Por. J. Jesús Lemus
Abordar el tema del fracking (fracturación hidráulica) en México exige despojarse del discurso oficialista y mirar directamente al territorio. Aunque la narrativa de la política federal insistió durante años en que esta técnica estaba prohibida, los datos duros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la realidad en el subsuelo demuestran lo contrario: el fracking opera, extrae y genera crisis profundas en comunidades específicas.
Misantla-Tampico, esta provincia petrolera abarca más de 57,000 kilómetros cuadrados. A pesar de los compromisos públicos de frenar la técnica, Petróleos Mexicanos (Pemex) y diversas empresas operadoras privadas han recibido autorizaciones bajo la categoría técnica de “yacimientos no convencionales”.
Municipios como Papantla, Castillo de Teayo y Emiliano Zapata viven en vilo. Agrupaciones civiles y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han documentado cómo el fracking devora millones de litros de agua dulce por cada pozo, en una región que ya padece un severo estrés hídrico.
La crisis no es solo de escasez, sino de calidad. En comunidades de la zona, los habitantes denuncian que pozos de agua que antes servían para el consumo humano y el aseo hoy brotan con agua turbia o francamente negra. Los derrames crónicos, como los registrados en el arroyo Jiliapa, tardan meses en ser atendidos por Pemex, extendiéndose con las lluvias y arruinando parcelas de cítricos y cultivos locales.
El impacto atmosférico es severo. Las mediciones independientes revelan altas concentraciones de metano y ozono a nivel de suelo, provocando un repunte atípico de enfermedades respiratorias crónicas, asma, irritación ocular y temor fundado a largo plazo por riesgos de cáncer entre vecinos de ejidos como El Tablón.
La Cuenca de Burgos contiene la mayor reserva de gas de lutitas (shale gas) del país, concentrando cerca del 47% de los recursos prospectivos en áreas como Sabinas-Burro-Picachos. Aquí la crisis tiene tres aristas letales:
- Emergencia por Estrés Hídrico: Según datos de la propia CNH analizados recientemente en este 2026, el 85% del gas natural susceptible de ser extraído vía fracking se encuentra en zonas de muy alto o alto estrés hídrico. Extraer ese gas implica arrebatarle el agua a la agricultura, a la ganadería fronteriza y al consumo doméstico en estados que ya rozan el “día cero” del agua.
- La encrucijada del gobierno actual: En los últimos meses de 2026, el Gobierno Federal abrió la puerta para crear comités científicos que busquen un supuesto “fracking sustentable” o con agua reciclada. Colectivos y científicos acusan esto de ser una estrategia de desinformación tecnócrata para legitimar la reactivación masiva de la cuenca bajo la bandera de la “soberanía energética”.
- La sombra del crimen organizado: A la crisis ambiental se suma la de seguridad. Las empresas operadoras y contratistas en Burgos enfrentan un entorno hostil donde el control territorial de los cárteles dificulta la supervisión ambiental independiente. Las comunidades no solo lidian con la fractura de la tierra, sino con la extorsión y el desplazamiento forzado derivado de la disputa por el control de las zonas de infraestructura energética.
Impactos silenciosos y resistencia civil
En la porción sur de la provincia Tampico-Misantla, el fracking ha avanzado de manera fragmentada pero destructiva. Habitantes de comunidades rurales han reportado microsismos y grietas en viviendas precarias tras el inicio de operaciones de fracturas. Aunque las autoridades suelen desvincular estos hechos de la actividad petrolera, la coincidencia temporal y geográfica con la inyección de fluidos a alta presión es innegable.
El mayor obstáculo en esta región es el veto informativo. El acceso a los datos de cuántos pozos han sido fracturados hidráulicamente se topa con la “reserva de información por seguridad nacional”. Esto deja a las autoridades ejidales desarmadas jurídicamente para exigir indemnizaciones por la pérdida de productividad en sus tierras.
Para cualquier cobertura de fondo sobre el fracking en el México actual, la clave está en desmontar el eufemismo técnico. Las empresas ya no usan la palabra fracking; la disfrazan en sus manifestaciones de impacto ambiental como “perforación horizontal multietapa” o “estimulación hidráulica avanzada”.
Lo cierto es que la crisis del fracking en México no es una proyección a futuro; es un proceso extractivo en marcha que está secando el norte del país y envenenando las fuentes de agua del Golfo, todo bajo un manto de opacidad institucional y complicidad corporativa.
