Por. J. Jesús Lemus
Las alertas en las agencias de inteligencia y justicia de los Estados Unidos (DEA, FBI y el Departamento del Tesoro) se han encendido con fuerza respecto a la seguridad fronteriza y el control marítimo en México. Los focos rojos apuntan directamente hacia las gestiones de dos gobernadoras clave de la Costa del Pacífico: Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, e Indira Vizcaíno Silva, de Colima.
A través de filtraciones, retiros de visados e indagatorias paralelas que ya han tocado el terreno de la Fiscalía General de la República (FGR) en México, se sabe que Washington teje expedientes que ligan el poder político regional con las dos organizaciones criminales más expansivas del país: el Cártel de Sinaloa, a través de la facción de “Los Rusos” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el norte, la presión de las agencias estadounidenses sobre el gobierno de Marina del Pilar Ávila dejó de ser un secreto de pasillo para convertirse en una crisis institucional a inicios de 2026.
El Departamento de Estado de EE.UU. asestó el primer golpe directo al entorno íntimo de la gobernadora al revocar la visa americana y la tarjeta SENTRI a su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, quien fungía como coordinador de proyectos estratégicos de su gobierno, y a su círculo político cercano, incluyendo a legisladores y secretarios locales.
Inteligencia financiera de EE.UU. comparte información con una carpeta de investigación abierta en la FGR, derivada de denuncias que acusan formalmente a esta red de retención ilegal de mercancías en los cruces fronterizos de Baja California, exigiendo pagos millonarios para su liberación.
También de les acusa de dispersión de fondos ilícitos mediante notarías locales e inversión en bienes raíces de lujo en territorio estadounidense.
Los testimonios bajo resguardo judicial señalan presuntos pagos mensuales de hasta 50,000 dólares destinados a permitir las operaciones de la facción de “Los Rusos” —brazo armado de la vertiente del Cártel de Sinaloa tradicionalmente ligada a Ismael “El Mayo” Zambada— para mantener el control de la plaza de Mexicali y la ruta de tráfico hacia California.
Sobre esto, Marina del Pilar se ha desmarcado públicamente de las acusaciones argumentando que su patrimonio es transparente y que confía en las indagatorias de la FGR, mientras la presión política en el estado exige su separación del cargo para no entorpecer el caso.
Colima: La Batalla Campal por la Aduana de Manzanillo
En el centro del Pacífico, la situación de Indira Vizcaíno en Colima se analiza desde Washington bajo una óptica estrictamente de seguridad hemisférica. El estado de Colima, a pesar de su tamaño territorial, es considerado por el Departamento de Justicia de EE.UU. como uno de los puntos más críticos del continente debido al Puerto de Manzanillo.
Para las agencias estadounidenses, el Puerto de Manzanillo es la principal aduana de entrada de precursores químicos provenientes de Asia para la elaboración de fentanilo y metanfetaminas.
Los informes de inteligencia norteamericanos sostienen que la administración estatal de Indira Vizcaino ha sido rebasada —o ha mostrado permisividad— ante el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el control de las estructuras logísticas del puerto y las rutas terrestres que llevan a la localidad de Manzanillo, una región controlada por el narco.
Desde la llegada de Indira Vizcaíno al poder, los índices de narcomenudeo registran incrementos superiores al 50 por ciento, mientras que los homicidios dolosos colocaron a Colima como la entidad con mayor tasa de violencia por cada 100,000 habitantes.
Informes desde adentro del Centro Nacional de Inteligencia refieren que las investigaciones federales sobre Colima giran en torno a cómo el CJNG fracturó a los operadores locales, como “Los Mezcales” para adueñarse de la aduana, desplazando las rutas del Cártel de Sinaloa, lo que no se pudo haber logrado sin la ayuda del gobernó estatal.
Ante las sospechas de infiltración en las policías locales y las estructuras portuarias civiles, el gobierno federal de México y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han visto obligados a militarizar por completo la seguridad y la administración del recinto portuario mediante la Secretaría de Marina (SEMAR) para contener el tráfico de drogas hacia EE.UU.
Los expedientes abiertos en el exterior contra ambas administraciones estatales reflejan la misma preocupación estructural que Washington ha mantenido en la última década: la vulnerabilidad de los gobiernos estatales mexicanos frente al dinero y la coerción de las grandes federaciones del narcotráfico.
Mientras que en Baja California la investigación avanza por la vía judicial y financiera tocando las puertas del núcleo familiar de la gobernadora, en Colima la crisis se mide en toneladas de precursores químicos decomisados y en una estrategia de seguridad nacional que le ha arrebatado el control de su puerto más importante a las autoridades civiles para ponerlo en manos de la Armada.
