Por. J. Jesús Lemus
El anuncio hecho por el presidente Donald Trump, de que, si México no hace nada para combatir al narcotráfico, lo hará el gobierno de Estados Unidos, más que una amenaza parece la materialización del Déjà vu que desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya se visualizaba en el destino de México.
Se sabe por fuentes oficiales de Estados Unidos que la intención del gobierno del presidente Donmald Trum, de llevar ante la justicia a todos los narcopolíticos, principalmente gobernadores, que de alguna manera estuvieron en alianza con el narcotráfico, no solo incluye a una larga lista de los actuales mandatarios estatales.
La intención de la administración Trump es desempolvar algunos expedientes que se integraron -por su sociedad con el narcotráfico- de algunos gobernadores mexicanos, desde su primer periodo de gobierno del presidente Trump, entre el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021.
En ese lapso, hoy se sabe, el presidente de los Estados Unidos no quiso tensar la relación diplomática que mantuvo primero con Enrique Peña Nieto y después con López Obrador. Eran otros objetivos los de Donald Trumpo y en ellos no estaba distanciar a Estados Unidos de su relación amistosa con México.
Hoy las cosas son distintas al primer periodo de gobierno de Donald Trump. Por eso ha dado la instrucción de desempolvar todos los expedientes que se tengan de figuras políticas relevantes mexicanas, que se encuentren comprometidos con los grupos del narcotráfico que se han solidificado al grado de mantener dominio sobre el actual gobierno de México.
Hay que recordar que los expedientes desempolvados se tornaron en sólidas investigaciones criminales, gracias al desahucio nacional de 92 narcos que, entre el 2025 y lo que va del 2026, México entregó a Estados Unidos en tres paquetes bajo la decisión unipersonal y violatoria de Alejandro Gertz Manero, entonces Fiscal General de la República, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad.
Los testimonios de esos 92 narcotraficantes, todos hoy en negociación con la justicia de Estados Unidos para no alcanzar cadenas de por vida en prisión, fueron los que alimentaron los expedientes criminales que ya parecían en el olvido, y que a muchos les hacía pensar que ya la habían librado.
La lista de exgobernadores
Al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, se le podría requerir una vez que termine con la sentencia que actualmente cumple por el delito de peculado. En Estados Unidos se le han encontrado elementos para considerar que durante su administración se le brindó apoyo al Cártel del Golfo.
Esa organización criminal, durante el gobierno de Cesar Duarte, se estima que metió por lo menos 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos, y hoy se sabe que muchos de esos embarques fueron divididos en utilidades entre Javier Duarte y algunas células que los operaron.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, podría ser devuelto a Estados Unidos, al saberse nueva evidencia en su contra, la que refiere que operarios del Cártel de Juárez y de su brazo armado La Línea, estuvieron operando en el trasiego de drogas desde Chihuahua a Texas, con la protección de gobierno estatal.
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien actualmente se encuentra preso, podría ser reclamado por el gobierno de Estados Unidos. A él se le atribuye una sociedad con el cártel de Sinaloa, de la fracción del Mayo Zambada, mediante la cual se aperturó la ruta de Cancún, para el ingreso de cocaína de Colombia con destino a Estados Unidos, pasando por suelo mexicano.
Mauricio Vila Dosal, ex gobernador de Yucatán, también se menciona dentro de los expedientes revividos. Se le asocia con la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a esa entidad y de haber posibilitado operaciones criminales, al filtrar información sensible que beneficiaba a los grupos criminales que, desde Yucatán, desde Puerto Progresos concretamente, operaban el trasiego de drogas hacia Florida.
Rodrigo Cruz Medina, ex gobernador de Nuevo León, también está asociado a una investigación criminal, en donde se le refiere como lavador de activos del Cártel de Los Zetas, casi en la misma condición en que se le menciona al actual gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, y hoy procesado por peculado, podría ser llevado a Estados Unidos por los deposos que en su contra ha realizado el que fuera su fiscal general, Edgar Veytia, quien ha referido que Sandoval era parte importante en el esquema de protección que se le brindaba al Cártel del H2, de Francisco Patron Sánchez.
Fausto Vallejo Figueroa, ex gobernador de Michoacán, aunque enfermo y cansado no se le ha olvidado a Estados Unidos. La carpeta criminal que se le ha abierto, en su mayoría con declaraciones de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, refiere que durante su gestión como gobernador apoyó al Cártel de Los Caballeros Templarios, en donde su hijo, Rodrigo Vallejo, “El Gerber”, era un mando importante.
También se menciona el nombre de Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, el que es señalado por ser parte del clan en donde se encuentran Francisco Javier Cabeza de Vaca, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Manuel Cavazos Lerma, todos referidos por testigos protegidos como principales y muy importantes colaboradores, unos del Cártel del Golfo, otros del Cártel de Los Zetas, pero todos apoyando el trasiego de drogas desde Tamaulipas a Estados Unidos.
El exgobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, está referido en una desempolvada investigación criminal, integrada también con declaraciones de narco llevados de México a Estados Unidos, como el hombre clave que dio entrada al puerto de Manzanillo al Cártel Jalisco Nueva Generación, contribuyendo poderosamente a la producción de drogas sintéticas
Finalmente, Rubén Moreira Váldez, ex gobernador de Coahuila, ha revivido en el interés de la justicia de Estados Unidos, por el solo hecho de su relación con el Cartel de Los Zetas, narcotraficantes que inundaron de cocaína en el periodo de Peña Nieto al mercado norteamericano, y que -al contar con la protección del entonces gobernador- en suelo mexicano extorsionaron a las empresas mineras que llegaron en busca de asentarse en las regiones carboníferas de Coahuila.
