Por. J. Jesús Lemus
La política mexicana y el mapa del crimen organizado se encuentran en un punto de máxima tensión tras la aparente desaparición del escenario público de Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa.
El mandatario estatal, fuertemente vinculado por agencias de inteligencia de Estados Unidos con redes del narcotráfico, ha optado por el repliegue absoluto en un momento crítico. Tres de sus colaboradores más cercanos dentro de su estructura criminal se han entregado voluntariamente a la justicia estadounidense.
El Vacío de Poder y el Silencio de Rocha Moya
El gobernador Rocha Moya, quien en los últimos meses ha estado bajo el escrutinio público tras las escandalosas revelaciones que lo ligaron con la captura de capos históricos y facciones del Cártel de Sinaloa, ha reducido a cero sus apariciones públicas. Lo que inicialmente se manejó como una “agenda privada” o “problemas de salud”, hoy es interpretado como un repliegue estratégico o una huida anticipada ante un inminente manotazo de la justicia de Washington.
Fuentes locales reportan que las oficinas del Ejecutivo estatal operan bajo un hermetismo total, mientras la violencia en el estado continúa al alza sin un liderazgo visible que le haga frente.
El verdadero detonante de la crisis actual es la entrega pactada de tres piezas clave de la organización de Rocha a las autoridades de Estados Unidos. Según documentos de cortes federales en el país vecino, estos tres excolaboradores se entregaron de manera voluntaria con un objetivo claro de convertirse en testigos protegidos.
El peligro de la entrega del Senador Enrique Inzunza, el General Gerardo Mérida y el tesorero Enrique Diaz Vega, para el gobernador -y para la política nacional- es mayúsculo por el solo hecho de que su entrega a la justicia norteamericana implica que son parte de un entramado criminal y por ello buscan benevolencia de la justicia de Estados Unidos.
Los tres que se entregaron son los hombres que manejaban las finanzas, las redes de transporte y los nexos políticos de la organización criminal que ellos representaban bajo el nombre de Gobierno del Estado de Sinaloa, con el Cártel de Los Chapos, encabezado entonces por Ovidio Guzmán López.
Reportes preliminares indican que los hoy testigos entregaron dispositivos electrónicos, libros contables y grabaciones que implican directamente a Rocha Moya en el financiamiento ilícito de campañas y colaboración abierta con el narcotráfico.
En el sistema judicial estadounidense, la figura de testigo protegido exige “entregar peces más grandes”, lo que coloca la cabeza jurídica del gobernador como el trofeo principal, aunque no se descarta que estos testigos mencionen al ex presidente López Obrador o a la misma presidente actual, Claudia Sheinbaum.
El Costo Político para la Presidenta Sheinbaum
El silencio y la inacción del Gobierno Federal ante la situación de Rocha Moya han comenzado a pasar factura a la administración de Claudia Sheinbaum. En el ámbito internacional, y particularmente en los círculos políticos de Washington, la postura de la mandataria mexicana empieza a ser catalogada bajo una narrativa peligrosa, la de protectora de criminales.
Mantener el respaldo político a Rocha Moya para evitar el colapso del partido en el noroeste del país, o soltarle la mano para frenar el desgaste de la figura presidencial y la presión diplomática de Estados Unidos, esa es la disyuntiva de la presidente Sheiunbaum, en donde pierde en ambos casos.
Al no promover una investigación interna exhaustiva ni facilitar la entrega del gobernador, la administración de Sheinbaum proyecta —ante la opinión pública y los socios comerciales— una alarmante continuidad en la política de tolerancia hacia gobernantes bajo sospecha de colusión con el crimen organizado.
El escenario para Rubén Rocha Moya parece no tener retorno. Con sus colaboradores más cercanos proporcionando rutas, nombres y cuentas bancarias a los fiscales federales estadounidenses, su margen de maniobra política y legal es prácticamente nulo.
La pregunta en los pasillos de poder en la Ciudad de México ya no es si el gobernador caerá, sino cuándo ocurrirá y qué tan grave será el impacto de la onda expansiva para el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
