Por. J. Jesús Lemus
La crisis de inseguridad que azota al estado de Zacatecas ha alcanzado dimensiones operativas y políticas alarmantes, convirtiendo a la entidad en uno de los epicentros estratégicos más disputados dentro del mapa del crimen organizado en México.
Su posición geográfica, que funciona como un conector natural entre los puertos del Pacífico, el centro del país y la frontera norte hacia Estados Unidos, ha transformado sus carreteras y municipios en corredores indispensables para el trasiego de drogas, el control de precursores químicos y el tráfico de armas.
En este contexto, la escalada de homicidios dolosos, las masacres en zonas públicas, las desapariciones forzadas y los desplazamientos de comunidades enteras se han extendido prácticamente a lo largo de los 58 municipios del territorio zacatecano, afectando tanto a zonas urbanas como a comunidades rurales donde el tejido social ha quedado severamente fragmentado.
El panorama de violencia se ha profundizado tras la irrupción y consolidación de frentes delictivos que disputan el control territorial, destacando de manera particular las facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa.
En fechas recientes, la tensión institucional llegó a un punto crítico debido a la difusión de pronunciamientos públicos y grabaciones en los que presuntos integrantes de esta organización criminal afirmaron operar bajo supuestos arreglos y acuerdos pactados directamente con el gabinete y la administración del gobernador de la entidad, David Monreal.
Estas aseveraciones, lanzadas en el marco de adjudicaciones de hechos violentos y ejecuciones masivas, han generado una seria conmoción política, ya que no solo buscan desacreditar la postura oficial del gobierno del estado, sino que sugieren la existencia de un contubernio que garantizaría impunidad o ventajas operativas a favor de ciertas facciones frente a sus rivales.
Ante la gravedad de estas declaraciones públicas y el impacto institucional que conllevan, las autoridades estatales han reaccionado rechazando categóricamente cualquier vínculo, pacto o componenda con el crimen organizado, calificando los materiales audiovisuales como intentos de manipulación política o de desestabilización mediática.
Sin embargo, la brecha entre el discurso gubernamental y la percepción ciudadana se ensancha ante la falta de acciones judiciales contundentes en el fuero federal.
A pesar de que los señalamientos involucran la operación de un cartel transnacional y cuestionan la integridad de servidores públicos de alto nivel, la Fiscalía General de la República no ha iniciado formalmente una carpeta de investigación específica ni ha iniciado un expediente de indagatoria que busque esclarecer la veracidad de dichas acusaciones o determinar eventuales responsabilidades penales de funcionarios locales.
Esta omisión o inacción por parte del órgano autónomo de procuración de justicia a nivel federal resalta como un elemento clave dentro de la crisis. La falta de un peritaje judicial independiente que indague las denuncias públicas deja un vacío de certezas que alimenta las sospechas de protección política e impunidad.
Mientras las áreas de seguridad gubernamentales defienden que existen avances en la reducción de indicadores delictivos en comparación con años previos, la realidad sobre el terreno sigue marcada por la constante violencia delictiva, el asesinato de elementos policiales y la vulnerabilidad de la población civil, la cual atestigua cómo los grupos delictivos disputan el control de los municipios bajo el manto de señalamientos de colusión que no son investigados penalmente.
Zacatecas, en la disputa del crimen
La disputa por el control territorial y de infraestructura en Zacatecas involucra principalmente a dos de las mayores macroestructuras del crimen organizado en el continente, acompañadas por células locales y remanentes de otras agrupaciones históricas. El factor determinante que convierte a esta entidad en un campo de batalla prioritario es su red de autopistas y carreteras interstatales.
Zacatecas no es un gran centro urbano ni un mercado masivo de consumo local, sino un nudo logístico crucial que conecta los puertos del océano Pacífico y el centro de la República Mexicana con las fronteras del norte en Texas y Nuevo México, lo que resulta indispensable para el trasiego de fentanilo, metanfetaminas y armas.
El Cártel de Sinaloa mantiene una presencia histórica en la región, operando predominantemente desde la franja centro y norte del estado hacia los límites con Durango, Coahuila y Chihuahua.
A través de facciones armadas como la Operativo MZ o Fuerzas Especiales MZ, asociadas a la línea tradicional de Ismael el Mayo Zambada, esta organización ha buscado afianzar el dominio de municipios emblemáticos como Fresnillo, Sombrerete y Calera. Su estrategia combina el despliegue de células fuertemente armadas en zonas rurales con el control de caminos secundarios y terracerías que permiten conectar la zona serrana con sus bastiones del noroeste del país.
Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió con fuerza expansiva para arrebatar corredores estratégicos, posicionándose fuertemente desde el sur del estado hacia los límites con Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y San Luis Potosí. Esta organización criminal ha desplegado un modelo altamente violento enfocado en ganar municipios clave como Jerez, Tepetongo, Valparaíso, Pinos y Ojocaliente.
La presencia del grupo jalisciense ha estado acompañada de un uso ostentoso de equipamiento táctico, vehículos con blindaje artesanal e incursiones en comunidades rurales donde han sitiado poblaciones e interrumpido servicios básicos y telecomunicaciones para someter a la población local.
A la confrontación entre estos dos gigantes se suman los remanentes y células locales asociadas al Cártel del Golfo y a las fracciones derivadas de Los Zetas, como el Cártel del Noreste. Aunque estas agrupaciones han perdido el monopolio territorial que ostentaban en décadas pasadas, continúan operando en zonas limítrofes con San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.
Sus actividades se centran en el cobro de piso, la extorsión a comercios y mineras, el narcomenudeo y el robo a transporte de carga en las carreteras federales, actuando en ocasiones como aliados temporales o mercenarios para los carteles de mayor envergadura.
La pugna entre estos actores criminales ha provocado episodios de extrema violencia que impactan de manera directa a la sociedad civil.
Las dinámicas de enfrentamiento incluyen bloqueos carreteros con vehículos incendiados, la colocación de mensajes amenazantes en puentes y vías públicas, ejecuciones de elementos policiales locales y el fenómeno del desplazamiento forzado masivo en comunidades de la sierra de Jerez y Valparaíso, donde cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares y tierras agrícolas debido a las balaceras constantes y las presiones del reclutamiento forzado.
Aunque en diversos periodos analistas de seguridad han documentado fluctuaciones en los niveles de homicidios debido a reordenamientos territoriales o treguas temporales entre facciones para mantener rutas operativas hacia el norte, Zacatecas permanece sumido en una fragilidad estructural.
La presencia coordinada de las fuerzas federales y estatales busca contener los avances de ambos carteles, pero la capacidad financiera y de fuego que despliegan estas organizaciones sigue tensionando el mapa de seguridad en todo el centro y norte del país.
