Por. J. Jesús Lemus
La narrativa de la salud financiera del sector público en México enfrenta hoy una contradicción técnica inocultable. Mientras los comunicados oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defienden una trayectoria “sostenible” y sitúan el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— rondando el 50.4% y el 52.9% del Producto Interno Bruto (PIB), el ritmo de crecimiento nominal de los pasivos cuenta otra historia. La velocidad del endeudamiento ha comenzado a desacoplarse del crecimiento de la economía real.
Es decir, la deuda pública registra un crecimiento sin precedente. Solo en lo que va de los ocho años de la Cuarta Transformación, entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la deuda ha crecido en casi 9 billones de pesos.
La mayor parte de esa deuda se ha destinado al sostenimiento del programa de asistencia social, que no siempre va a los mas necesitados, el que se sostiene solo para no perder el control de las masas y sostener ficticiamente una popularidad que no se ha alcanzado con la forma de gobierno, sino mediante un endeudamiento extremo.
Históricamente, el endeudamiento público se justificaba bajo el principio económico de financiar infraestructura productiva (carreteras, puertos, refinerías) capaz de generar retornos y crecimiento a largo plazo.
Sin embargo, la actual rigidez del presupuesto federal demuestra que una parte sustancial de los recursos obtenidos mediante financiamiento se ha destinado a fondear el gasto corriente comprometido en los Programas para el Bienestar, como Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
El blindaje constitucional de estos programas sociales los convirtió en obligaciones financieras ineludibles y permanentes. En términos político-electorales, la ampliación de coberturas y el incremento en los montos de los subsidios directos han coincidido sistemáticamente con los periodos previos a los comicios federales y locales.
Al no estar respaldados por una reforma fiscal estructural que eleve la recaudación de forma permanente, estos compromisos generaron un déficit primario histórico.
La consecuencia es clara para cualquier mesa de análisis: se está pidiendo prestado para pagar transferencias de efectivo, un esquema que incentiva el consumo de corto plazo y el dividendo político en las urnas, pero que debilita el espacio fiscal para la inversión en salud, educación y mantenimiento de infraestructura básica.
Para entender la dimensión del panorama fiscal actual, es necesario contrastar la trayectoria de la deuda respecto al PIB al cierre de cada administración desde 1994, rastreando cómo cada mandatario manejó los pasivos del país.
| Administración / Periodo | Deuda como % del PIB al cierre | Contexto Estructural y Destino de los Pasivos |
| Ernesto Zedillo (1994-2000) | ~30.6% | Marcado por el rescate bancario (Fobaproa) tras la crisis del “Error de Diciembre”. El endeudamiento privado se convirtió en deuda pública para salvar el sistema financiero. |
| Vicente Fox (2000-2006) | ~29.5% | Periodo de estabilidad y excedentes petroleros históricos. Se mantuvo la deuda controlada y a la baja en términos de proporción del PIB, aunque se criticó el desperdicio del gasto corriente corriente. |
| Felipe Calderón (2006-2012) | ~37.2% | Absorbió el impacto de la crisis financiera global de 2008. La deuda creció cerca de 8 puntos del PIB debido a estímulos contracíclicos y la caída en los ingresos fiscales y petroleros. |
| Enrique Peña Nieto (2012-2018) | ~44.8% | Crecimiento acelerado de la deuda (más de 7 puntos del PIB) en un contexto de reformas estructurales. El gasto no se tradujo en el crecimiento económico prometido del 4%. |
| Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) | ~49.7% | Entregó la deuda rozando el 50% del PIB. Aunque resistió el endeudamiento en la pandemia (2020), el último año de su gestión (2024) operó con el déficit fiscal más alto en tres décadas para concluir megaproyectos y asegurar la transición de los programas sociales. |
| Claudia Sheinbaum (2024-Presente) | ~50.4% a 52.9% | Inicia gestión heredando un piso elevado. La SHCP busca estabilizarla en torno al 52.3% para finales de este ciclo, enfrentando la presión de los programas sociales ampliados y las altas tasas de interés del Banco de México (6.75%). |
El balance comparativo expone una paradoja en el discurso de la llamada “austeridad republicana”:
Mientras que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto entregaron balances por debajo de la mitad del tamaño de la economía, la administración de López Obrador rompió esa barrera sicológica, dejando los pasivos en un estimado de 49.7% del PIB. El argumento oficial apuntó a factores externos y al rescate de PEMEX, pero los registros de la SHCP confirman que el gasto de cierre de sexenio en 2024 fue el principal catalizador.
El gobierno de Claudia Sheinbaum opera en una banda estrecha de maniobra. En lo que va de su mandato, la medida amplia de la deuda se ha ubicado entre el 50.4% y el 52.9% del PIB. La diferencia sustancial con sus predecesores radica en que Sheinbaum no cuenta con los “guardaditos” o fideicomisos que fueron liquidados en el sexenio anterior, ni con márgenes holgados de crecimiento económico.
Mientras que administraciones pasadas (como la de Peña Nieto o Calderón) incrementaron la deuda justificándose en las crisis internacionales o la transición energética, la actual administración incrementa el saldo nominal de los pasivos a un ritmo del 12.4% nominal, superando con claridad al avance del PIB nominal (que marcha al 4.6%).
El foco rojo no se encuentra en el riesgo de un impago inmediato, sino en el costo financiero de la deuda. Al mantenerse las tasas de interés de referencia elevadas para contener la inflación, pagar los intereses de lo que México debe consume hoy más recursos federales que lo destinado a la inversión pública total.
El modelo de financiamiento del gasto social mediante el incremento del déficit fiscal se encuentra en un punto de inflexión. Si la economía mexicana no logra acelerar su crecimiento real por encima del 2% anual, la presión de las agencias calificadoras internacionales sobre la nota crediticia soberana aumentará, estrechando aún más las opciones de una administración que ha decidido que los programas sociales son políticamente intocables, volviendo los pasivos estructuralmente permanentes.
