Por. J. Jesús Lemus
La presencia del crimen organizado, utilizado como brazo armado de la minera Mag Silver Corp., y solapado por las fuerzas policiales del estado, fue denunciada en diversas ocasiones, ante instancias federales, por parte de los ejidatarios de Benito Juárez, en Chihuahua, pero nunca hubo una respuesta formal de la autoridad; por el contrario, las agresiones arreciaron contra los denunciantes, a quienes se les comenzó a perseguir en forma insistente hasta que se lograba el cometido del desplazamiento de la zona, o en su caso la desaparición.
La participación criminal del ejército, al cuidar los intereses de la minera canadiense, se ejemplifica claramente con el caso de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes fueron secuestrados y desaparecidos por fuerzas federales, el 29 de diciembre del 2009, luego de ser sustraídos del interior de sus domicilios.
Los tres primos no participaban en movilizaciones, pero fueron señalados como incitadores del movimiento contra la minera desde una fuente de la policía municipal que utilizaba el ejército. Por esa razón un comando de 10 soldados ingresó la noche del 29 de diciembre del 2009 al domicilio donde se encontraban los primos, quienes se reunieron con familiares que llegaron desde Estados Unidos para celebrar las fiestas de fin de año; el comando militar ingresó buscando directamente a José Ángel Alvarado Herrera, pero sus primas Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, trataron de impedir la sustracción, por lo que también fueron llevadas por los elementos del ejército que llegaron con el rostro cubierto.
De acuerdo a la denuncia interpuesta por los familiares de los tres primos, los que se tuvieron que exiliar en Estados Unidos luego de presentar la denuncia por desaparición forzada, los responsables de la sustracción y desaparición de los tres jóvenes fueron elementos del ejército mexicano, quienes habrían actuado bajo las órdenes del Coronel Élfego José Luján Ruiz, quien en ese tiempo era el comandante del 35 Batallón de Infantería en la región de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, bajo las órdenes del general Felipe de Jesús Espitia.
Los señalamientos de los familiares de los tres desaparecidos puede que no estén equivocados, pues el Coronel Élfego José Luján Ruiz, apenas en enero del 2016, fue sentenciado por un juez penal a 33 años de prisión, por el delito de tortura y homicidio de dos civiles.
A Luján Ruiz se le encontró responsable, junto con otros cinco de sus subalternos militares, como responsables de haber torturado y dado muerte a los primos Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Nuevo Casas Grandes, luego de haberles encontrado en posesión de una pistola.
Los detenidos, Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, contrario a lo que marca la normatividad jurídica, no fueron puestos a disposición del agente del ministerio público, sino que fueron entregados por elementos de la policía municipal a la comandancia regional militar, desde donde se coordinaba el Operativo Conjunto Chihuahua, ordenado por el presidente Felipe Calderón como su estrategia nacional de combate al narcotráfico; según lo integrado en el expediente que sirvió para sentenciar condenatoriamente al Coronel Élfego José Luján Ruíz, los dos levantados, los dos entregados por la policía municipal, fueron sometidos a tortura, mediante el sistema de simulación de ahogamiento, a fin de que se reconocieran como integrantes del grupo criminal La Línea. Pero para el Estado, eso nunca ocurrió.
De acuerdo con dos de los militares que presenciaron la tortura de Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, y que declararon en contra del coronel Élfego José Luján Ruiz, luego de 10 horas de tortura, Jesús Alberto Campos Moreno murió por asfixia, en manos del grupo que lo mantenía en interrogatorio con una bolsa de plástico en la cabeza. Fue entonces cuando sobrevino la orden del Coronel Luján Ruíz, de dar muerte al sobreviniente Jorge Alejandro Yáñez, “para no dejar testigos”.
Los cuerpos de los dos primos fueron sacados del cuartel militar y sepultados en una fosa clandestina cerca del municipio de Agua Prieta, Sonora, donde fueron localizados casi dos meses después.
Luego de quedar demostrado plenamente el ilícito, el Juez Cuarto de lo Penal en Chihuahua, determinó que existía responsabilidad penal por parte de los militares, y junto con el Coronel, fueron sentenciados, también a 33 años de prisión, los subalternos Everardo Vega, Jorge Luis Calvario Abarca y Martín Jaime Juárez Reyes, a quienes se les imputo los delitos de tortura, homicidio e inhumación de cadáver, en tanto que los soldados Marcelo Cruz Ramírez y Ramón Natividad Loya Romero, fueron sentenciados a tres años tres meses de prisión, solo por el delito de tortura.
Pero la acusación por la muerte de los primos Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, no es la única que pesa sobre la actuación militar del Coronel Élfego José Luján Ruiz, actualmente enfrenta otro proceso penal en una corte marcial a cargo del Juez Quinto de la Primera Región Militar, en donde se encuentra radicada en la causa penal 181/2010, la que imputa al Coronel Luján Ruíz la muerte de los soldados Mario Alberto Guerrero León y Mario Alberto Peralta Rodríguez, quienes presuntamente habrían desertado de su batallón para sumare a las filas delictivas de la organización conocida como La Línea.
Según el expediente, los soldados Mario Alberto Guerrero, apodado “El Jano” y Mario Alberto Peralta, al que le decían “El Capulina”, con rangos de Soldado de Primera y Cabo, respectivamente, desertaron de la región militar a cargo del Coronel Luján Ruiz, luego de un operativo en el que detuvieron a dos presuntos integrantes de la organización criminal de la Línea, quienes los habrían sobornado por la cantidad de un millón de pesos a casa uno. Dicha acción causó irritación en el coronel Luján, quien habría dictado en forma inmediata la “orden prioritaria” de captura de los dos desertores.
“El Jano” y “El Capulina” fueron detenidos, por elementos militares enviados exprofeso por el coronel Luján, dos meses después de la deserción ocurrida en septiembre del 2008. Según el fiscal los dos desertores habrían sido llevados a la zona militar de Nuevo Casas Grandes, en donde el Coronel Lujan ordenó la muerte de sus dos ex elementos; “El Capulina” fue asesinado de un balazo en la cabeza, no sin antes ser torturado por espacio de dos días. Por su parte el “El Jano” fue asesinado a golpes por un grupo de 10 militares que se turnaron la sesión de tortura que pudio haber durado 20 horas.
Posteriormente, ya muertos, los cuerpos de los dos soldados desertores fueron maniatados, vendados de los ojos y despojados de sus ropas, a fin de aparentar el modus operandi de los grupos delictivos. Los dos cuerpos fueron trasladados en una camioneta militar desde Casas Grandes hasta un camino que conduce al municipio de Ascensión, donde fueron encontrados y su asesinato, en primera instancia, se atribuyó a un ajuste de cuentas entre células criminales.
En base a esos antecedentes, los familiares de los tres primos desaparecidos en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, no han dejado de insistir sobre la posible responsabilidad del Coronel Élfego José Lujan Ruíz, quien estaba a cargo de la partida de miliares que se llevó a Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Alvarado Herrera la noche del 29 de diciembre del 2009, pues -según se establece en el expediente que ahora se radica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)-, apenas los militares se llevaron a los tres primos, sus familiares fueron a buscarlos directamente a la sede del cuartel militar, pero no obtuvieron ninguna respuesta.
A la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que los familiares de Nitza Paola, Rocío Irene y José, cumplieron con el trámite de denunciar, ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Juárez, la desaparición forzada de sus familiares, de ha negado a ingresar a la prisión militar para interrogar al Coronel Élfego José Luján Ruiz, sobre el paradero de los tres desaparecidos.
