La Guerra Fría del Fentanilo; ya hay operaciones de agentes de la DEA, CIA y FB de EUA en suelo mexicano

Por. J. Jesús Lemus

Bajo una atmósfera de alta tensión diplomática y el constante amago de Washington por catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos (DEA, FBI y CIA) mantienen un despliegue operativo —formalmente encubierto bajo convenios de cooperación— enfocado de forma quirúrgica en el corazón de la producción y logística del fentanilo y metanfetaminas.

La estrategia estadounidense ha dejado de depender exclusivamente de los grandes operativos de captura para centrarse en la asfixia financiera, el rastreo de precursores químicos provenientes de Asia y la interceptación tecnológica en seis puntos críticos del país:

Sinaloa y Jalisco, son las entidades y zonas de máxima prioridad para la DEA, por el elevado índice de producción de fentanilo. El objetivo es desmantelar la estructura tecnológica y las redes de laboratorios urbanos y rurales del Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Los estados de Chiapas y Guerrero, son identificados por las agencias como las principales puertas de entrada para precursores químicos en el Pacífico y la frontera sur, donde la CIA monitorea las rutas logísticas que cruzan Centroamérica.

Por lo que hace a los estados de Michoacán y Estado de México, esto se consideran puntos neurálgicos de distribución interna y procesamiento rápido de drogas sintéticas en áreas industriales y bodegas periféricas.

La percepción de una supuesta “pasividad” en las políticas oficiales de México ha sido el principal argumento de los sectores más duros en Washington para presionar por una intervención directa. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente periodística, el panorama muestra una profunda transición en la estrategia de seguridad mexicana:

Mientras que la narrativa estadounidense suele presionar por la militarización inmediata y las extradiciones masivas, la política interna busca alejarse de la “guerra frontal” de administraciones pasadas, argumentando que el choque armado directo solo atomiza a los cárteles y dispara los homicidios colaterales.

Esta discrepancia de enfoques es la que genera la fricción constante: EE.UU. exige golpes espectaculares contra el fentanilo, mientras que las fuerzas armadas mexicanas operan bajo directrices que priorizan el desmantelamiento de laboratorios -más de 2,300 destruidos recientemente por el Ejército y la Marina- y la contención territorial.

En este complejo escenario, la figura de Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ha convertido en el puente y el ariete del gobierno mexicano. Su gestión no atina al combate mediante el choque de convoyes, sino a través de una reingeniería institucional basada en el modelo de inteligencia policial, el que instituyó Genaro García Luna.

La centralización de la inteligencia, ha transformado la SSPC en un centro de acopio de datos criminales que coordina directamente a las fiscalías locales, la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y el Ejército, que poco sirven al momento de buscar resultados palpables.

La Estrategia de Seguridad de Harfuch se enfoca en objetivos prioritarios bien fundamentados legalmente para evitar que los detenidos salgan libres por fallas en el debido proceso, pero eso no garantiza la desarticulación de las organizaciones criminales.

Los reportes oficiales del gabinete de seguridad reflejan el decomiso de decenas de toneladas de droga en alta mar, el desmantelamiento de redes de extorsión y golpes financieros clave a células del Cártel de Sinaloa y operadores de alto nivel en Jalisco, sin embrago nada de esos es demostrable.

La relación bilateral en materia de narcotráfico se encuentra en un pragmatismo frío. Estados Unidos mantiene sus ojos y oídos en los estados clave de México a través de la DEA y el FBI, operando al límite de la soberanía permitida.

Por otro lado, México responde reemplazando la inercia con el esquema de García Harfuch: un modelo que busca demostrarle a Washington que la inteligencia y la investigación criminal rinden mejores frutos y causan menos derramamiento de sangre que la guerra abierta del pasado.