Por. J. Jesús Lemus
El panorama en Sinaloa se mantiene bajo un esquema de conflicto crónico. Tras el quiebre histórico que implicó la entrega y captura de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense en 2024, el estado se convirtió en el epicentro de una confrontación abierta entre dos facciones del Cartel de Sinaloa: Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, la estructura leal a “El Mayo” Zambada.
La evolución de la disputa refleja que la violencia en Culiacán y municipios aledaños ha tenido picos devastadores. Aunque algunos meses reportan descensos relativos en el conteo de homicidios dolosos, las dinámicas de control delictivo persisten a través de enfrentamientos intermitentes en zonas rurales, bloqueos carreteros y el despliegue de alianzas estratégicas.
Reportes oficiales de seguridad han evidenciado, por ejemplo, que Los Chapitos tejieron vínculos operativos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para recibir financiamiento y apoyo de personal, buscando asfixiar los bastiones de La Mayiza en el sur del estado.
La constante parálisis comercial, la suspensión recurrente de clases y el control fáctico de vías de comunicación dibujan un escenario donde el Estado mexicano ha cedido terreno frente a la gobernanza criminal.
En la percepción pública y el análisis sobre el terreno, la noción de que “no hay gobierno” en Sinaloa cobra fuerza debido a la abierta subordinación o ineficacia de las autoridades locales frente al poder de fuego de las facciones.
Este vacío de poder institucional se agravó drásticamente tras las acusaciones formales presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La justicia estadounidense señala de manera directa al gobernador del estado (actualmente con licencia), Rubén Rocha Moya, y al senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez (exsecretario de Gobierno del estado), junto a otros altos mandos locales como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra.
Según los expedientes de la Fiscalía estadounidense, este grupo de funcionarios presuntamente coadyuvó para que la facción de Los Chapitos operara sin interferencias gubernamentales.
A cambio de apoyo político y financiamiento para campañas electorales, las autoridades habrían entregado el control de la Policía Estatal a los criminales e incluso facilitado información sobre operativos conjuntos respaldados por agencias de EE. UU. Aunque tanto Rocha Moya como Inzunza han rechazado tajantemente las acusaciones tildándolas de “mendaces”, las solicitudes de extradición e investigaciones en curso mantienen descabezado el andamiaje institucional de Sinaloa.
El impacto político de la crisis sinaloense golpea de forma directa el núcleo del modelo gubernamental impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sinaloa representa la vulnerabilidad de la estrategia de “atender las causas” sin un ejercicio inmediato del monopolio de la fuerza. La renuencia inicial de la federación a “entrar con poder de fuego” para evitar una escalada —argumentando que se buscaba eludir la estrategia de la época de Felipe Calderón— terminó prolongando un conflicto civil interno entre cárteles que colapsó la vida económica y social de la región.
La acusación formal de Washington de que un gobierno de Morena fue financiado y coordinado por Los Chapitos fractura el discurso oficial de la separación entre el poder político y el crimen organizado. Al tener a un gobernador emanado de sus filas formalmente indiciado en una corte de Nueva York, el costo reputacional debilita la legitimidad institucional del partido oficialista.
La postura de culpar a agencias extranjeras por la desestabilización (bajo el argumento de que la detención de El Mayo fue un operativo “fraguado en el extranjero” sin coordinación) ha desgastado la relación bilateral de seguridad con Estados Unidos.
Para la administración de Sheinbaum, Sinaloa se ha vuelto un lastre que condiciona las negociaciones migratorias, comerciales y de seguridad con el gobierno norteamericano, el cual presiona activamente mediante expedientes penales abiertos contra la clase política sinaloense.
