Por. J. Jesús Lemus
El Puerto de Manzanillo, ubicado en las costas del estado de Colima, se ha consolidado como el principal nodo de comercio exterior marítimo de México en el océano Pacífico. Sin embargo, para las agencias de inteligencia y justicia de Estados Unidos, Manzanillo representa también el punto neurálgico de la crisis del fentanilo en Norteamérica.
Según reportes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la Administración de Control de Drogas, el puerto opera como la principal puerta de entrada para los precursores químicos provenientes de Asia, principalmente de empresas químicas y farmacéuticas en China e India.
Estos insumos son clave para la síntesis clandestina de fentanilo y metanfetaminas en laboratorios del occidente y norte de México, cuyo producto final es posteriormente distribuido hacia el mercado estadounidense.
El Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una lucha territorial por el control absoluto de los accesos y las operaciones dentro y alrededor del recinto portuario. Las investigaciones del Tesoro estadounidense han documentado una red compleja que abarca diversos eslabones:
- Agentes aduanales y operadores logísticos: Empresas fachada y brokers de importación que alteran manifiestos de carga para camuflar precursores químicos bajo la apariencia de insumos industriales o agrícolas legítimos.
- Servicios de transporte y almacenamiento: Redes de bodegas en las inmediaciones de Manzanillo y carreteras hacia Jalisco y Michoacán para mover los contenedores contaminados rápidamente tras su desembarco.
- Lavado de dinero: Uso de redes de cambio, importación y exportación paralela y bienes raíces para blanquear las ganancias millonarias del tráfico de drogas sintéticas.
A través de la Orden Ejecutiva 14059, el Departamento del Tesoro ha incluido de manera recurrente en su lista negra de nacionales especialmente designados a miembros clave del Cártel Jalisco Nueva Generación encargados de la plaza de Manzanillo, congelando sus activos e imposibilitando transacciones con el sistema financiero estadounidense.
Un aspecto de alto impacto en las investigaciones e informes de inteligencia sobre la crisis en Colima es la colusión de estructuras institucionales locales y la facilitación operativa para el crimen organizado.
En diversos informes de inteligencia y reportes que han trascendido en los canales de seguridad entre México y Estados Unidos, el nombre de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ha aparecido en el radar de análisis por presuntas omisiones o facilidades institucionales que habrían permitido al Cártel Jalisco Nueva Generación afianzar su control en la región y maniobrar en los entornos de la zona portuaria.
Los expedientes de análisis señalan presunta flexibilidad o falta de contención en las redes territoriales del estado que conectan la ciudad de Manzanillo con los corredores logísticos. Cabe destacar que la seguridad física y la administración del puerto recaen formalmente en la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
No obstante, las agencias de Estados Unidos analizan la permisividad en la periferia estatal, como el tránsito terrestre, la policía local y el otorgamiento de licencias que rodea el ecosistema portuario.
Hasta la fecha, las acciones oficiales del Departamento del Tesoro se han centrado en sanciones financieras contra operadores directos, operadores logísticos y empresas del crimen organizado. Los señalamientos que involucran a figuras políticas locales forman parte de expedientes de inteligencia y análisis de riesgo institucional en Washington.
La disputa por la hegemonía de Manzanillo ha convertido al estado de Colima en una de las entidades con mayores tasas de homicidio por habitante en México. La violencia encarnizada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, facciones disidentes como los Mezcales o Cártel Independiente de Colima y otros grupos rivales responde directamente al enorme valor económico que representa controlar el flujo de insumos químicos.
Para la administración estadounidense y el Departamento del Tesoro, la prioridad estratégica sigue siendo asfixiar las finanzas y la cadena de suministros que ingresan por Manzanillo. La efectividad de la presencia militar en el puerto sigue bajo evaluación, mientras las investigaciones financieras continúan rastreando a la red de contactos políticos y empresariales que hacen posible el funcionamiento de este nodo logístico global.
