Por. J. Jesús Lemus
Rubén Rocha Moya no es el primer gobernador acusado de pertenecer y proteger a un cártel de las drogas, aun cuando sí es el primero en ser acusado de narco perteneciendo al partido Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación.
La relación de Rubén Rocha Moya y el narcotráfico solo confirma dos cosas: que el narco sigue arraigado profundamente en las estructuras del gobierno mexicano y que no importa cual partido o presidente llegue al poder, a final de cuentas el narco se puede imponer con todo su poder de corrupción y la seducción de su dinero.
Desde una perspectiva periodística, el fenómeno de los gobernadores mexicanos vinculados al narcotráfico refleja la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado. La lista es larga, pero para efectos de claridad, la dividimos entre quienes han enfrentado a la justicia estadounidense y quienes solo han sido procesados en México.
Procesados y/o Extraditados a Estados Unidos
Estos casos son emblemáticos porque implican que el sistema judicial mexicano fue superado, es inoperante, esta coludido con el narco, o que hubo una colaboración binacional para llevarlos ante cortes federales de EE. UU.
Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, 1993-1999): El primer exgobernador capturado por vínculos directos con el Cártel de Juárez. Fue extraditado a EE. UU. en 2010, donde cumplió sentencia por lavado de dinero antes de ser repatriado a México para seguir cumpliendo condenas locales.
Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2004): Detenido en Italia en 2017 y extraditado a EE. UU. en 2018. Se le sentenció en Texas por aceptar sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas a cambio de protección y libre tránsito de drogas.
Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010): Enfrentó cargos en EE. UU. por lavado de dinero y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, vinculados a fondos ilícitos. Su proceso de extradición fue largo y complejo; actualmente enfrenta procesos en libertad en México.
Rubén Rocha Moya (Sinaloa, 2021-2026): El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos recientemente, en abril de 2026, acusándolo de conspiración para importar narcóticos y vínculos con la facción de “Los Chapitos”. Solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo de 2026 para enfrentar las investigaciones.
Procesados por la justicia en México
En estos casos, las acusaciones de vínculos con el narcotráfico o delincuencia organizada se han dirimido o siguen activas principalmente en tribunales mexicanos.
Jesús Reyna García (Gobernador Interino de Michoacán, 2013): Detenido tras la difusión de videos donde aparecía reunido con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Estuvo preso varios años por delincuencia organizada antes de ser liberado por falta de pruebas concluyentes.
Roberto Borge Angulo (Quintana Roo, 2011-2016): Aunque su extradición desde Panamá fue principalmente por corrupción y lavado de dinero, diversas líneas de investigación periodística y ministerial lo han ligado a la protección de grupos delictivos en la zona turística.
Javier Duarte de Ochoa (Veracruz, 2010-2016): Sentenciado en México por asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante su gestión, Veracruz vivió una de las etapas más violentas por la disputa entre cárteles, con señalamientos constantes de omisión o colusión institucional.
Guillermo Padrés Elías (Sonora, 2009-2015): Procesado por lavado de dinero y defraudación fiscal. Aunque no fue sentenciado directamente por narcotráfico, su administración fue señalada por permitir el avance de ciertos grupos criminales en la frontera.
El estado de Tamaulipas es el estado con más gobernadores señalados consecutivamente, está Yarrington, Hernández y el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha enfrentado órdenes de aprehensión por delincuencia organiza.
Históricamente, las condenas más severas contra estos funcionarios han ocurrido en suelo estadounidense, lo que genera un debate sobre la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para armar expedientes sólidos por delitos contra la salud.
Rocha Moya es el primer gobernador en funciones de la actual administración federal en ser acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EE. UU., lo que marca un hito en la relación bilateral de seguridad en este 2026.
