Por. J. Jesús Lemus
El gobierno de Samuel García Sepúlveda en Nuevo León atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lo que inició como una narrativa de renovación y la llegada de la “nueva política” al norte de México se ha convertido en un complejo expediente judicial y legislativo.
El núcleo de las acusaciones más severas de corrupción radica en un esquema de presunta triangulación financiera que involucra directamente al entorno familiar del gobernador Samuel García, de por si ya desacreditado para gobernar por su impericia en el manejo de situaciones públicas.
De acuerdo con investigaciones periodísticas de circulación nacional y carpetas seguidas a nivel federal, empresas que reciben millonarios pagos como contratistas o proveedores del Gobierno del Estado terminan depositando, posteriormente, fuertes sumas de dinero por supuestos “honorarios de asesoría” a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., el despacho fundado por el mandatario y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene indagatorias abiertas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que apuntan a triangulaciones masivas de fondos. Asimismo, la bancada de Morena en el Congreso local respaldó que el monto bajo sospecha por este esquema supera los mil millones de pesos.
A esto se suman señalamientos de supuesto nepotismo y favoritismo. Destaca el caso de contratos otorgados a empresas vinculadas a su familia política, como el caso de Paraclínicos, propiedad de un familiar de su esposa Mariana Rodríguez, por montos superiores a los 140 millones de pesos, en un contexto donde el personal médico ha denunciado escasez de insumos básicos en hospitales estatales.
La parálisis legislativa que caracterizó la pugna entre el Ejecutivo estatal y las bancadas de oposición dio un vuelco drástico. Tras habérsele negado los amparos definitivos al gobernador para frenar las acciones del Congreso, los legisladores de la Comisión Anticorrupción han reactivado formalmente los procesos de juicio político en su contra.
Actualmente, el mandatario acumula cerca de 19 expedientes de juicio político, de los cuales dos han avanzado formalmente hacia sus etapas cruciales tras desestimarse los frenos judiciales.
Samuel García se encuentra vinculado a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que García incurrió en faltas constitucionales al utilizar la infraestructura de la gobernación y recursos públicos para promover de forma indebida a candidatos de su partido (Movimiento Ciudadano), específicamente durante el proceso federal y la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.
También destaca el polémico uso y promoción del vehículo eléctrico de Tesla en dinámicas ligadas a campañas partidistas, considerado por las autoridades electorales como un beneficio indebido y promoción personalizada.
Fiel a la estrategia discursiva que ha sostenido a lo largo de su sexenio, Samuel García rechaza tajantemente todas las acusaciones y sostiene la hipótesis de que se trata de un montaje mediático y judicial orquestado por sus rivales locales del PRI y del PAN.
“Se trata de una estrategia: sacar tantas notas negativas como puedan para que parezca que realmente hay algo malo. No es así, soy incorruptible, mi gobierno es incorruptible y todo mi patrimonio es público”, ha referido el mandatario estatal en un intento por desestimar la realidad.
El mandatario argumenta que los flujos financieros de sus despachos corresponden a su actividad empresarial legítima previa a asumir la gubernatura y que la Fiscalía del Estado —con la que mantiene una pugna histórica por la autonomía de su titular— manipula y dosifica la información financiera con fines estrictamente electorales y de golpeteo político.
La batalla se libra hoy en dos pistas de alta velocidad. En la pista federal, la FGR evalúa si los elementos de inteligencia financiera son suficientes para judicializar los presuntos desvíos. En la pista local, un Congreso adverso busca los consensos necesarios para llevar el juicio político hasta sus últimas consecuencias constitucionales.
Para Nuevo León, el costo se traduce en una gobernabilidad sumamente desgastada y un ecosistema institucional bajo sospecha, justo en los años donde el estado debía capitalizar su mayor auge de inversión extranjera.
