Por. J. Jesús Lemus
José Antonio Cortés Huerta, conocido en el mundo criminal como “El Mamado” o “El Titán”, no era un sicario convencional. Su relevancia dentro del Cártel del Noreste (CDN) radicaba en su capacidad logística y financiera. Se le identifica como el principal operador de una red de robo de hidrocarburos a Pemex (huachicol) que operaba con impunidad en la zona fronteriza de Tamaulipas, un negocio que inyecta liquidez inmediata a las estructuras delictivas.
La captura fue resultado de un operativo quirúrgico encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en San Pedro Garza, Nuevo León. A diferencia de otras detenciones que derivan en enfrentamientos prolongados, esta se ejecutó mediante inteligencia previa que permitió ubicarlo en un entorno donde su capacidad de reacción fue anulada.
Con la detención José Antonio Cortés Huerta, el Cártel del Noreste pierde no solo un brazo financiero, sino un enlace clave para el movimiento de recursos ilícitos que sostienen la guerra contra grupos rivales y las autoridades, en la zona norte del país.
Tras la captura del Titán, circularon versiones y materiales gráficos que presuntamente vinculan a Cortés Huerta con personajes de la política local y regional en Tamaulipas. Destaca una fotografía -que circula en redes sociales- en donde se observa al operador financiero del CDN junto con el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Como ocurre con los operadores de alto nivel del huachicol, la estrategia de Cortés Huerta no se limitaba a la fuerza bruta, sino a la infiltración. Se investiga el financiamiento de campañas y el pago de cuotas a mandos policiales y funcionarios de distintos niveles para permitir el libre tránsito de las pipas con combustible robado.
Fuentes del área de seguridad han señalado que “El Titán” servía como puente entre los intereses del Cártel del Noreste y ciertos sectores del poder público, facilitando que el trasiego de hidrocarburos operara bajo una fachada de legalidad o, al menos, de omisión oficial.
La caída de “El Titán” pone en jaque la estructura de financiamiento del Cártel del Noreste, pero también abre una “Caja de Pandora” sobre quiénes, desde el servicio público, del gobierno federal permitieron su ascenso. En el contexto actual de seguridad, su testimonio o la información extraída de sus dispositivos electrónicos podrían ser la clave para desmantelar redes de corrupción que aún operan en la frontera.
El detenido, actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se espera que se judicialicen no solo sus delitos de orden federal, sino que contienen también las líneas de investigación que apuntan hacia sus protectores políticos.
Así se dio a conocer su detención
En seguimiento a trabajos de investigación derivados del aseguramiento de un buque en Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Nuevo León, donde detuvieron a dos personas, entre ellas a José Antonio “N”, identificado como líder de una célula delictiva relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible, y se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, animales exóticos y vehículos.
A través de labores de inteligencia e investigación, se obtuvo información sobre diversos inmuebles vinculados con un sujeto dedicado a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.
Mediante un despliegue coordinado, se ejecutaron las órdenes de cateo, donde fue detenido José Antonio “N”, de 39 años, así como una mujer de 41 años. Además, se aseguraron dosis de droga, dinero en efectivo, siete tigres, 11 vehículos, seis motocicletas, nueve armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, cartuchos, equipos de cómputo y diversa documentación.
A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.
Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para debilitar las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos que afectan a la población.
