Por. J. Jesús Lemus
Las puertas de Palacio Nacional volvieron a ser el escenario de una de las reuniones de mayor tensión política y económica para el futuro del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un encuentro clave con la delegación comercial de Estados Unidos, liderada por Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial estadounidense, en una mesa de trabajo donde también estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Desde el arranque de la conversación, la postura de la representación mexicana fue clara: encapsular la agenda en un plano estrictamente comercial y evitar que la revisión del acuerdo trilateral se convierta en una moneda de cambio política.
Sin embargo, el trasfondo de esta mesa de negociación arrastra una sombra de fuerte presión diplomática. Desde Washington se ha insistido con vehemencia en que la permanencia de México dentro del tratado comercial no puede desvincularse de la agenda de seguridad.
Diversos sectores de la administración y del Congreso estadounidense han advertido abiertamente que la continuidad del T-MEC está supeditada a resultados contundentes en el combate al crimen organizado, la contención del tráfico de fentanilo y el desmantelamiento de las estructuras financieras del narcotráfico. Para la Casa Blanca, la seguridad fronteriza y la integridad del comercio caminan por el mismo carril.
Ante este panorama de exigencias, la estrategia del gobierno mexicano ha consistido en marcar una raya defensiva firme pero institucional. Claudia Sheinbaum y su equipo económico han reiterado que los asuntos de seguridad, soberanía e inteligencia se atienden en mesas de coordinación bilaterales especializadas y no en el espacio de intercambio comercial.
Durante el encuentro de hora y media en el recinto presidencial, Marcelo Ebrard buscó enfocar el diálogo en las reglas de origen, la protección de las cadenas de suministro regionales y la competitividad frente a otros bloques económicos, intentando neutralizar las amagadas presiones que condicionan el futuro del tratado a la política anticrimen.
La tensión palpable al término de la reunión refleja lo delicado de este estira y afloja. Mientras Jamieson Greer abandonó el inmueble en silencio y con un semblante de absoluta reserva, el equipo mexicano reafirmó que la relación comercial debe mantenerse bajo un marco de respeto mutuo y certidumbre jurídica.
La encrucijada para el Ejecutivo federal radica en sostener el flujo económico de exportaciones mientras sortea las constantes amenazas de Washington, en un escenario donde Estados Unidos utiliza el peso de su mercado para forzar una mayor cooperación militar y de inteligencia en la lucha contra los cárteles.
¿En va la renovación del T-MEC?
El proceso de revisión del T-MEC se encuentra actualmente en una etapa de negociación técnica y política de fondo.
El pasado primero de julio Estados Unidos optó por no extender automáticamente la vigencia del tratado por dieciséis años adicionales. Sin embargo, la Secretaría de Economía de México aclaró que esto no implica la cancelación ni la modificación inmediata del acuerdo.
El T-MEC se mantiene plenamente vigente hasta el año 2036. Al no haberse logrado la extensión en este momento, las tres naciones llevarán a cabo revisiones conjuntas anuales para discutir puntos de la agenda comercial.
En el plano de las conversaciones bilaterales, del veintiuno al veintitrés de julio se realizó la tercera ronda de reuniones entre el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer en la Ciudad de México.
Ambos gobiernos calificaron los diálogos como constructivos y reportaron avances. La cuarta ronda de negociaciones está programada para llevarse a cabo durante la primera quincena de septiembre.
Los principales temas sobre la mesa abarcan la sustitución de importaciones provenientes de Asia para fortalecer cadenas regionales en sectores como semiconductores y farmacéutica, el seguimiento al sector agroalimentario y las políticas del maíz transgénico, las reglas de origen para acero y aluminio, así como la preservación de las preferencias arancelarias que permiten que la mayoría de las exportaciones mexicanas ingresen a Estados Unidos sin pagar impuestos.
La postura mexicana se enfoca en mantener la certidumbre comercial sin aceptar alteraciones de fondo al acuerdo.
¿Por qué Estados Unidos dice que México no colabora en el combate al Narco?
El reclamo de diversos sectores del gobierno de Estados Unidos respecto a una presunta falta de colaboración suficiente por parte de México en la lucha contra el narcotráfico se fundamenta en varios puntos estratégicos y operativos.
En primer lugar, Washington señala las restricciones a la operación de sus agentes extranjeros en suelo mexicano a partir de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Estados Unidos sostiene que estas medidas entorpecieron la cooperación al limitar la movilidad de los agentes de la DEA, exigir informes periódicos sobre sus reuniones con funcionarios locales y desmantelar o reducir la actividad de las Unidades de Investigación Sensible que operaban en coordinación directa con agencias norteamericanas.
En segundo lugar, existen discrepancias profundas en la estrategia antinarcóticos. Para las autoridades estadounidenses, la política de abordar las causas sociales y reducir el enfrentamiento directo disminuyó la presión operativa sobre los carteles.
Esto provocó una reducción en el ritmo de desmantelamiento de laboratorios y en la captura de objetivos prioritarios. Asimismo, surgieron desacuerdos sobre la producción de fentanilo, pues mientras Estados Unidos identificaba a México como el principal centro de síntesis de esta sustancia, las autoridades mexicanas sostenían que en el país solo se empaquetaba o transitaba.
En tercer lugar, los informes de inteligencia estadounidenses apuntan a deficiencias en el control de precursores químicos y puertos. Argumentan que el tráfico de insumos procedentes de Asia hacia puertos del Pacífico mexicano no se ha contenido con efectividad, lo que ha permitido a las organizaciones criminales mantener una producción masiva de drogas sintéticas.
Finalmente, Estados Unidos argumenta la persistencia de la corrupción institucional y la impunidad en niveles locales, lo que dificulta la confidencialidad en operativos conjuntos. También señalan la lentitud en los procesos judiciales de extradición de capos prioritarios y la necesidad de una persecución más rigurosa del lavado de dinero para desarticular las redes financieras del crimen organizado.
Por su parte, el gobierno mexicano ha mantenido que cualquier colaboración debe respetar la soberanía nacional y exige a Estados Unidos una corresponsabilidad real que incluya frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y atender la crisis de adicciones como un problema de salud pública.
