Por. J. Jesús Lemus
Hacer periodismo en México es ejercer una profesión bajo constante amenaza. La violencia contra la prensa ha dejado de ser un fenómeno meramente coyuntural o exclusivo de las zonas en disputa por el crimen organizado; hoy se complementa con una estrategia sistemática de descalificación y asfixia desde las estructuras del Estado.
De acuerdo con el monitoreo histórico y los informes más recientes de organizaciones como Artículo 19, desde el año 2000 a la fecha se han documentado al menos 176 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor periodística.
La distribución geográfica del riesgo muestra que el fenómeno es generalizado, pero se concentra con mayor letalidad en regiones con profundas crisis de gobernabilidad, corrupción institucional y fuerte presencia del narcotráfico en sociedad con los gobiernos estatales.
Los seis estados que concentran la mayor letalidad contra la prensa en México
En México, seis entidades federativas concentran los focos rojos de la violencia contra la libertad de expresión. De acuerdo con los registros, la combinación de crimen organizado, colusión local y zonas de silencio mantiene a la prensa bajo un asedio constante.
1. Veracruz: El epicentro de la tragedia (31 asesinatos)
Veracruz se mantiene históricamente como el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México, acumulando 31 homicidios. Su periodo más oscuro se vivió durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte, donde se concentraron 18 de estos casos. Lejos de quedar en el pasado, la violencia en la entidad sigue activa; el caso más reciente se registró apenas en enero de este 2026, demostrando que las garantías para los reporteros veracruzanos siguen siendo una deuda pendiente.
2. Guerrero y el control territorial (18 asesinatos)
Con18 ejecuciones registradas, Guerrero se posiciona como un territorio de altísimo riesgo. La vulnerabilidad de los reporteros en esta zona responde directamente al férreo control territorial que ejercen diversos grupos criminales, sumado a una persistente colusión de las autoridades locales que deja a los trabajadores de los medios en total desamparo.
3. Chihuahua: Violencia en la frontera (17 asesinatos)
El estado fronterizo acumula 17 crímenes contra la prensa, marcados fuertemente por investigaciones periodísticas de alto impacto. Los reporteros en Chihuahua han sido blanco de ataques por visibilizar el narcotráfico, el despojo de tierras y las dinámicas criminales en la frontera, destacando casos emblemáticos e impunes como el de la periodista Miroslava Breach.
4. Oaxaca: El asedio a las voces comunitarias (15 asesinatos)
En Oaxaca, la violencia contra la prensa ha cobrado la vida de 15 comunicadores. A diferencia de otras regiones, el contexto oaxaqueño se caracteriza por agresiones físicas directas, retenes y un asedio constante en contra de la radio comunitaria e independiente, que suele ser la única vía de información para las poblaciones más vulnerables.
5. Tamaulipas: Las “zonas de silencio” (14 asesinatos)
Tamaulipas registra 14 asesinatos de periodistas, pero su cifra va más allá de los homicidios: es una de las zonas de mayor silencio informativo en todo el continente. El secuestro y la ejecución sistemática de reporteros que cubren la fuente policiaca ha obligado a los medios locales a callar para poder sobrevivir.
6. Michoacán: Desapariciones y censura (13 asesinatos)
Cerrando este doloroso indicador, Michoacán suma 13 crímenes en una coyuntura crítica donde confluyen el control de economías tanto lícitas como ilícitas por parte de los cárteles. En esta entidad, el modus operandi contra la prensa incluye la desaparición forzada de comunicadores y el asedio digital y físico a portales de noticias locales.
El informe anual de Artículo 19 de mayo de 2025 “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” reveló que los homicidios de periodistas casi se duplicaron en el periodo de transición entre 2024 y 2025, concentrándose los casos más recientes en entidades como Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Sonora.
El Discurso de Denostación como Catalizador de la Violencia
La violencia física que sufren los reporteros en las regiones no ocurre en un vacío. El ecosistema informativo se ha envenenado sistemáticamente a partir del uso de las tribunas públicas más importantes del país para estigmatizar el trabajo de la prensa.
Al catalogar diariamente al periodismo crítico o de investigación como “adversario”, “corrupto”, “conservador” o “vocero de intereses oscuros”, se despoja al comunicador de su legitimidad social.
Cuando la máxima autoridad del país señala a un reportero, emite un mensaje implícito a los gobernadores, presidentes municipales y caciques locales: el periodismo crítico carece de protección política. Esto funciona como una luz verde para que los agresores locales actúen con total impunidad.
Las menciones negativas en los espacios oficiales activan de inmediato maquinarias de propaganda y granjas de bots que difunden datos personales, amenazan de muerte y cercan digitalmente a los periodistas independientes, destruyendo su tranquilidad y su entorno familiar.
El Estado, Copartícipe del Asedio al Periodismo Independiente
El hallazgo más alarmante del informe de Artículo 19 de mayo de 2025 es la mutación del agresor. El mito de que “al periodista solo lo mata el narco” se ha desmoronado con datos duros:
Los principales perpetradores de las agresiones contra comunicadores en el país son funcionarios públicos (31%), seguidos por corporaciones privadas (21%) y fuerzas de seguridad civil (17%). El crimen organizado aparece formalmente en el 7% de las agresiones directas documentadas, lo que demuestra que el aparato estatal es el primer censor.
Esta coparticipación del Gobierno Federal y las administraciones locales en las agresiones a comunicadores independientes opera bajo dos dinámicas claras:
1. El Castigo Financiero y la Exclusión del Aparato de Propaganda
El gobierno utiliza el presupuesto de la publicidad oficial no para informar, sino como un mecanismo de control de daños y sumisión editorial. Los medios y periodistas independientes que se niegan a alinearse a la narrativa gubernamental son excluidos por completo de las pautas publicitarias (asfixia económica), vetados del acceso a la información pública, conferencias de prensa y entrevistas y sometidos a auditorías fiscales e investigaciones administrativas de forma desproporcionada.
2. El Acoso Judicial y la Vigilancia Sofisticada
A falta de argumentos, el Estado recurre al aparato legal. En promedio, en el último año se abrió un nuevo proceso legal -civil, administrativo o penal- cada seis días contra un periodista o medio de comunicación en el país. A esto se le suma el uso continuo de tecnologías de espionaje y vigilancia contra quienes investigan corrupción al más alto nivel, finanzas públicas o violaciones a derechos humanos.
Las estadísticas demuestran que el riesgo en las regiones sigue siendo letal, pero el factor de agravamiento actual es el diseño de una estructura de silencio institucional. Al no formar parte de la propaganda oficial, el periodista independiente en México se enfrenta hoy a una doble pinza: el plomo del crimen organizado en las calles y la persecución, el ahogo económico y la descalificación moral desde las oficinas del poder.
