Por. J. Jesús Lemus
La administración de la presidente Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada definitoria. La persistencia en proteger la figura del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su círculo cercano —señalados por presuntos vínculos operativos con la facción de “Los Chapitos”— no es solo un asunto de lealtad partidista. Es una apuesta de alto riesgo que amenaza con desestabilizar tres pilares fundamentales del Estado mexicano: la relación bilateral con EE. UU., la seguridad interior y la legitimidad institucional.
La insistencia en proteger a cuadros señalados de narcotráfico por agencias de inteligencia estadounidenses (DEA/FBI) coloca a México en una ruta de colisión directa con su principal socio comercial.
Si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica protección institucional hacia “Los Chapitos”, podríamos ver la inclusión de funcionarios estatales en la Lista Clinton (OFAC). Esto congelaría activos y prohibiría transacciones financieras, aislando económicamente a la región.
Con la revisión del tratado de libre comercio en el horizonte, el “Estado de Derecho” es la moneda de cambio. Un gobierno que parece encubrir a funcionarios públicos con nexos con el fentanilo pierde autoridad moral para negociar aranceles o disputas energéticas.
Mantener a Rocha Moya a pesar de las evidencias o testimonios, como el caso de la captura de “El Mayo” Zambada, envía un mensaje de continuidad de la impunidad.
El Ejército y la Guardia Nacional se ven obligados a operar en un territorio donde el mando político local está bajo sospecha. Esto genera una parálisis operativa: “¿A quién estamos protegiendo realmente?”.
La percepción de un “paraguas de protección” estatal permite a “Los Chapitos” consolidar su hegemonía sobre otras facciones, aumentando la violencia interna por el control total del territorio.
Para Sheinbaum, el costo político interno es el más inmediato. El ala técnica del gabinete, del área de Seguridad y Relaciones Exteriores, podría entrar en conflicto con el ala política si la protección a Sinaloa obstaculiza acuerdos internacionales o metas de pacificación.
La narrativa de “honestidad valiente” se desgasta. La opinión pública comienza a percibir que el compromiso no es con el pueblo, sino con estructuras regionales con nexos opacos.
La insistencia en blindar al grupo sinaloense frente a las acusaciones de colaboración con el crimen organizado pone a la Presidente Sheinbaum en una posición de vulnerabilidad estratégica. Lo que hoy parece una defensa de la unidad de su movimiento y de la dignidad nacional, mañana podría convertirse en el lastre que hunda la credibilidad de su sexenio antes de que este logre consolidar su propia identidad.
En política, lo que no se aclara, se asume. Y en este caso, el silencio o la protección activa se están traduciendo, a ojos del mundo, como complicidad estructural.
