Por. J. Jesús Lemus
La más clara evidencia de que el Senador de Morena Enrique Inzunza Cazarez está involucrado en actividades ilegales relacionadas al narcotráfico, tal como fue acusado por el gobierno de Estados Unidos, es que la representación legal de este legislador solicitó al gobierno americano que se acepte a Inzunza como testigo protegido.
En la primera comunicación establecida entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los abogados de Inzunza, estos ofrecieron que su representado tiene datos en su poder que podrían ayudar a procesar penalmente al ahora exgobernador Ruben Rocha, acusado de ser la cabeza del grupo criminal que desde el gobierno de Sinaloa respaldo las acciones de narcotráfico del Cártel de Los Chapos.
No se debe pasar por alto que la petición de ser testigo protegido, por parte del senador Enrique Inzunza Cazarez, surge a partir del reconocimiento de que él fue testigo presencial de actos delictivos, por ser parte de la red de funcionarios que apoyaron a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como a Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
Recapitulando. El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública una acusación formal contra el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.
Los cargos imputados son graves: Conspiración para traficar drogas, en donde se le vincula con la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia EE. UU. entre 2021 y 2024.
También se le acusa de posesión de armas de fuego, y Vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que, durante su gestión como Secretario General de Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rubén Rocha Moya, el hoy senador Inzunza colaboró con líderes delictivos a cambio de sobornos y apoyo político.
La justicia estadounidense busca una pena mínima de 40 años o, en su defecto, cadena perpetua.
En los círculos judiciales de EE. UU., se especula que Inzunza podría seguir el camino de otros exfuncionarios mexicanos y acogerse al Programa de Protección de Testigos.
Las razones que alimentan esta hipótesis son por la información de Alto Nivel, dado que como exmagistrado presidente del Poder Judicial de Sinaloa y segundo al mando en el gobierno estatal, posee información crítica sobre la relación entre las instituciones y el crimen organizado.
La acusación que le hace al senador Inzunza también incluye a otros nueve funcionarios, mencionado el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Una cooperación de Inzunza sería letal para el resto de los implicados.
El caso es sin retorno, dado que en la acusación que se le hace a Rubén Rocha Moya y al senador Inzunza, se vincula con declaraciones previas de Ismael “El Mayo” Zambada, quien ya habría señalado estructuras de protección política en Sinaloa.
Inzunza ha negado categóricamente los cargos, calificándolos de “infamia”, “calumnia” y “ataque político”. Sus principales argumentos de defensa son la Soberanía Nacional, en donde atribuye la acusación a una represalia por su reciente discurso en el Senado contra la presencia de agentes de la CIA en México, relativo al caso Chihuahua.
Sostiene que es un intento de desestabilizar a la “Cuarta Transformación” y al legado del expresidente López Obrador. Y por ello -hasta el momento- ha rechazado solicitar licencia, asegurando que enfrentará cualquier proceso desde su escaño para defender su honor.
El proceso no será inmediato. Inzunza cuenta con fuero constitucional, lo que es una garantía de impunidad en México. Para que una extradición proceda, la FGR debe abrir una carpeta de investigación espejo a la de EUA o recibir la solicitud formal de EE. UU.
La Cámara de Diputados debería iniciar un juicio de procedencia o desafuero, proceso que podría tardar meses. Y sobre ello la Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que “si nada debe, nada teme”, pero insiste en que las pruebas deben ser presentadas ante la jurisdicción mexicana.
Mientras el Senado se prepara para integrar la Comisión Permanente en mayo, el nombre de Inzunza sigue en la lista, lo que genera una tensión interna en Morena sobre si proteger al legislador o permitir que el proceso judicial siga su curso para evitar un mayor costo político.
