Por. J. Jesús Lemus
Una semana ha transcurrido desde que el gremio periodístico en el sur de Veracruz volvió a vestirse de incertidumbre. Hasta el día de hoy, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez continúa desaparecida, y mientras los días avanzan de forma agónica para sus familiares, la respuesta de las autoridades se percibe —como ya es costumbre en la entidad— sumamente lenta, ineficaz y plagada de detenciones dudosas que no responden a la pregunta fundamental: ¿Dónde está Roxana?
La mañana del pasado martes 2 de junio, un comando armado rompió con violencia la tranquilidad de la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, Veracruz
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el domicilio de la comunicadora, Directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste. En el ataque, no solo se llevaron a Roxana; su padre, el señor Fernando Guzmán, fue golpeado y sometido brutalmente con las cachas de las armas.
“Me golpearon, me patearon, me pegaron con el arma y me tiraron al piso… La verdad, no sé si está viva o está muerta, no sabemos nada”, declaró el padre de la periodista, evidenciando el desamparo total en el que quedó la familia tras el suceso.
A pesar de las constantes cadenas de rumores y noticias falsas en redes sociales que aseguraban que la reportera había sido hallada sin vida en un barranco de Coatzacoalcos, sus propios colaboradores del medio de comunicación y las autoridades estatales han tenido que salir a desmentir su localización.
A la fecha, el paradero de Roxana es un misterio absoluto. Su voz, enfocada en el periodismo ciudadano y las transmisiones en vivo de las problemáticas del sur de Veracruz, permanece callada.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y el Gobierno Federal pregonan “avances significativos” en las mesas de seguridad, en el terreno de los hechos impera una dolorosa parálisis institucional.
Para los familiares y defensores de los derechos humanos, la autoridad no está haciendo lo suficiente para localizarla con vida, cayendo en viejas prácticas de simulación:
El fin de semana se anunció la detención de cuatro presuntos implicados en el municipio de Nanchital. Sin embargo, familiares de los detenidos ya se han manifestado públicamente denunciando que son inocentes y que las autoridades los están utilizando para “dar carpetazo” o simular que trabajan ante la presión mediática.
El padre de Roxana denunció formalmente que, pese a haber colaborado desde el primer minuto con las corporaciones policiacas, no recibe datos concretos ni avances reales sobre la investigación.
Organizaciones internacionales como Artículo 19 han exigido de manera urgente que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. No obstante, las Fiscalías locales se resisten a profundizar si el secuestro de Roxana está directamente ligado a las denuncias ciudadanas que realizaba a través de sus redes sociales.
El caso de Roxana Guzmán no es un hecho aislado; es el reflejo de un Veracruz que se mantiene como una de las zonas más peligrosas del continente para ejercer el periodismo.
Mientras el Gobierno del Estado insiste en que “las búsquedas no paran”, la realidad contrasta con la falta de resultados. Para la prensa de la zona sur, la detención de sospechosos sin el hallazgo de la víctima no es justicia, es burocracia. Roxana Guzmán Ramírez sigue sin aparecer, y el tiempo corre en su contra ante la inoperancia de un sistema de justicia que vuelve a llegar tarde
