua al año, los que no solo son suficientes para atender las necesidades de los 3 mil 500 pobladores de ese lugar, sino que serían adecuados para cubrir las necesidades básicas de una población de hasta casi 5 mil habitantes. Pero no es así.
Esto solo se entiende de una forma: la administración municipal de Tequila ha permitido que las empresas tequileras –mediante evidentes actos de corrupción- se conecten al sistema de suministro oficial de agua potable, y así obtienen el agua necesaria para su producción industrial, evadiendo los permisos oficiales de perforación de pozos y concesión de agua que solo otorga la federación.
Lo anterior queda expuesto con los propios datos del REPDA, que refieren que las destiladoras que operan en el municipio de Tequila, cuentan con permisos para descargar aguas residuales por la cantidad de 3 millones 264 mil 195 metros cúbicos de agua al año, pero solo extraen de manera oficial la cantidad de Un millón 842 mil 721 metros cúbicos de agua al año.
El caso se expone claramente con la empresa Tequila Orendain S.A de C.V., la que tiene un permiso de extracción de agua por el orden de los 24 mil metros cúbicos al año, pero genera descargas de aguas residuales por la cantidad de 53 mil 665 metros cúbicos de agua en un solo año, es decir, por los ductos del drenaje de esta tequilera sale más del doble del agua que ingresa.
La firma Casa Cuervo S.A de C.V, cuenta con un permiso ante el REPDA para desaguar 255 mil 500 metros cúbicos de aguas negras cada año, pero en los listado de la CNA no aparece ninguna concesión para la extracción de agua a nombre de la empresa; caso similar es el de Destiladora Azteca del Jalisco S.A. de C.V., la que cuenta con permisos para generar aguas negras por el orden de los 156 mil 185 metros cúbicos, pero tampoco registra ninguna concesión que le garantice de manera lógica el suministro de agua para generar tales volumen de aguas de desecho.
El mismo caso se repite con la Destiladora González Gonzalez S.A. de C.V., la que solo cuenta con un permiso para generar descargas por el orden de los 25 mil 550 metros cúbicos de agua al año, pero no cuenta con ningún permiso de extracción de agua a su nombre, lo que hace presumir que el abasto que recibe de agua esta tequilera proviene del sistema municipal.
Entre otras de las industrias tequileras que están chupando desmedidamente el suelo de la zona de Tequila, y que contribuyen al agotamiento de los mantos freáticos de la zona hídrica de Guadalajara, se encuentran la Destiladora del Valle de Tequila S.A. de C.V., que saca 150 mil metros cúbicos de agua al año; Destiladora Rubio S.A. de C.V., que extrae 173 mil metros cúbicos por año, mientras que entre la Destiladora Leyros S.A. de C.V., Fabrica de Tequilas Finos S.A. de C.V., FTPSA S.A. de C.V., La Cofradía S.A. de C.V., Promoción y Fomento del Agave S. de R.L. de C.V., Tequila Sauza S. de R.L. de C.V., Tequila Viuda de Romero S.A. de C.V., La Tequileña S.A. de C.V., y Tierra de Agave S. de R.L. de C.V., generan una extracción anual de Un Millón 860 mil 521 metros cúbicos de agua al año.
La única forma que se observa de garantizar la permanencia de la planta industrial que mantiene la economía de la zona conurbada de Guadalajara, es mediante el trasvase de agua potable desde otras cuencas; la que venía atendiendo gran parte de esas necesidades, la del rio Santiago, se encuentra sobreexplotada y sobrecontaminada, como resultado también del uso desmedido de la misma planta industrial que se ubica en los municipios de Tlajomulco, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán,
Por eso la importancia que le ha dado el gobierno federal a un proyecto de tamaño del de La Presa El Zapotillo, pues este garantiza, mediante el trasvase del agua del Rio Verde a la zona urbana de León, la subsistencia económica de miles de empresas trasnacionales que han llegado a nuestro país amparadas por el TLC.
Según los datos oficiales de la CNA, para la construcción de la Presa El Zapotillo la mayor inversión proviene de los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, los que aportarán finalmente el 56.6 por ciento de los 13 mil 578 millones de pesos que costará la obra, el gobierno federal aportará el 21.9 por ciento, y las empresas que tendrán el dominio del agua invertirán el 21.5 por ciento de los gastos totales; sólo las empresas que serán dueñas del agua tendrán la posibilidad de recuperar su inversión, una vez que el líquido pueda ser comercializada. El gobierno hace sus aportaciones a fondo perdido.
Mientras, los vecinos de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, siguen peleando contra el monstruo de la privatización del agua, y ya no lo hacen por mantener el dominio del vital líquido, sino para preservar su suelo y sus viviendas, pues desde hace 3 años inició un silencioso desplazamiento como resultado de la política del gobierno estatal de convencimiento, mediante el dialogo.
Sumado a lo anterior, en la zona del proyecto de la represa ha comenzado a surgir un fenómeno: la delincuencia organizada ya se hizo presente. Apenas concluyeron los trabajos de construcción de la represa, los delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión y homicidio, comenzaron a golpear a los vecinos, lo que ha hecho que muchas de las familias que han comenzado el desplazamiento lo hagan motivadas por su propia seguridad más que por ceder a la petición oficial para dar paso al proyecto hídrico.
Los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) del gobierno federal revelan que en los últimos cinco años, periodo en que ha estado en apogeo la disputa por suspender o permitir las obras de la Presa El Zapotillo, se han comenzado a presentar aquí delitos que antes no figuraban; ya se han registrado 11 casos de extorsión, tres secuestros y 16 homicidios, en donde las víctimas y sus familias o familiares de estas optaron por el desplazamiento.
A lo anterior se suma la persecución oficial que la Fiscalía General del Estado ha comenzado a realizar, al girar órdenes de aprehensión en contra de algunos integrantes del movimiento de defensa del agua y del territorio, los que se han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia por actos inminentemente de movilización social.
Actualmente son tres los activistas que cuentan con carpetas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado; a María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, se les acusa obstrucción a las vías generales de comunicación y daños en propiedad privada, luego que en un acto de resistencia impidieron el acceso de camiones de carga que estaban sustrayendo arena del Rio Verde como parte del permiso con el que cuenta el empresario Francisco Javier Gutiérrez Rojo, en clara afectación al entorno del acuífero.
Los tres activistas ya han sido detenidos por fuerzas policiales del estado de Jalisco, y a quienes no se les han suspendidos las carpetas de investigación, también forman parte del colectivo Comité Salvemos Temaca, cuyos integrantes han denunciado en forma insisten las diversas “acciones oficiales” que siguen encarando contra el gobierno estatal de Jalisco para ser obligados a recular en su lucha contra el Proyecto Presa El Zapotillo.
Según lo han denunciado algunos de los integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el gobierno estatal de Jalisco ha sido el responsable de la ejecución de los desalojos forzados, los que se considera que entran la clasificación de “despojo de la propiedad”, cometidos contra los pobladores que se niegan a dejar sus viviendas, para dar paso al proyecto.
La reubicación de los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo no ha sido aceptada plenamente porque el gobierno estatal de Jalisco pretende reubicar a los vecinos afectados en predios que ni siquiera cuentan con servicios básicos, además de que son terrenos irregulares que no les garantiza la legítima propiedad, a través de una debida escrituración.
De acuerdo con la versión de María González, integrante del IMDEC, el gobierno estatal de Jalisco pretende que los vecinos de las comunidades de Temacapulín y Palmarejo sean reubicados en un predio de la comunidad de Talicoyunque, dentro del municipio de Cañadas de Obregón, el que no cuenta con servicios de agua potable, drenaje, transporte público, ni servicios de salud.
Lo mismo se pretende con los vecinos de Acasico, los que han recibido la oferta para reubicar su domicilio en un predio denominado Nuevo Acasico, también dentro del municipio de Cañadas de Obregón, en donde sumado a la falta de servicios básicos, se enfrenta el problema de que el predio es una zona irregular, que ni siquiera registra un nombre oficial para la escrituración.
El proyecto de la Presa El Zapotillo, contempla el uso de un volumen anual de agua por el orden de los 504 mil 576 millones de metros cúbicos, de los que –dice la CNA- 119 mil 837 millones de metros cúbicos se destinaran al suministro de asentamientos urbanos en León, Guanajuato, pero en realidad irá a la planta industrial de esa región, mientras que 384 mil 739 millones de metros cúbicos se suministrarán a poblaciones de Jalisco, pero se destinará a la planta de la industria agroalimentaria de la zona de Los Altos y a la planta industrial del área conurbada de Guadalajara.
Los desorbitados volúmenes de agua que el gobierno federal pretende arrebatar a los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco, no representan ninguna novedad en la mal diseñada política de distribución de agua, pues aun antes del Proyecto Presa El Zapotillo, el agua de esa región ya beneficiaba más a las empresas, antes que a la población; mientras que a los habitantes de los tres poblados se les otorga a la fecha un volumen de 67 mil 106 metros cúbicos de agua al año, a las empresas, principalmente agroalimentarias, se les beneficia con 374 mil 750 metros cúbicos por año.
Solo la empresa Agropecuaria El Chaparral S.A. de C.V., según los datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), cuenta con tres concesiones que le garantizan un abasto de 129 mil 340 metros cúbicos de agua al año, la empresa Gena Agropecuaria S.P.R. de R.L. se beneficia con dos concesiones que amparan 350 mil metros cúbicos al año, la firma Pozo El Rancho Barreras S.C. de R.L., sustrae 19 mil 275 metros cúbicos, en tanto que la Productora de Leche Jaral S.P.R. de R.L., se ve beneficiada con 5 mil 475 metros cúbicos.
El agua concesionada a las empresas agroalimentarias de la zona de Temacapulín es casi igual al volumen que se utiliza por parte de la Minera Autlán S.A.B de C.V. para el refinamiento de metales industriales de dos minas que opera en Hidalgo, una en Puebla y otra en Oaxaca, donde las concesiones federales le otorgan en suma 377 mil metros cúbicos de agua al año.
Frente a estas cifras resalta el volumen de agua que la federación a jalones ha concesionado al municipio de Cañadas de Ocampo para que medio atienda el abasto de la población de las tres localidades que se mantienen en pie de lucha contra el Proyecto Presa El Zapotillo, en donde Temacapulín solo cuenta con 33 mil 709 metros cúbicos de agua al año, Acasico recibe 22 mil 169 metros cúbicos y Palmarejo solo 11 mil 498, cuyo suministro no alcanza a llegar al 11 por ciento de los habitantes.
