Por. J. Jesús Lemus
En lo que la oposición y diversos sectores críticos han bautizado y catalogado abiertamente como el “Narcofest” -la movilización oficialista para conmemorar los dos años del triunfo electoral de la llamada Cuarta Transformación—, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una estrategia de alto riesgo: elevar al máximo la tensión de la confrontación con la Casa Blanca.
Desde el estrado principal en el Monumento a la Revolución, ante miles de simpatizantes movilizados de todo el país, Sheinbaum no dudó en trenzarse en un ríspido choque de narrativas con la administración de Donald Trump. El epicentro de la disputa tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, hoy bajo el asedio judicial de Washington.
Rubén Rocha Moya esta acusado por el gobierno de Estados de Unidos de haberse aliado, desde el gobierno del estado de Sinaloa, con el Cártel de Los Chapitos, a los que ayudó protegiendo su operación delictiva en Sinaloa, escoltando cargas de fentanilo de Culiacán a Nogales y proporcionado armas y explosivos.
Frente a una marea de consignas partidistas, el discurso presidencial abandonó rápidamente el tono tradicional de un informe de rendición de cuentas para transformarse en un blindaje político e institucional.
Sheinbaum calificó formalmente los reclamos, investigaciones y solicitudes de extradición emitidas por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses como un “claro acto de injerencismo” que atenta directamente contra la soberanía nacional.
“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera (…) ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia”, lanzó de forma tajante la mandataria.
Para justificar el cobijo al exmandatario sinaloense, Sheinbaum matizó asegurando que su gobierno “nunca defenderá la corrupción ni la colusión con el crimen”, pero insistió en que cualquier proceso penal debe ser materia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial mexicano. En la práctica, la narrativa oficial busca arrebatarle a Washington la narrativa de la justicia, retratando las acciones estadounidenses no como un combate genuino al narcotráfico, sino como una agresión política.
Este mítin político —reiteradamente criticado por los bloques opositores bajo el apelativo de “Narcofest” debido al contexto criminal que rodea a las figuras defendidas— marca una ruptura clara en las formas diplomáticas. El discurso evidencia un choque directo con la agresiva política antidrogas de Donald Trump, quien ha colocado la infiltración de los cárteles en la política mexicana como su principal blanco de presión bilateral.
Sheinbaum fue más allá al politizar las intenciones de la Casa Blanca, sugiriendo de forma abierta la hipótesis sobre el origen de las presiones de Washington:
¿Es un interés legítimo para combatir el crimen? ¿O estamos viendo a sectores de la ultraderecha estadounidense utilizando a México para posicionarse rumbo a sus elecciones de noviembre? Cuestionó. ¿O acaso pretenden influir en las elecciones intermedias de 2027 en nuestro país?
Con la frase “¡México no es piñata de nadie!”, la presidenta mexicana desafió directamente las advertencias de Washington, que previamente han amagado con utilizar la entrega o protección de Rubén Rocha Moya como un medidor definitivo para calificar la cooperación de México frente a los ojos del aparato de inteligencia de los Estados Unidos.
El dilema para el gobierno federal sigue siendo de un altísimo costo político, atrapado entre las exigencias de extradición de Trump y la imperiosa necesidad partidista de no aceptar la etiqueta de un “narcogobierno” frente a sus bases.
