Por. J. Jesús Lemus
Como si fueran pocos los escándalos de corrupción que socavan la credibilidad del movimiento de la 4T, ahora salta otro más: una hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra bajo investigación por haber recibido contratos preferenciales de la Comisión Nacional del Agua.
La investigación gira en torno a una red de presuntas operaciones simuladas dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El foco de las indagatorias apunta a Alejandra Icela Martínez Rodríguez —hija de la actual Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez— durante el periodo en que fungió como funcionaria clave de dicha dependencia hídrica.
La controversia proviene de un reportaje detallado de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Los hallazgos exponen el desvío de recursos públicos mediante un esquema clásico de triangulación y uso de empresas fantasma
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, rastrea una red empresarial de 10 compañías que obtuvo 42 contratos por una suma total de 2 mil 314 millones de pesos (sin IVA), la que estaría en encabezada por Alejandra Icela Martínez Rodríguez.
Se destaca que esta red de empresas sin antecedentes o infraestructura en obras hidráulicas ganaron contratos de proyectos hídricos prioritarios (como la presa Santa María en Sinaloa o distritos de riego del pueblo Yaqui). Se presume la simulación de competencia, donde compañías ligadas entre sí y que compartían los mismos accionistas o representantes participaban en las mismas licitaciones para aparentar un concurso legal.
La pieza central del entramado es la empresa Ferroclin U&Q. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) la catalogó formalmente como una empresa facturera, que simula operaciones debido a la ausencia de activos, personal o infraestructura, tras detectar irregularidades.
El papel de Martínez Rodríguez es institucional y jerárquico dentro de las áreas que liberaron y supervisaron el dinero público. Bajo su gestión directa en esta área de Conagua, se otorgaron 38 de los 42 contratos señalados en el entramado de corrupción.
Destaca que, tras la entrega de esos contratos, la hija de la secretaria de Gobernación, fue ascendida a un cargo de alta dirección, desde donde tuvo la facultad de supervisar los recursos financieros generales de la dependencia por casi dos años.
Hasta el momento, las indagatorias se mantienen en el terreno de auditorías financieras y fiscalización de recursos. No existe ninguna acusación o proceso judicial penal formalizado en su contra, manteniéndose bajo el principio de presunción de inocencia mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las dependencias competentes concluyen las revisiones del gasto.
El caso genera un fuerte impacto en la opinión pública debido a las conexiones con la alta esfera del gobierno actual: la investigada es hija de Rosa Icela Rodríguez, una de las figuras políticas más influyentes del gabinete federal, dada su función como secretaria de Gobernación.
La empresa catalogada como “facturera” (Ferroclin) fue constituida originalmente en 2014 en la Notaría 27 de Tabasco, vinculada a Adán Augusto López Hernández, actual senador de Morena.
De forma paralela a las dudas sobre su paso por la administración pública, reportes periodísticos previos habían documentado su rol como coordinadora del proyecto El Heraldo USA (de Heraldo Media Group / Grupo Andrade), un conglomerado empresarial que también ha sido beneficiado de manera masiva con contratos gubernamentales de proveeduría de vehículos y patrullas.
Las indagatorias sobre la cuenta pública de esos años en Conagua determinarán si los contratos derivan en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado y lavado de dinero, o si las observaciones administrativas logran ser solventadas por la dependencia.
