Por. J. Jesús Lemus
El “Caso Rocha Moya” no es un escándalo más. La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contra el gobernador de Sinaloa por conspiración y vínculos con el Cártel de Sinaloa ha fracturado la narrativa de “honestidad” de Morena. Aunque la dirigencia nacional ha intentado blindar al movimiento, el golpe mediático es un flanco abierto para la oposición.
Como resultado de la exposición de la realidad sobre la corrupción en la clase gobernante de la llamada cuarta transformación, hoy son cinco las gubernaturas que sin dudas perderá Morena, en el proceso electoral que se desarrollará en junio del 2027.
Sinaloa: El epicentro de la crisis
Esta entidad, por definición, es el estado con mayor riesgo. Tras la salida de Rocha Moya, del que aún no se sabe su paradero y ha entrado en la calidad de prófugo de la justicia, el electorado sinaloense enfrenta una crisis de seguridad y gobernabilidad sin precedentes.
Aquí ha calado fuerte la percepción de que el gobierno estatal fue un apéndice de “Los Chapitos”. Si Morena no logra presentar un perfil completamente ajeno al grupo de Rocha, la clase media urbana de Culiacán y Mazatlán, harta de la violencia, podría castigar al partido volcándose hacia una coalición opositora o un perfil de “mano dura”.
Sonora: La frontera caliente
La imagen del gobernado por Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Federal, Sonora es extremadamente sensible a los temas de narcotráfico y relación bilateral con Estados Unidos, por ello el efecto Rocha Moya no dejara intacta la elección estatal en esa localidad.
Al ser un estado fronterizo, la cooperación con agencias estadounidenses es vital. Las acusaciones contra Rocha salpican la estrategia de seguridad regional. La oposición del PAN-PRI usará el discurso de “narco-gobiernos” para recuperar un estado que históricamente les fue fiel, donde las clases medias empresariales ven con temor las alertas de viaje y las sanciones de Washington.
Baja California: Desgaste y seguridad
Aunque Marina del Pilar mantiene niveles de aprobación aceptables, Baja California es una caja de resonancia de lo que sucede en el noroeste del país. En el electorado pesará no solo el efecto Rocha Moya, sino también el que la gobernadora Marina del Pilar y su esposo -hoy ex esposo- sean investigados en Estados Unidos por lavado de dinero.
El flujo de fentanilo y las pugnas entre cárteles son el pan de cada día. El escándalo de Rocha Moya valida la narrativa de que el Pacífico está “entregado” al narco. Con una oposición local que suele ser fuerte en Tijuana y Mexicali, cualquier candidato de Morena que no marque una distancia radical con el eje Sinaloa-Sonora enfrentará una campaña centrada exclusivamente en la “complicidad con el narco”.
Michoacán: La herida abierta
El estado de Alfredo Ramírez Bedolla vive una crisis crónica de extorsión y presencia criminal, como nunca se había visto en este descompuesto estado casi por naturaleza, donde conviven 36 grupos de civiles armados emanados de las Autodefensas, y por lo menos 14 cárteles de las drogas.
El votante michoacano es escéptico por naturaleza tras décadas de “narco-política”, lo que quedó en evidencia desde el Michoacanazo hasta el surgimiento de los Caballeros Templarios. Las acusaciones en Estados Unidos contra un gobernador de Morena refuerzan la idea de que la estrategia de “Abrazos, no balazos” fue una claudicación. En Michoacán, el PRD y el PAN conservan bases que pueden reactivarse bajo una narrativa de “rescate institucional”.
Guerrero: Vulnerabilidad por gobernabilidad
El gobierno de Evelyn Salgado ha sido cuestionado constantemente por la crisis de violencia en Acapulco y Chilpancingo. Ya sin mencionar la relación del senador Félix Salgado Macenio con el narco y grupos del crimen organizado.
Guerrero es el estado donde la línea entre política y crimen organizado es más delgada en la percepción pública. El escándalo de Rocha Moya sirve como confirmación de los peores temores del electorado guerrerense. Si la oposición logra capitalizar el desorden y la falta de control territorial, el candidato de Morena podría perder la ventaja competitiva ante un electorado que castiga la ausencia de Estado.
