El pasado 11 de mayo, el general en retiro y otrora secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, cruzó la frontera de Nogales, Arizona, proveniente de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, y se rindió. La acusación con el folio S9 23 Cr. 180 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, lo indicia –junto a nueve funcionarios públicos– de asociación delictuosa para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y disposItivos destructivos.
Los demás implicados en la acusación formal son Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, excomandante policial de Sinaloa.
El caso de Mérida Sánchez es de especial atención, ya que, según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no solo recibió 100,000 dólares en efectivo de forma mensual a manos del crimen organizado; sino que lo hizo a cambio de información estratégica que, como elemento castrense, pudo recolectar en sus años de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A cambio de esa suma, nada despreciable, Gerardo Mérida le proporcionó a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como a Ovidio y Joaquín Guzmán López, de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa; lo siguiente:
Información de operativos anticipados y confidenciales. Mérida alertó a “Los Chapitos” de las redadas que habrían planeado los jefes de las zonas militares del área de Occidente para acabar con los laboratorios clandestinos de su propiedad, así como entorpecer la conjunción de esfuerzos con los elementos del orden federal y local, que tenían como objetivo capturarlos.
Protección logística. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa ayudó a que “Los Chapitos” pudieran operar más que otros grupos criminales en los puertos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán; y en el de Manzanillo, en Colima. Asimismo, les dotó del tiempo necesario para que pudieran evacuar sus bodegas donde almacenaban sus precursores químicos con los que sintetizaban fentanilo. Lo anterior debido a los constantes operativos que realizaban las fuerzas del orden en sus posibles áreas de influencia.
Ejecutar la “no interferencia”. Mérida Sánchez también garantizó que los mandos bajos de la Policía estatal y municipal mantuvieran un rol pasivo frente a las operaciones del tráfico de drogas en la región, beneficiando claramente a la familia Guzmán y sus aliados.
Basta con echarle un vistazo al documento que resume su trayectoria profesional, compartido en la página oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, para conocer más acerca de las áreas de conocimiento del general en retiro:
Comandante del Mando Especial “Mante” en Tamaulipas.
Comandante de la 21ª Zona Militar en Morelia, Michoacán.
Comandante de la 44ª Zona Militar en Mihuatlán, Oaxaca.
Comandante de la 25ª Zona Militar en Puebla, Puebla.
Subjefe y jefe en las secciones Segunda (Inteligencia), Tercera (Operaciones) y Cuarta (Logística) del Estado Mayor Presidencial de la Sedena.
Agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile.
Director de la Escuela Militar de Inteligencia dependiente al Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
A pocos sorprendió que, los exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas huyeran a Estados Unidos para alcanzar posibles acuerdos de culpabilidad en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde en su momento, fueron enjuiciados –y otros más siguen ese camino– Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”; así como el dictador venezolano, Nicolás Maduro Moros, presunto líder del Cártel de los Soles.
En lo que respecta a Díaz Vega, habría ayudado a los líderes de “Los Chapitos” a colocar a funcionarios corruptos en la estructura orgánica del Estado para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa y, sobre todo, actuar como enlaces entre los hermanos Guzmán y Rocha Moya. El otrora secretario de Finanzas también asistió a diferentes reuniones con ellos para garantizar la protección al más alto nivel, según consta en el documento judicial norteamericano, ya que, durante las elecciones intermedias de 2021, otorgó direcciones de oponentes a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, quienes se encargaron de intimidar, secuestrar y hasta asesinar a los rivales políticos del partido Morena.
Tanto Mérida Sánchez como Díaz Vega, “fabricarían y poseerían con intención de distribuir y de hecho fabricaron y poseyeron con intención de distribuir sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que dichas sustancias serían importadas ilícitamente a los Estados Unidos y a aguas situadas a una distancia de 12 millas de la costa de Estados Unidos”, refiere la acusación.
Las entregas pactadas en Estados Unidos de los extitulares de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, respectivamente; son solo la punta del iceberg de un problema mucho más complejo que involucra a una entidad coludida, históricamente, con el crimen organizado. La baja en la función pública de ambos políticos de Morena deja al descubierto el organigrama ‘narcopolítico’ de Sinaloa, el cual es más vasto de lo que se creía.
Primer nivel: Si el organigrama criminal contemplara miembros de la clase política y del hampa, tendrían cabida en la punta más alta, tanto Ismael Zambada García, “El Mayo” e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”; como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa y hoy senador de la República.
Segundo nivel: En esta jerarquía, se encontrarían Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”, que si bien tiene el mismo nivel de importancia que su hermano Iván; no opera con tanto ahínco en el mundo criminal. Asimismo, Joaquín y Ovidio Guzmán López, hasta antes de sus respectivos procesos de aprehensión y extradición. A la par que ellos, se ubicarían Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas e, incluso, Dámaso Castro Zaavedra, otrora vicefiscal de la entidad.
El caso del general en retiro, Gerardo Mérida, merece una mención especial; ya que, por momentos, se ubicaría tanto en el primer como en el segundo nivel. Esto debido a la información privilegiada con la que gozaba y aportaba e, incluso, con el nivel de influencia en la toma de decisiones de la cúpula al interior del Cártel de Sinaloa.
Tercer nivel: En este apartado, cabrían el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, los expolicías de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, quienes permanecen prófugos de la justicia; así como Óscar Noé Medina González, “El Panu”, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de “Los Chapitos” hasta el 21 de diciembre de 2025, cuando fue ultimado a tiros en un restaurante de la Ciudad de México; Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, extraditado el 25 de mayo de 2024 a Estados Unidos; y Jorge Humberto Figueroa Benítez, “La Perris”, asesinado en un operativo de la Sedena, el 23 de mayo de 2025 en el municipio de Navolato.
Cuarto nivel: En una línea de mando baja, casi a ras de tierra, se encontrarían nombres como Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango de la Policía de Culiacán, quien habría tenido una gran connivencia con algunos otros sicarios o jefes de zona del Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”. También se pudo haber coludido con mensajeros, ‘punteros’ y narcomenudistas.
