Por. J. Jesús Lemus
Las calles de la capital vuelven a convertirse en el escenario de un viejo y profundo conflicto. Campamentos en el Zócalo, marchas masivas y amagos de protestas de cara a eventos de alta visibilidad, como el inicio del Mundial de Futbol, reflejan que la relación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal de la 4T pasa por un momento de alta tensión.
Para entender qué está pasando, hay que dividir el conflicto en dos realidades: lo que exigen los maestros y las razones financieras y políticas que frenan a la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir compromisos laborales que fueron contraídos al calor de la campaña política que la llevó a la presidencia.
La CNTE —la facción más radical y disidente del sindicato de maestros— argumenta que las reformas de los sexenios pasados precarizaron la labor docente. Aunque sus demandas abarcan temas administrativos, el núcleo de su protesta es económico y de seguridad social:
Exigen borrar la reforma aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón, la cual eliminó las jubilaciones pagadas directamente por el Estado y dio paso al sistema de cuentas individuales (Afores).
Quieren volver al sistema anterior, donde un maestro podía jubilarse con el 100% de su último sueldo base al cumplir los años de servicio.
Aunque el gobierno ha otorgado incrementos, como el del 10%, la CNTE exige un aumento del 100% al sueldo base, argumentando que la inflación se ha comido su poder adquisitivo.
Buscan desaparecer la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, un organismo que regula la asignación de plazas y ascensos, al que la CNTE califica de unilateral y opaco.
¿Por qué la presidenta no quiere derogar la Ley de Pensiones de 2007?
Durante la campaña, el discurso de la llamada “Cuarta Transformación” coqueteó con revertir las reformas neoliberales. Sin embargo, ya en el Poder Ejecutivo, la realidad macroeconómica ha obligado a la presidenta a fijar una postura pragmática. Su negativa a derogar la ley de 2007 se sostiene en tres argumentos clave:
1. Boquete financiero y viabilidad del Estado: Volver al sistema anterior a 2007 significaría que el Estado tendría que asumir por completo el costo de las pensiones de cientos de miles de trabajadores del Estado a un esquema de beneficio definido. En palabras de la propia mandataria, esto representaría “una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano”. Hacerlo pondría en jaque los recursos destinados a programas sociales (como las pensiones del Bienestar), las obras públicas y el presupuesto operativo del país.
2. La apuesta por el Fondo de Pensiones para el Bienestar: El gobierno defiende que no se ha quedado de brazos cruzados. Se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un esquema solidario complementario que compensa a quienes ganan el salario medio para que se retiren con el 100%. La postura oficial es que este modelo es financieramente sostenible y preferible a regresar al pasado de golpe.
3. El costo político de ceder al 100%: Si el gobierno cede ante la CNTE y deroga la ley del ISSSTE para los maestros, abriría la puerta para que el resto de los sindicatos de burócratas y trabajadores del Estado exijan exactamente lo mismo, lo que provocaría un colapso fiscal en cadena.
El balance del conflicto
El gobierno federal ha intentado desactivar el paro ofreciendo alternativas, como crear una aseguradora pública para administrar recursos o congelar paulatinamente la edad de jubilación, pero para la CNTE estas propuestas resultan “insuficientes”.
Estamos ante un clásico choque de trenes: por un lado, un movimiento social que defiende derechos laborales históricos bajo la premisa de la justicia social; por el otro, un gobierno que, aun autodefiniéndose de izquierda, debe cuidar la disciplina fiscal y la estabilidad económica del país para no quebrar las finanzas públicas.
