Por. J. Jesús Lemus
Guerrero continúa siendo el epicentro de una crisis de desplazamiento interno forzado que no da tregua. Familias enteras de las regiones de la Sierra, la Tierra Caliente y la Zona Centro están abandonando sus hogares, no por voluntad, sino bajo la presión del crimen organizado y la falta de garantías de seguridad.
Células del Cártel de Los Ardillos intensificaron el pasado fin de semana sus acciones de acoso contra casi 800 personas, de la zona de Chilapa de Álvarez, a las que obligaron a dejar sus casas y terrenos de cultivo, so pena de ser asesinados “por desacato”.
El desplazamiento poblacional en el estado de Guerrero, no es porque sí. Tiene una razón de fondo: las familias desplazadas se ubicaban en terrenos de importancia minera, para empresas trasnacional, las que han utilizado a los grupos del crimen organizado para, mediante el terror, desplazar a las familias más pobres de México.
De acuerdo con el mapa del Servicio Geológico Mexicano, de la Secretaría de Economía, la zona de donde han sido desplazadas ya mas de mil 670 personas, es una región rica en yacimientos mineros, principal de contenido de oro, plata, zinc, cobre y hierro.
Por eso la ambición de las empresas mineras, que ya cuentan con sendos permisos mineros para la explotación del subsuelo, en donde la población local y originaria les estorba. Por eso el desplazamiento.
A diferencia de años anteriores, el flujo migratorio ya no es solo económico; es un éxodo por supervivencia. Las familias ya no buscan “el sueño americano”, sino el “refugio estadounidense”.
Cientos de familias guerrerenses han comenzado a elevar sus peticiones directamente a las autoridades consulares y fronterizas de Estados Unidos, para solicitar ayuda migratoria, argumentando que el Estado mexicano ha sido incapaz de proteger sus vidas.
Las solicitudes de los desplazados de Guerrero se centran en el reclamo de un Asilo Político y Humanitario, esto bajo el argumento de persecución directa por grupos delictivos que ejercen control territorial, y muchos de ellos protegidos desde el gobierno estatal de Evelyn Salgado.
También se está pidiendo una Intervención Humanitaria. Los Grupos de desplazados han enviado cartas a la Embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de México, solicitando que se presione para la creación de “corredores seguros” o zonas de protección para su desplazamiento.
Otra petición es la de las Visas por Reunificación. Y es que programas como “Lazos Migrantes” han facilitado el reencuentro de adultos mayores con sus familias en Estados Unidos, pero la presión ahora viene de los sectores más jóvenes que huyen de la violencia.
La situación hoy en día, por el desplazamiento forzado en Guerrero, es que miles de personas permanecen en refugios temporales o casas de familiares. Pero también se sabe que alrededor de 10 mil guerrerenses han sido repatriados desde Estados Unidos en el último año, regresando a un entorno de alto riesgo ñor los grupos generadores de violencia.
A pesar de la urgencia, las familias se enfrentan a un muro burocrático. A partir del 29 de mayo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) implementará cambios estrictos en el procesamiento del Formulario I-589 -la solicitud de asilo-, incluyendo el rechazo inmediato de solicitudes que no cumplan con nuevas tasas impositivas.
“Nosotros no nos vamos porque queremos dinero, nos vamos porque en nuestro pueblo ya no se puede ni respirar sin permiso de los señores (del crimen organziado”, declaró un desplazado de la Sierra de Guerrero en un albergue de Tijuana.
La situación en Guerrero es de una vulnerabilidad extrema. Mientras el gobierno estatal intenta mantener programas de vinculación migrante, la realidad en el terreno supera la capacidad institucional. La mirada de los desplazados está fija en la frontera norte, esperando que la administración estadounidense reconozca que su desplazamiento no es una elección migratoria, sino un exilio forzado por la guerra interna.
