Por. J. Jesús Lemus
La política de seguridad en México enfrenta un cuestionamiento de fondo: la aparente modernización de los métodos de inteligencia civil, hoy encarnada por el secretario Omar García Harfuch, repite patrones estructurales del modelo implementado hace más de una década por Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón.
Bajo una fachada de tecnología y coordinación policial, se advierte que la estrategia actual descansa sobre los mismos vicios del pasado: opacidad, manipulación estadística, triunfalismo punitivo y datos difícilmente verificables en el terreno.
La principal carta de presentación del actual gabinete de seguridad es la reducción porcentual de los delitos de alto impacto. Sin embargo, la metodología para alcanzar estos números refleja un viejo truco de la era de García Luna: la reclasificación y el subregistro.
Al igual que ocurría en el periodo de Felipe Calderón, hoy con Claudia Sheinbaum, gran parte de la baja en homicidios dolosos se explica mediante el incremento de carpetas de investigación etiquetadas bajo categorías ambiguas, tales como “homicidios culposos” o “causas de muerte no especificadas”.
Al no localizar los cuerpos o mantener los casos estrictamente en el rubro de “desaparición”, las cifras oficiales de asesinatos disminuyen artificialmente en el papel, ocultando la violencia real que padecen diversas regiones del país.
El discurso oficial de Omar García Harfuch, se insiste en presumir miles de detenciones de “objetivos prioritarios” y generadores de violencia como prueba irrefutable de que se va ganando la batalla contra el crimen organizado. Pero el dato resulta falso.
Se habla de más de 52 mil detenidos, en menos de dos años, como generadores de violencia o relacionados a delitos de alto impacto, pero en el sistema penitenciario federal, los ingresos en ese mismo periodo no llegan ni siquiera a 10 mil personas detenidas.
Se presume un alto “volumen” de detenidos, y se prioriza la cantidad sobre la calidad judicial. El uso político de las capturas satura las prisiones de eslabones menores o inocentes, mientras las estructuras financieras del narco quedan intactas.
También se alardea de una “eficacia operativa”, pero las conferencias matutinas funcionan solo como el antiguo “teatro policial” de García Luna; se presentan detenciones masivas en PowerPoint que pocas veces resisten el debido proceso en los juzgados, derivando en masivas liberaciones silenciosas.
Uno de los puntos más críticos y similares a la gestión de García Luna es la presentación de macrodatos sobre el decomiso de armas, toneladas de droga y destrucción de laboratorios de metanfetaminas o fentanilo.
El problema de la auditoría externa es que los reportes gubernamentales carecen de mecanismos independientes de verificación. No existen auditorías civiles ni internacionales que certifiquen si las “toneladas” destruidas corresponden a sustancias activas reales o a precursores inertes, ni si los laboratorios desmantelados eran centros de producción masiva o simples cobertizos abandonados.
Esta falta de transparencia genera datos inflados que sirven para justificar presupuestos y legitimidad política ante la opinión pública y las agencias internacionales, sin que se traduzca en un desabasto real de estupefacientes en los mercados ilegales.
La estrategia de García Harfuch, lejos de romper el paradigma de la llamada “Guerra contra el Narco”, parece haber perfeccionado su narrativa. Al cimentar el éxito de la seguridad pública en estadísticas moldeables y triunfalismo punitivo, se corre el riesgo de repetir el colapso del modelo de García Luna: un país con números perfectos en los informes oficiales, pero con territorios enteros bajo el control de la delincuencia organizada.
