Por. J. Jesús Lemus
En la estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos, Michoacán ha dejado de ser visto únicamente como un foco de violencia territorial para convertirse en un objetivo prioritario de inteligencia financiera.
Aunque la diplomacia estadounidense suele ser cautelosa con las cifras exactas y los nombres en fases de instrucción, las agencias de Washington, la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro, FBI y la DEA, mantienen abiertas carpetas de investigación y rastreos de activos que tocan los entornos de las últimas administraciones estatales.
¿Por qué Michoacán? ¿Qué es lo que ha transformado la “duda” en investigaciones financieras formales?
Washington no construye casos basados en sospechas al aire; lo hace siguiendo la ruta del dinero y cruzando datos de inteligencia militar y judicial. Las alarmas sobre los gobernantes michoacanos se encendieron por diversos factores:
Informes de inteligencia, incluyendo análisis de agencias de defensa y testimonios en cortes federales, han apuntado de forma insistente que grupos como Cárteles Unidos, Los Viagras y el CJNG operaron políticamente en los últimos procesos electorales del estado.
Para EE.UU., cuando un grupo criminal “vota” o financia campañas mediante coacción e inyección de efectivo, el gobernante electo adquiere una deuda. El rastreo de estas redes de protección es lo que busca determinar si los círculos financieros de los gobernadores recibieron flujos ilícitos para la estructura de sus campañas.
La duda de las agencias no nace de la nada, sino de la proximidad. Un argumento de peso para Washington es la captura y posterior sentencia en cortes de Florida de personajes con nexos consanguíneos o políticos directos con las altas esferas del poder local, como el caso de los Comparán-Bedolla.
También destaca la detención en EE.UU. de exsecretarios de finanzas estatales, acusados por desvío de recursos públicos y peculado. El Departamento de Justicia aplica la lógica de que el lavado de dinero a gran escala en un estado no puede ocurrir sin la complacencia —o participación activa— del aparato Ejecutivo local.
Michoacán es el principal exportador de aguacate y limón hacia Estados Unidos, un negocio multimillonario. Las agencias estadounidenses detectaron que el crimen organizado ya no solo trafica fentanilo o metanfetaminas, sino que ha colonizado la economía legal.
La duda sobre los gobernadores radica en cómo y dónde se blanquean esas ganancias. El flujo de dinero a través de empresas fantasma, contratos gubernamentales de obra pública y la adquisición de bienes raíces en Texas, California y Florida por parte de políticos locales encendieron los reportes de operaciones sospechosas (SARs) del sistema financiero estadounidense.
En la estrategia de seguridad de Washington, endurecida bajo la mirada del Capitolio y el Departamento de Estado sobre los gobernadores del partido oficialista y de oposición, la cancelación masiva de visados a mandatarios y sus familias se ha convertido en el primer paso para forzar la cooperación.
EE.UU. ha detectado inconsistencias patrimoniales severas: funcionarios con salarios públicos que poseen cuentas, fideicomisos o realizan viajes médicos y de compras con un nivel de vida que no cuadra con sus declaraciones patrimoniales en México.
Para el gobierno de Estados Unidos, Michoacán es una pieza neurálgica. Las agencias fiscales y de investigación estadounidenses argumentan que la persistencia de la violencia, el desplazamiento forzado y el control criminal de la agricultura en el estado solo se explican mediante una red de protección institucional al más alto nivel.
El dinero siempre deja huella, y la investigación financiera busca asfixiar esas fortunas que cruzaron la frontera antes de que los expedientes se conviertan en acusaciones formales (indictments) en las cortes federales.
