Por. J. Jesús Lemus
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cártel de Juárez y al grupo conocido como Los Viagras en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras representa un giro drástico en la estrategia de seguridad e inteligencia de Washington hacia el crimen organizado mexicano.
Esta medida formaliza un cambio conceptual en la diplomacia bilateral que trasciende la tradicional lucha contra el narcotráfico para situar la persecución de las mafias en el terreno del combate al terrorismo internacional y la defensa estratégica de las fronteras estadounidense.
El trasfondo central de esta resolución radica en la recalificación de las sustancias sintéticas, particularmente del fentanilo y sus precursores químicos, bajo el mandato de la administración del presidente Donald Trump, la cual catalogó formalmente a esta droga como un arma de destrucción masiva.
Al considerar el fentanilo no solo como una sustancia ilícita altamente lucrativa sino como una amenaza de rango químico comparable a agentes biológicos o letales, el aparato de seguridad norteamericano adquirió facultades legales ampliadas.
Bajo esta doctrina, cualquier grupo dedicado a la síntesis, tráfico o distribución masiva de dicho opioide queda automáticamente reconfigurado ante la ley estadounidense como una entidad que emplea armas de destrucción masiva para causar estragos en la población.
Tanto el Cártel de Juárez como Los Viagras han evolucionado para diversificar sus economías criminales, integrando el tráfico de químicos esenciales y fentanilo a sus cadenas operativas tradicionales.
En el caso del Cártel de Juárez, una organización con raíces históricas en el trasiego fronterizo desde los años ochenta, su control sobre puntos de entrada estratégicos en el norte de México y la operatividad de sus brazos armados han sido identificados por Washington como arterias clave para el ingreso de opioides sintéticos hacia territorio estadounidense.
Por su parte, Los Viagras, nacidos como una facción en la convulsa región de Tierra Caliente en Michoacán, pasaron de la extorsión sistemática a productores agrícolas y el control de laboratorios de metanfetamina a involucrarse en las redes globales de distribución de fentanilo en alianza o disputa con otras macroestructuras delictivas.
Esta adición no ocurre de forma aislada, sino que complementa una lista previa de ocho agrupaciones criminales de gran escala que ya habían sido marcadas bajo el sello de organizaciones terroristas extranjeras.
Entre esos grupos designados previamente se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, las facciones derivadas de Los Zetas y otras redes transnacionales asociadas como el Tren de Aragua.
Al sumar al Cártel de Juárez y a Los Viagras, el gobierno de los Estados Unidos busca cerrar el cerco sobre diez de los actores criminales más prominentes que operan en territorio mexicano, abarcando desde las fronteras del norte hasta los centros de producción e insumos en el occidente del país.
Las implicaciones para el gobierno mexicano son profundas y complejas. En el plano jurídico y de soberanía, la etiqueta de terrorismo combinada con la noción de armas de destrucción masiva habilita al Departamento de Defensa y a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a contemplar mecanismos de persecución mucho más agresivos, que van desde el congelamiento total de bienes y sanciones a terceros países o empresas que colaboren con ellos, hasta la presión diplomática para concretar extradiciones de manera expedita.
Asimismo, abre el debate legal en Washington sobre la posibilidad de ejecutar operaciones unilaterales o de fuerza directa argumentando la legítima defensa frente a amenazas terroristas.
Para las autoridades de México, este escenario incrementa la presión sobre las políticas internas de seguridad e inteligencia militar.
Obliga a elevar la prioridad en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la incautación de precursores de fentanilo en las aduanas marítimas y terrestres, al tiempo que condiciona la agenda bilateral a un esquema de cooperación donde Washington exige resultados contundentes para evitar que la narrativa de intervención siga ganando terreno entre los legisladores estadounidenses.
