Por. J. Jesús Lemus
La entrega voluntaria a las autoridades de Estados Unidos de Marco Antonio Almanza, ex jefe de la policía ministerial de Sinalo, marca un punto de inflexión en las investigaciones norteamericana sobre la infiltración institucional del crimen organizado en el noroeste de México.
Marco Antonio Almanza, señalado como el principal operador puente entre la estructura faccional del Cártel de Los Chapitos, una fracción del Cártel de Sinaloa, y el entorno político del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, se encuentra ya bajo custodia federal estadounidense, donde se alista para enfrentar un proceso judicial de alto impacto en una corte de distrito.
Fuentes judiciales y de agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos confirman que la entrega de Almanza no fue un arresto fortuito, sino el resultado de una negociación discreta de varias semanas, acelerada por el asedio de facciones rivales en Sinaloa y el temor a ser silenciado antes de testificar.
El que fuera comandante de la policía ministerial de Sinalo, hoy se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad en un centro de detención federal en Estados Unidos, en donde será sometido a proceso penal por el delito de narcotráfico, el que se posibilitó debido a la alianza entre la policía ministerial de Sinaloa y el cártel de Ovidio Guzmán López.
El procesamiento formal iniciará con la lectura de cargos tradicional. Los fiscales federales buscan asegurar una colaboración total de Almanza, como testigo protegido, a cambio de una reducción de condena, lo que abre la puerta a que se revelen agendas de financiamiento ilícito, protección perimetral y logística institucional.
El núcleo del expediente contra Almanza radica en su rol como “articulador” o eslabón perdido entre el poder político local y el ala criminal que dirigen los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Se indaga el presunto flujo de dinero en efectivo proveniente del tráfico de fentanilo y cocaína para sostener la estructura territorial del grupo gobernante. Sobre eso se sabe que Almanza coordinaba presuntamente los canales de comunicación para que los operativos federales y estatales “esquivaran” las zonas de control y laboratorios de la facción de Los Chapitos.
El caso Almanza es un desprendimiento directo de la sacudida geopolítica iniciada tras los eventos que llevaron a la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el año pasado. La subsecuente purga interna y la presión de Washington desarticularon los pactos de impunidad locales.
El inicio del procesamiento de Almanza coloca al gobernador Rubén Rocha Moya en la situación más crítica de su mandato. Aunque el mandatario ha negado reiteradamente los vínculos con el crimen organizado y los señalamientos de reuniones con capos de la droga, el testimonio bajo juramento de un operador directo en una corte federal de EE. UU. tiene el potencial de sacudir al poder político en México.
Si las agencias estadounidenses de la DEA y el FBI presentan grabaciones, registros financieros o testimonios corroborados por Almanza que vinculen directamente al Ejecutivo estatal con el Cártel de Sinaloa, lo más seguro es que muchos funcionarios federales resulten indiciados a partir del testimonio de Almanza.
Un golpe sin precedente
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos asestó el golpe más severo a la estructura política sinaloense al desclasificar una acusación formal en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra 10 altos funcionarios y exfuncionarios del estado.
La tesis de los fiscales federales estadounidenses es directa: el aparato del gobierno de Sinaloa, bajo el mando del gobernador Rubén Rocha, operó como un brazo de protección institucional para la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Formalmente, el pliego de cargos imputa a la mayoría de los señalados delitos de conspiración para la importación de narcóticos, como fentanilo, cocaína, metanfetaminas y delitos relacionados con armas de fuego y artefactos explosivos de uso militar, lo que podría acarrear penas desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia, la fiscalía estadounidense lo señala como la cabeza del acuerdo. Según la acusación, desde su campaña y tras asumir el cargo, pactó reuniones con Los Chapitos para garantizarles el control casi total de las fuerzas del orden estatales y locales. Se le imputa haber entregado la estructura del Estado para que el cártel operara con absoluta impunidad.
Enrique Inzunza Cázarez, ex Senador de Morena y exsecretario General de Gobierno, es considerado la mano derecha de Rocha. Se le acusa de concertar reuniones directas con los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para coordinar “planes específicos” de protección política, blindando las actividades delictivas desde las altas esferas de la política sinaloense.
Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán: El informe del Departamento de Justicia detalla que utilizó su poder municipal para permitir que la facción de Los Chapitos operara sin interferencias gubernamentales de ningún tipo en la capital del estado, el bastión neurálgico del grupo delictivo.
Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas, es identificado como el operador financiero y electoral del grupo. Se le imputa una actividad sumamente delicada: durante la campaña electoral de 2021, presuntamente entregó los nombres y direcciones de los opositores políticos de Rocha Moya a Los Chapitos, con el fin de que los sicarios los amenazaran, hostigaran y forzaran a retirarse de la contienda.
Dámaso Castro Zaavedra, Exvicefiscal General de Sinaloa: El número dos de la Fiscalía estatal presuntamente recibía sobornos mensuales de hasta 11,000 dólares directamente de Los Chapitos. A cambio, les proveía protección jurídica absoluta e información confidencial sobre los operativos y las investigaciones que las fuerzas federales planeaban ejecutar con apoyo de agencias de EE. UU.
Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, Exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía: Ellos utilizaron sus cargos de mando para paralizar expedientes, congelar órdenes de aprehensión y desviar las líneas de investigación que apuntaban a los operadores y sicarios de la organización criminal.
Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el es acusado de recibir sobornos sistemáticos de Los Chapitos. La fiscalía norteamericana sostiene que filtraba información a los criminales avisándoles con antelación cada vez que la policía o el ejército planificaban redadas en laboratorios de fentanilo y metanfetaminas, permitiéndoles mover la droga y los precursores químicos a tiempo.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Exsubdirector de la Policía Estatal, es señalado por permitir el libre tránsito de cargamentos de droga en las carreteras y jurisdicciones bajo su mando. Además, se le acusa de haber colocado a oficiales subordinados que estaban en la nómina de Los Chapitos en puestos clave y de poder dentro de la corporación.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán: La acusación afirma que cobraba millonarios sobornos mensuales destinados a él, a sus comandantes y a más de 40 agentes municipales a su cargo para darles “acceso ilimitado” a los recursos públicos de la corporación (patrullas, radios). Adicionalmente, enfrenta cargos graves por su participación en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de dicha fuente.
