¨Por. J. Jesús Lemus
Desde el pasado viernes 8 de mayo de 2026, diversas fuentes han confirmado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Omar Reyes Colmenares, procedió al congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de integrantes de su núcleo familiar directo y colaboradores cercanos.
Esta medida cautelar responde a una investigación iniciada tras las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a la administración de Rocha Moya con presuntas operaciones de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, específicamente la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa con licencia, solo apunta a un hecho: que aun cuando el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum insiste en defender la supuesta inocencia de Rubén Rocha, existe la convicción de que Rubén Rocha sí está relacionado con actividades del narcotráfico.
La acción administrativa no se limita únicamente al exmandatario. El reporte incluye el congelamiento de cuentas de sus hijos y familiares directos bajo sospecha de ser beneficiarios de depósitos inusuales.
También destaca el nombre de Enrique Inzunza Cázarez, senador sin paradero, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, este último señalado por poseer un patrimonio inmobiliario y de lujo superior a los 141 millones de pesos, cifra que no coincide con sus ingresos como servidor público.
El bloqueo financiero ocurre en un momento crítico, dado que el pasado 1 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia definitiva al Congreso de Sinaloa, dejando el mando a Yeraldine Bonilla Valverde, la que ahora se desempeña como gobernadora interina.
No se debe pasar por alto que el gobierno estadounidense ha formalizado una solicitud de detención con fines de extradición, alegando cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Mientras, la Presidenta de México ha pedido cautela y pruebas sólidas a Washington, pero la Fiscalía General de la República (FGR) ya evalúa las carpetas de investigación para determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente en territorio nacional.
El partido Morena ha cerrado filas parcialmente, calificando las acusaciones de “calumnias” y “presiones externas”, aunque la licencia del gobernador se interpretó como un intento de despresurizar la crisis.
Por su parte, legisladores del PAN y PRI han exigido la desaparición de poderes en Sinaloa y que la UIF extienda la investigación a todos los niveles del gabinete estatal. Y es que, a pesar de su licencia, Rocha Moya conserva protección federal debido al alto riesgo que representa su situación actual.
El congelamiento de cuentas por parte de la UIF es una medida administrativa que precede, usualmente, a la emisión de órdenes de aprehensión por delitos financieros. El sistema bancario nacional ha sido notificado para impedir cualquier intento de retiro o transferencia de fondos al extranjero.
