Por. J. Jesús Lemus
En una sesión que marca un punto de quiebre en la historia política reciente de México, Rubén Rocha Moya ha presentado formalmente su renuncia definitiva al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. La noticia se produce tras meses de una creciente presión política y social, derivada de las crisis de seguridad y los constantes cuestionamientos sobre la estabilidad institucional en la entidad.
La causa principal de la renuncia del gobernador de Sinaloa es la acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos, donde relaciona a Rubén Rocha como un activo colaborador del Cártel de Sinaloa, asegurando -así lo refiere un informe de la DEA- que el gobernador utilizó patrullas de la policía estatal para escoltar cargamentos de fentanilo, cocaína y anfetaminas desde Sinaloa a Estados Unidos.
Rocha Moya citó motivos personales y la necesidad de “salvaguardar la gobernabilidad en el estado”, buscando evitar que el escrutinio sobre su administración continúe afectando la paz pública.
La dimisión ocurre en un escenario de alta tensión, donde las investigaciones y señalamientos externos habían debilitado su capacidad de gestión frente a los otros niveles de gobierno.
El Congreso del Estado de Sinaloa ha recibido el documento oficial y ha procedido a declarar la vacancia del Poder Ejecutivo, iniciando formalmente el protocolo para la transición administrativa.
Tras el anuncio, se ha desplegado un operativo de seguridad reforzado en la capital, Culiacán, para prevenir disturbios. La renuncia de Rocha Moya pone fin a un mandato que estuvo marcado, especialmente en su etapa final, por una profunda polarización y el desafío constante de la violencia en el noroeste del país.
Este es el primer gobernador de Morena y de la corriente llamada Cuarta Transformación, que dimite al cargo, y es también el primer gobernador del gobierno de la 4T que es acusado formalmente de narcotráfico.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha desclasificado un expediente que señala a Rubén Rocha Moya como una pieza clave en la estructura de protección institucional del Cártel de Sinaloa, específicamente para la facción de “Los Chapitos”.
Según el documento de 34 páginas presentado ante la corte, la relación de Rocha Moya con el grupo criminal no inició con su mandato, sino que fue el factor determinante para su victoria. Se acusa que “Los Chapitos” operaron para robar boletas y amenazar a candidatos de la oposición para asegurar el triunfo de Rocha.
La investigación señala que la campaña recibió millones de dólares provenientes del narcotráfico. La fiscalía estadounidense sostiene que, a cambio del apoyo electoral, Rocha Moya entregó el control de las instituciones de seguridad al cártel
De esa forma, se le acusa de colocar a funcionarios corruptos en puestos clave de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad para encubrir operaciones criminales.
El informe afirma que el gobernador permitió que la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán operara con libertad táctica en el estado, facilitando el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia los EE. UU.
Un punto crítico en el expediente es la implicación del gobernador en los eventos del 25 de julio de 2024, cuando “El Mayo” Zambada fue capturado en territorio estadounidense.
El DOJ retoma la versión de que Zambada fue citado a una reunión bajo el engaño de que estarían presentes Rocha Moya y el político Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día.
Estados Unidos señala que la administración de Rocha intentó manipular la escena del crimen y fabricar la versión de que Cuén murió en un asalto común en una gasolinera, cuando las pruebas sugieren que el homicidio ocurrió en el lugar de la supuesta reunión con el capo.
Los cargos que pesan sobre Ruber Rocha Moya en Nueva York incluyen Conspiración para la importación de narcóticos Posesión de armas de alto calibre -ametralladoras y dispositivos destructivos-, y Conspiración para poseer armas de fuego en apoyo al narcotráfico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de la solicitud de detención provisional con fines de extradición. No obstante, el gobierno federal ha enviado un extrañamiento a la Embajada de EE. UU. por la filtración de esta información y ha señalado que, por el momento, la solicitud carece de las “pruebas documentales” anexas necesarias para proceder de inmediato, dejando el caso en manos de la FGR para su evaluación.
