Por. J. Jesús Lemus
Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos han alcanzado un nuevo punto de ebullición, tras las severas declaraciones emitidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7.
En sus intervenciones, el mandatario republicano endureció drásticamente su narrativa hacia el gobierno mexicano, asegurando sin miramientos que “los cárteles de la droga gobiernan México” y que el país ha perdido por completo el control de su territorio.
El señalamiento no se limitó a las estructuras de seguridad. Trump dirigió comentarios directos hacia la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Si bien la describió inicialmente como “una mujer muy buena”, sentenció de manera tajante que es “una mujer muy asustada” ante el poder fáctico de los grupos delictivos.
Esta retórica coincide con la presión ejercida por Washington, que formalizó la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y mantiene abierta la posibilidad de operaciones terrestres y el uso de drones en territorio soberano, transformando la seguridad mexicana en un eje de seguridad global.
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, la postura de Trump, lejos de ser un mero exabrupto de campaña, se sustenta en una realidad cada vez más difícil de negar: es una realidad la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado mexicano a niveles federales, estatales, municipales y judiciales.
Para entender por qué la narrativa de Washington encuentra eco y validación internacional, es indispensable revisar los expedientes judiciales y políticos de alto perfil que demuestran cómo los cárteles no operan a pesar del gobierno, sino, en múltiples casos, en complicidad con él.
El paradigma de la seguridad civil: Genaro García Luna
El caso del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) representa el eslabón más visible de la connivencia institucional entre narcos y gobierno.
García Luna fue juzgado y hallado culpable en una corte federal de Nueva York por conspiración para distribuir cocaína y recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa. El hombre encargado de diseñar la “guerra contra el narco” era, simultáneamente, uno de sus facilitadores más poderosos, sentando las bases del argumento estadounidense sobre la simulación gubernamental.
El poder militar bajo sospecha: El general Salvador Cienfuegos
La detención en 2020 del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en el aeropuerto de Los Ángeles por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, vinculados al cártel de los H-2, encendió las alarmas sobre la penetración criminal en las Fuerzas Armadas.
Aunque las presiones diplomáticas del gobierno mexicano lograron su repatriación y posterior exoneración en México, el expediente de la DEA dejó una cicatriz imborrable en la confianza binacional, demostrando que ni las cúpulas de la alta estrategia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional estaban exentas de señalamientos criminales.
La crisis en Sinaloa: Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza
Los vínculos entre el funcionariado y las cúpulas delictivas no pertenecen al pasado, por el contrario, se mantienen plenamente vigentes y en desarrollo. El foco actual se sitúa en Sinaloa, el epicentro del narcotráfico transnacional.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinalo con licencia representa un caso medular. El mandatario estatal se ha visto envuelto en un torbellino político y judicial tras revelarse presuntos nexos y reuniones con las facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente tras los eventos derivados de la entrega y captura del capo Ismael “El Mayo” Zambada.
La presión de las investigaciones conjuntas y los señalamientos de la justicia estadounidense forzaron recientemente a Rocha Moya a solicitar licencia a su cargo, fracturando la narrativa de limpieza institucional del partido oficialista.
Enrique Inzunza Cázarez, quien fuera secretario general de Gobierno de Sinaloa y pieza clave en el aparato judicial y político de la entidad, también ha sido señalado de manera persistente por tejer redes de protección y omisión que beneficiaron el control territorial de los cárteles en la región del Pacífico. Su inclusión en las redes de sospecha refuerza la tesis de que el aparato estatal local operaba coordinadamente con el crimen organizado.
El diagnóstico emitido por Trump en el G7 se apoya en evidencias acumuladas durante años en los tribunales de Estados Unidos. La entrega masiva de capos y las recientes licencias de altos funcionarios en Sinaloa muestran que México enfrenta una crisis estructural donde las fronteras entre la autoridad formal y el poder fáctico del narcotráfico se han difuminado.
Ante un Washington dispuesto a implementar el hard power, el gobierno de Sheinbaum se encuentra acorralado entre la defensa discursiva de una soberanía vulnerada y la innegable realidad de un aparato estatal infiltrado.
