Por. J. Jesús Lemus
La Fiscalía General de la República mantiene bajo escrutinio una de las estructuras operativas y financieras más complejas del crimen organizado en el centro del país: la red de extracción y distribución ilegal de hidrocarburos centrada en Guanajuato.
Las indagatorias federales han vuelto a poner sobre la mesa los testimonios e imputaciones vertidas en su momento por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, fundócrata y exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
En sus declaraciones y grabaciones integradas a los expedientes de la causa, el capo sostuvo de manera reiterada que la permanencia de su organización en el corredor industrial del bajío no respondía únicamente a un despliegue de fuerza, sino a un esquema de contención y tolerancia coordinado desde diversas esferas del poder público estatal.
El foco de la investigación actual no se limita a las rutas de transporte o al aseguramiento de tomas clandestinas en la tubería de Petróleos Mexicanos, sino a las líneas de continuidad política que han permitido la supervivencia del grupo criminal a lo largo de distintos sexenios.
Dentro del análisis que realizan las autoridades de procuración de justicia, el modelo de relación entre la delincuencia organizada y el aparato estatal muestra patrones que remiten a administraciones anteriores, en particular a la gestión del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, época en la que comenzaron a asentarse y consolidarse los grupos dedicados al robo de combustible en la región bajo un esquema de escasa intervención y presunta cobertura institucional.
En la presente administración estatal, encabezada por Libia Dennise García Muñoz Ledo, las pesquisas de la fiscalía federal han comenzado a rastrear la persistencia de esos vínculos institucionales y el papel de personajes con arraigo en la estructura política tradicional de la entidad.
Las acusaciones sobre una supuesta protección u omisión deliberada frente a las actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima cobran un matiz particular al examinar el equipo cercano de la mandataria, donde resalta la figura del secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona.
El funcionario, identificado en los círculos políticos del estado por su parentesco con el exgobernador Oliva al ser su yerno, representa para los investigadores un puente directo entre el grupo político que encabezó el estado en la década antepasada y la toma de decisiones en la conducción de la política interna actual.
Las declaraciones vertidas por Yépez Ortiz antes y después de su captura han servido como hilo conductor para señalar mandos policiales, enlaces administrativos y figuras políticas que presuntamente facilitaron la logística de distribución de combustible robado y la impunidad de los cuadros de mando del cártel.
Para la Fiscalía General de la República, la hipótesis de trabajo plantea que las dinámicas de protección no se desmantelaron con la detención de los primeros mandos de la organización, sino que se reestructuraron para adaptarse a los nuevos cuadros del gobierno estatal, manteniendo una tolerancia operativa que contrasta con los discursos oficiales de combate al crimen en la entidad.
El expediente en integración busca determinar si las decisiones tomadas desde las dependencias encargadas de la gobernabilidad y la seguridad en Guanajuato responden a omisiones operativas o a una estrategia deliberada para preservar los equilibrios de poder en el terreno.
Con el avance de los peritajes financieros y las declaraciones de testigos protegidos, las investigaciones federales continúan documentando la red de influencias que conecta el pasado político de la entidad con la crisis de seguridad que hoy enfrenta la población guanajuatense.
