Por. J. Jesús Lemus
A un año de que arranque formalmente el proceso electoral intermedio de 2027, el tablero político en Morena se mueve a máxima velocidad. La dirigencia nacional del partido busca blindar el proceso adelantando los filtros y encuestas internas para atajar las rupturas. Sin embargo, el partido oficialista enfrenta el enorme reto de procesar ambiciones locales y, sobre todo, los pasivos políticos y cuestionamientos que arrastran sus cartas fuertes en las 17 entidades que renovarán gubernatura.
En Baja California, aspiran a ser gobernador Alejandro Ruiz Uribe, actual delegado federal de programas para el Bienestar, y Netzahualcóyotl Jáuregui, el que fuera secretario de Bienestar estatal.
Aquí, el principal lastre es la abierta y encarnizada guerra política interna entre el exgobernador Jaime Bonilla y el grupo de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila. Cualquiera que sea el abanderado cargará con el desgaste de un estado sumido en constantes crisis de seguridad pública, crisis hídrica en la frontera y acusaciones mutuas de corrupción y desvío de recursos públicos para fines electorales.
Baja California Sur quieren gobernar Homero Davis Castro, actual senador electo y Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz. Pero el cuestionamiento central gira en torno al crecimiento del crimen organizado en rutas marítimas y el rezago en infraestructura social frente a los megaproyectos turísticos de Los Cabos. La percepción de un gobierno estatal actual “gris” y con poca operación política efectiva debilita la marca.
En Chihuahua los aspirantes fuertes son Juan Carlos Loera, quien es actualmente senador, y Andrea Chávez, también senadora, pero afectada por su cercanía con Adán Augusto López Hernández, quien en breve será reclamado por el gobierno de Estados Unidos, por su relación con el crimen organizado.
El tema en contra, es el territorio hostil, gobernado por el PAN. A nivel local, a los perfiles de Morena se les asocia directamente con la crisis migratoria desbordada en Ciudad Juárez y los conflictos históricos por el agua de las presas, que es un tema altamente sensible para el sector agrícola chihuahuense. A Andrea Chávez la oposición la mantiene bajo la lupa mediática por acusaciones de supuesto uso de recursos públicos o aeronaves oficiales en el pasado.
En el Nuevo León, los que aspiran con mucha posibilidad, son Clara Luz Flores, actual diputada federal y exalcaldesa, y Tatiana Clouthier. Aquí el tema es que Clara Luz arrastra el histórico estigma de su derrota en 2021 tras desvelarse su video con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere. Por su parte, el flanco débil del morenismo en general en Nuevo León es el recelo del empresariado regiomontano hacia las políticas fiscales y energéticas de la federación.
En Sinaloa, los que se apunta es solo Imelda Castro, actual senadora, luego que Enrique Inzunza Cázarez, quien fue senador y exsecretario de Gobierno, que también aspiraba a ser gobernador, está siendo acusado por Estados Unidos de ser un colaborador del Cártel de Los Chapos.
El flanco es sumamente crítico. El próximo candidato o candidata de Morena en Sinaloa cargará con el costo político de la severa crisis de seguridad que ha azotado al estado, derivada de las fracturas del Cártel de Sinaloa. Además, persisten los señalamientos de Estados Unidos de presuntos nexos o pasividad del gobierno local frente a los grupos fácticos, sumado a las acusaciones de acoso sexual que en su momento persiguieron a Inzunza en el Poder Judicial local.
En Sonora, los aspirantes fuertes son Heriberto Aguilar, actual senador y exdirigente del partido en el estado, y Lorenia Valles Sampedro, que también es senadora.
El “talón de Aquiles” en Sonora es la persistente violencia en regiones clave como Cajeme, Guaymas y la zona desértica que conecta con EE.UU. que controlada por facciones del CJNG y del Cártel de Sinaloa. La oposición explotará la percepción de que el Plan Sonora y las megaobras federales no han contenido el deterioro de la seguridad pública real de los ciudadanos.
Michoacán tiene dos aspirantes serios y fuertes: Carlos Torres Piña, quien fue secretario de Gobierno y es actualmente Fiscal del Estado, y Raúl Morón Orozco, el que opera como senador.
Michoacán es una olla de presión. El candidato oficialista enfrentará el severo desgaste del gobierno de Alfredo Ramírez en materia de seguridad, con vastas regiones del estado, como Tierra Caliente y la Costa, bajo el asedio y las extorsiones del CJNG y células locales como Los Viagras. La división interna en Morena es profunda: las tribus locales están fracturadas y el “fuego amigo” por el control de las candidaturas locales podría provocar una sangrienta purga interna de votos.
En San Luis Potosí quieren gobernar Gabino Morales Mendoza, el que fue delegado de Bienestar, y un perfil dictado por la alianza con el PVEM como Ruth González Silva. El dilema aquí es el “pacto fáustico” con el Partido Verde y el grupo del gobernador Ricardo Gallardo. Si Morena cede la candidatura al Verde, las bases morenistas acusarán traición y entrega del estado a un clan político severamente cuestionado por opacidad financiera. Si Morena va solo, el aparato del estado operará en su contra. La infiltración del crimen organizado en la Huasteca y la zona metropolitana será el tema de campaña.
En Colima se postulan por Morena Viridiana Valencia Vargas, la exdelegada de Bienestar y Vladimir Parra Barragán.Colima se convirtió en este sexenio en una de las entidades con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del país debido a la disputa del puerto de Manzanillo entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. El relevo de Morena pagará la factura de una gestión estatal percibida como rebasada por la violencia y con serios problemas de liquidez financiera.
En Querétaro los aspirantes fuertes, son Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, y Paloma Arce Islas. En el bastión del PAN, el candidato de Morena enfrentará el rechazo de las clases medias urbanas. En el caso específico de Santiago Nieto, sus opositores desempolvarán constantemente las investigaciones y señalamientos sobre su patrimonio y su polémica salida de la UIF en 2021, además de acusarlo de ser un perfil “foráneo” sin arraigo real en los municipios del semidesierto y la sierra queretana.
Para el estado de Nayarit se postula el mismo Miguel Ángel Navarro Quintero, buscando continuidad a través de algún delfín político como Alba Cristal Espinoza o perfiles impulsados por el PVEM.
El estado enfrenta severas acusaciones de autoritarismo y persecución política a líderes sindicales y exfuncionarios por parte de la actual administración. El ahogamiento financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y las disputas por terrenos ejidales e inmobiliarios en la Riviera Nayarita serán armas letales de la oposición.
En Guerrero, los que más se mencionan son Jacinto González Varona, el dirigente estatal de Morena, y Félix Salgado Macedonio, salpicado por delitos sexuales y su relación con el crimen organizado.
Guerrero es un estado en crisis permanente. Los temas en contra son devastadores: la visible ingobernabilidad provocada por el control territorial de grupos como Los Ardillos y La Familia Michoacana, la lenta y cuestionada reconstrucción de Acapulco tras desastres naturales, y el flagrante nepotismo institucionalizado. Cualquier candidato de la línea oficial será señalado como un títere del cacicazgo de los Salgado.
Zacatecas, el candidato anunciado es Saúl Monreal Ávila, actual senador. Pero se puede colar o Geovanna Bañuelos, del PT. Aquí el tema es que el “Monrealismo” sufre un desgaste histórico. Zacatecas ha sido el epicentro del horror criminal: bloqueos, colgados, desplazamiento forzado de comunidades ejidales, generado por la guerra CJNG contra el Cártel de Sinaloa. El principal argumento en contra de cualquier candidato de Morena será la ineficacia del actual gobierno y el rechazo social a perpetuar a una sola familia en el poder del estado.
En Campeche, los que se postulan son Aníbal Ostoa Ortega, actual senador y mano derecha de Layda Sansores. y José Luis Flores. Aquí, el candidato tendrá que cargar con la pesada losa de los escándalos mediáticos, los “Martes del Jaguar”, las protestas generalizadas e inéditas de las corporaciones policiales del estado por falta de equipo y maltrato institucional, y la rampante corrupción. Campeche ha visto caer sus indicadores económicos a pesar de la cercanía con las obras del Tren Maya.
En Tlaxcala, Lorena Cuéllar buscará dejar un sucesor de su confianza, como Alfonso Sánchez García. A nivel nacional parece un estado tranquilo, pero localmente el gran tema en contra es el repunte del delito de trata de personas -un mal endémico de la región que no se ha erradicado- y los crecientes conflictos con sindicatos de trabajadores del estado y del sector educativo, quienes acusan represión y cerrazón gubernamental.
Para Morena, el peligro en 2027 no es la oposición partidista —la cual sigue desarticulada— sino sus propios demonios: la inseguridad pública en sus estados gobernados, las divisiones internas provocadas por la imposición de candidaturas y el desgaste natural del ejercicio del poder. La encuesta será el método oficial, pero la verdadera aduana será ver cuántos candidatos logran llegar a las urnas sin que sus expedientes de pasivos locales terminen por descarrilarlos.
