Por. J. Jesús Lemus
El acceso a la información pública en México ha experimentado un severo retroceso estructural. La promesa inicial de hacer la vida pública cada vez más transparente se ha topado con una política sistemática de ocultamiento.
Bajo el manto de la seguridad nacional y el interés público, tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la administración de Claudia Sheinbaum han consolidado una tendencia preocupante: clasificar como reservados por periodos de cinco a diez años los datos financieros, contratos, bitácoras y expedientes de los proyectos más polémicos y costosos del país.
Esta práctica no solo limita el derecho constitucional a saber, sino que levanta sospechas legítimas sobre el encubrimiento de ineficiencias, adjudicaciones directas injustificadas y presuntos actos de corrupción.
A través de decretos presidenciales y resoluciones de dependencias clave como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y Petróleos Mexicanos, la llamada Cuarta Transformación ha construido un blindaje legal que impide auditar el uso del erario.
A continuación, se detallan los diez casos más emblemáticos donde la reserva de información ha prevalecido sobre la rendición de cuentas.
Uno. Los costos y contratos de las vacunas contra el COVID-19
La Secretaría de Salud clasificó por cinco años todos los contratos de adquisición de las vacunas contra el coronavirus con farmacéuticas internacionales.
El argumento oficial fue que la difusión de las cláusulas comerciales y los precios por dosis podría poner en riesgo el suministro del fármaco en el país.
Esta decisión impidió que la ciudadanía conociera con exactitud cuánto dinero público se transfirió al extranjero y en qué condiciones de responsabilidad civil se firmaron dichos acuerdos en el momento más crítico de la crisis sanitaria.
Dos. El costo total y los contratos del Tren Maya
A pesar de ser la obra de infraestructura insignia del sexenio anterior, el Consejo de Seguridad Nacional la declaró formalmente como un proyecto de seguridad nacional.
Esto permitió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la Secretaría de la Defensa Nacional reservar por un lustro los detalles de los contratos con proveedores, los estudios de impacto ambiental pendientes y el desglose de los sobrecostos financieros, los cuales duplicaron el presupuesto originalmente estimado sin que existiera una explicación clara para la sociedad.
Tres. La construcción de la Refinería de Dos Bocas
Petróleos Mexicanos y su filial Pemex Transformación Industrial mantuvieron bajo estricta reserva los contratos de asignación directa para las obras en Dos Bocas, Tabasco. Argumentando razones de seguridad comercial y viabilidad energética, los ciudadanos no tuvieron acceso a los documentos que justificaban los pagos a empresas contratistas, muchas de ellas de reciente creación, en un megaproyecto cuyo costo real final sigue siendo un enigma rodeado de señalamientos de opacidad.
Cuatro. La edificación y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
La Secretaría de la Defensa Nacional clasificó la información financiera y operativa del aeropuerto de Santa Lucía por razones de defensa nacional.
Al ser ingenieros militares los encargados de la obra, los contratos de compra de materiales, la contratación de mano de obra y los planos técnicos quedaron fuera del alcance del escrutinio público, bloqueando cualquier intento de auditar las finanzas de una de las terminales aéreas más controvertidas del continente.
Cinco. Los peritajes y reportes operativos del Tren Interoceánico
Tras registrarse incidentes operativos y accidentes en las vías del corredor del Istmo de Tehuantepec, la empresa pública Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec clasificó como reservada por cinco años, hasta el año dos mil treinta y uno, toda la información técnica de los vagones, los manuales de operación y los reportes de daños.
Periodistas e investigadores han señalado que este ocultamiento busca eludir las responsabilidades civiles y administrativas de los funcionarios a cargo de la vía.
Seis. La seguridad y el despliegue militar para el expresidente en Palenque
Ya en la administración de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional formalizó la reserva por cinco años de toda la información relativa al número de elementos militares, rangos y costos financieros destinados a resguardar la finca y la integridad de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas.
La justificación de las fuerzas armadas se centró en evitar que grupos de la delincuencia organizada utilicen esos datos para planear atentados, dejando a la sombra el costo que representa para el erario mantener la seguridad del exmandatario.
Siete. Los expedientes del hackeo masivo conocido como Guacamaya Leaks
Luego de la vulneración histórica a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se extrajeron millones de correos electrónicos institucionales, el gobierno federal ordenó la reserva total de las investigaciones internas y de los diagnósticos de daños informáticos.
Bajo el argumento de que revelar las fallas del sistema expondría la vulnerabilidad tecnológica del Estado ante potencias extranjeras o criminales, se impidió conocer qué funcionarios fueron omisos en la protección de datos confidenciales.
Ocho. El contrato de compraventa y condiciones del Avión Presidencial
La enajenación de la aeronave oficial a la República de Tayikistán se manejó con un alto nivel de hermetismo. Las dependencias involucradas reservaron partes sustanciales del acuerdo de compraventa, las bitácoras de mantenimiento acumuladas y las pérdidas financieras reales asumidas por el Estado mexicano en la transacción, justificando que la difusión de los términos comerciales afectaría las relaciones diplomáticas y la posición financiera de las entidades públicas nacionales.
Nueve. Los informes sobre la explosión del ducto en Tlahuelilpan
La tragedia ocurrida en el estado de Hidalgo al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, donde perdieron la vida decenas de personas debido a una explosión en una toma clandestina de combustible, derivó en expedientes de investigación interna en Petróleos Mexicanos que fueron catalogados como información reservada.
La versión oficial estipuló que abrir los archivos afectaría los juicios en curso y las estrategias contra el robo de hidrocarburos, impidiendo conocer si existieron omisiones operativas por parte de las autoridades de la paraestatal al momento del siniestro.
Diez. Las comunicaciones diplomáticas sobre detenciones y casos políticos de alto perfil
La Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó por un lapso de cinco años las comunicaciones, cartas y notas diplomáticas intercambiadas entre los gobiernos de México y Estados Unidos respecto a investigaciones de funcionarios y gobernadores vigentes vinculados con la administración federal, como el caso del mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya.
La Cancillería argumentó que hacer públicos estos textos menoscabaría el entendimiento bilateral y debilitaría la confianza mutua en materia de intercambio de inteligencia.
La Normalización de la Excepción
El periodismo de investigación en el México contemporáneo enfrenta el reto de sortear un muro burocrático donde la transparencia ya no es la regla general, sino la excepción. Al utilizar las cláusulas de seguridad nacional para proteger proyectos de infraestructura civil y decisiones políticas controvertidas, los gobiernos de la Cuarta Transformación han instaurado una cultura del secreto que contradice los discursos de honestidad radical.
Mientras los plazos de reserva sigan corriendo, el costo real de la opacidad institucional lo seguirá pagando la sociedad mexicana a través de la imposibilidad de castigar la corrupción y exigir una verdadera rendición de cuentas.
