Por. J. Jesús Lemus
El robo de combustible en México es una de las industrias criminales más lucrativas y sangrientas, disputada ferozmente por cárteles como el de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y -ahora se sabe- el Cártel de Adán Augusto López Hernández. Quienes se atreven a investigar o denunciar el crimen en torno al robo de combustible —periodistas, activistas y funcionarios locales— enfrentan un riesgo letal.
Las fuentes abiertas, principalmente publicaciones locales en los estados en donde el huachicol sigue al alza, refieren algunos de los casos más resonados mediáticamente de agresiones y asesinatos a personas que tocaron este y otros negocios del crimen organizado.
Comunicadores en estados como Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Puebla han sido silenciados, mediante amenazas, por reportar la infraestructura del huachicol. Destaca como caso emblemático como el de Israel Vázquez, quien fue asesinado en Salamanca, Guanajuato, mientras cubría el hallazgo de restos humanos en una zona de alta presencia de huachicoleros.
También, por lo menos media docena de comunicadores en el llamado “Triángulo Rojo” de Puebla, evidencian el costo de investigar las tomas clandestinas. Por lo menos tres comunicadores de esa zona han tenido que desplazarse de su lugar de origen para poder conservar la vida.
Docenas de policías municipales y personal técnico de Petróleos Mexicanos han sido ejecutados al descubrir o negarse a colaborar con las redes de perforación de ductos, esto principalmente en los estados de Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Michoacán.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, en la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, y fue acusado por narcotráfico, no está ajeno al huachicol.
Si bien es cierto que el general Mérida se entregó oficialmente al gobierno de Estados Unidos para negociar una sentencia menor por delitos de narcotráfico, también resulta cierto, con base en sus informes aportados a la justicia de Estados Unidos, que teme por su vida, al saber cómo opera la estructura del cártel del huachicol de Adán Augusto López Hernández.
Las voces silenciadas
Son muchos los antecedentes de asesinatos que se han registrado en torno a la denuncia e investigación de la red de huachicol. Oficialmente no existe dentro de la FGR un expediente de investigación sobre este tema, pero los medios de comunicación apuntan a una lista considerable de homicidios de funcionarios federales que han estado sobre la pista del Cártel del Huachicol que fue dirigido desde la Secretaría de Gobernación por Adán Augusto López Hernández, hoy senador de la república.
El Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, en noviembre del 2024, fue ejecutado por sicarios en motocicleta mientras conducía su camioneta en Manzanillo, Colima.
Es el caso central. Guerrero Alcántar redactó un manuscrito de denuncia dirigido al Alto Mando de la Marina y entregó grabaciones que detallaban cómo operaba una red de huachicol fiscal en las aduanas portuarias, señalando directamente a familiares y subordinados de altos funcionarios. Su ejecución ocurrió pocas semanas después de sostener reuniones clave para entregar dichas pruebas.
El Capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en septiembre de 2025, fue hallado sin vida dentro de su oficina en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. La versión oficial inicial fue clasificada como suicidio.
El capitán figuraba dentro de las investigaciones de la FGR respecto al ingreso irregular de buques con combustible de contrabando. Reportes periodísticos y líneas de investigación de la Fiscalía revisan llamadas y amenazas previas del tipo “tú o tu familia” destinadas a silenciarlo antes de que aportara datos sobre los operadores logísticos de la red.
El Capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en septiembre de 2025, murió supuestamente debido a un “accidente con fuego real” durante una práctica de tiro de la Semar en Puerto Peñasco, Sonora.
Del Ángel Zúñiga se había desempeñado como subadministrador de Operación Aduanera en el estratégico puerto de Manzanillo. Su deceso ocurrió apenas un día después de la muerte del capitán Pérez Ramírez, lo que encendió las alarmas en las agencias de inteligencia debido a que ambos oficiales poseían información interna sobre el flujo financiero del combustible.
El Capitán Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, en mayo de 2023, fue secuestrado y asesinado en Manzanillo, Colima, apenas dos semanas después de haber asumido el cargo de subadministrador de Operación Aduanera, puesto en el que sustituyó, precisamente, a Adrián Omar del Ángel.
Quienes desde el ámbito ministerial e institucional intentaron judicializar los decomisos de hidrocarburo o indagar las empresas fachada también fueron blanco de ataques quirúrgicos.
Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, en agosto de 2025, fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, en un ataque directo perpetrado con armas largas y granadas de fragmentación contra su vehículo.
La propia FGR ligó directamente su ejecución a las indagatorias del huachicol en la frontera norte. Bajo su gestión en la delegación estatal, se habían coordinado golpes importantes contra las mafias del combustible, incluyendo el aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo de contrabando almacenados por células criminales asociadas a empresarios de la región.
La Agente Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar en la Delegación de la FGR en Colima, en octubre de 2024, fue asesinada a tiros en el estado de Colima.
Las carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) vincularon este homicidio con la misma indagatoria del huachicol marítimo debido al modus operandi y al acceso que la funcionaria tenía a los archivos institucionales de control de contenedores y buques sospechosos en la costa del Pacífico.
Por eso no es difícil entender la entrega del general Mérida a la justicia de Estados Unidos, aun cuando hoy oficialmente se siga que su entrega fue por lograr una sentencia reducida por los delitos de narcotráfico. En el trasfondo esta el huachicol y el miedo a perder la vida.
No hay que olvidar que el pasado 11 de mayo de 2026, el general Mérida viajó desde Hermosillo, Sonora, hacia la frontera, cruzando por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde se puso voluntariamente bajo la custodia de los US Marshals. Actualmente ya fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
La acusación estadounidense no menciona el robo de combustible. El Departamento de Justicia lo señala formalmente de haber recibido sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares por parte de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
A cambio de este dinero, se le acusa de haber filtrado información y alertado a la organización criminal sobre al menos 10 redadas e inspecciones a laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetaminas, permitiendo que los delincuentes evacuaran el producto antes de la llegada de las fuerzas del orden.
Esta acusación no viene sola, alcanza también al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ante el peso de una investigación de esta magnitud en las cortes de Nueva York —las mismas que procesaron a Genaro García Luna e Ismael “El Mayo” Zambada—, y tras habérsele negado la efectividad de amparos en México, la entrega de Mérida responde a una estrategia legal común en el sistema estadounidense: negociar un acuerdo de culpabilidad y convertirse en testigo cooperante para evitar una cadena perpetua (la acusación mínima que enfrenta es de 50 años).
