Por. J. Jesús Lemus
Detrás de la retórica punitiva, de los despliegues mediáticos y del discurso triunfalista sobre la lucha contra las drogas, las cortes federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han institucionalizado un mecanismo altamente rentable: el decomiso financiero a los grandes capos de las drogas.
Bajo el concepto legal de forfeiture o confiscación de bienes, el sistema judicial estadounidense impone multas multimillonarias e incautaciones astronómicas a los capos mexicanos del narcotráfico al concluir sus procesos penales.
Esta dinámica plantea una interrogante estructural.
Al confiscar miles de millones de dólares generados por la venta de estupefacientes en calles estadounidenses e ingresarlos a las arcas de su Tesoro o a los fondos de sus agencias de seguridad, el gobierno de Estados Unidos deja de actuar únicamente como persecutor para operar, en la práctica, como el socio tributario definitivo de las organizaciones criminales.
Las drogas causan estragos sociales y violencia en el origen y en el consumo, pero el capital líquido y consolidado se queda en la economía formal estadounidense.
A lo largo de las últimas tres décadas, diez de los fallos judiciales más vertiginosos revelan las magnitudes monetarias fijadas por la justicia de EE. UU.
Los 10 Decomisos Financieros Emblemáticos
Ismael “El Mayo” Zambada García
Al concluir su proceso en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el cofundador del Cártel de Sinaloa no solo recibió la pena de cadena perpetua, sino también la orden de confiscación más alta registrada en la historia contra un capo mexicano: 15,000 millones de dólares. La cifra representa el cálculo del valor total del volumen de narcóticos introducidos por su red durante décadas de operación ininterrumpida.
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera
En julio de 2019, la misma corte neoyorquina sentenció a cadena perpetua al célebre líder sinaloense e impuso una orden de decomiso por 12,666 millones de dólares. Este monto fue estimado por la fiscalía federal sumando los cargamentos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana que la organización logró comercializar con éxito dentro del territorio estadounidense a lo largo de un cuarto de siglo.
Osiel Cárdenas Guillén
El exlíder y fundador del Cártel del Golfo, quien creó además el brazo armado de Los Zetas, fue sentenciado en Texas en 2010 a 25 años de prisión tras declararse culpable mediante un acuerdo de culpabilidad. Como parte sustancial del trato con los fiscales estadounidenses para retirar cargos mayores, Cárdenas Guillén entregó voluntariamente y pagó una multa de 50 millones de dólares en efectivo asegurados de sus cuentas y propiedades.
Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”
En abril de 2017, la Corte del Distrito de Columbia en Washington dictó cadena perpetua contra el menor de los hermanos Beltrán Leyva. Junto con la sentencia corporal, el juez Richard J. Leon le impuso una orden de confiscación por 529 millones de dólares, calculada a partir de los ingresos obtenidos por el tráfico masivo de cocaína entre 2000 y 2012.
Benjamín Arellano Félix
Tras ser extraditado a San Diego, el cerebro operativo del Cártel de Tijuana cerró un trato con la fiscalía federal en 2012. Aceptó una condena de 25 años de cárcel a cambio de renunciar formalmente a la pelea legal por sus activos, entregando al gobierno de Estados Unidos 100 millones de dólares en efectivo decomisados de manera directa.
Juan García Ábrego
El histórico pionero del Cártel del Golfo y el primer gran capo mexicano en figurar en la lista de los más buscados del FBI fue condenado en 1997 en Houston, Texas, a 11 cadenas perpetuas consecutivas. El tribunal le impuso además una sanción monetaria de 350 millones de dólares en concepto de ganancias ilegales acumuladas en suelo estadounidense.
Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”
Quien fuera uno de los jefes de sicarios más sanguinarios del Cártel de los Beltrán Leyva recibió en 2018 una pena de 49 años de prisión en una corte de Georgia. El fallo incluyó el decomiso obligatorio de 192 millones de dólares derivados directos de las operaciones de trasiego y venta al menudeo en Atlanta y otras metrópolis.
Héctor Beltrán Leyva, “El H”
Tras la caída de la cúpula de la organización, los procesos paralelos en tribunales estadounidenses contra la estructura de mando del Cártel de los Beltrán Leyva fijaron montos globales de recuperación que ascendieron a más de 400 millones de dólares en decomisos definitivos e incautaciones directas de bienes inmuebles y productos financieros.
Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”
Hijo de Ismael Zambada, se convirtió en uno de los testigos colaboradores clave de la fiscalía estadounidense. Como parte de su acuerdo de cooperación ratificado en Chicago en 2014, “El Vicentillo” aceptó ceder de manera incondicional al Tesoro de Estados Unidos la cantidad de mil 373 millones de dólares en activos y recursos líquidos.
Genaro García Luna
Aunque ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en México, su condena en Nueva York por conspiración para el narcotráfico lo colocó en el mismo nivel operativo de la delincuencia organizada. Además de la condena de prisión, se dictó el decomiso de sus bienes y utilidades, que superan los 2,000 millones de dólares en procesos penales y civiles interpuestos para recuperar el capital acumulado durante sus años de protección al Cártel de Sinaloa.
La Paradoja Financiera: ¿Justicia o Participación en Ganancias?
Al examinar estas cifras, la retórica del combate al crimen muestra una severa contradicción económica. El trasiego de estupefacientes funciona bajo la lógica de una empresa trasnacional de altísima rentabilidad.
La materia prima se produce o procesa en América Latina, cruza fronteras plagada de violencia, sobornos y pérdida de vidas humanas, para ser finalmente consumida en el mercado estadounidense, generando flujos masivos de dólares.
Cuando la justicia de EE.UU. concluye un juicio e impone estas multimillonarias órdenes de confiscación, entra en un proceso de recaudación. Si bien es técnicamente complejo recuperar la totalidad de las estimaciones abstractas como los 15,000 millones de Zambada o los 12,600 millones de Guzmán, la realidad es que el gobierno de EE. UU. liquida propiedades, decomisa cuentas bancarias, asume el control de empresas fachada y absorbe los fondos entregados voluntariamente en los acuerdos de culpabilidad.
Este dinero no regresa a las comunidades mexicanas donde se generó la devastación institucional y social, ni se destina prioritariamente a reparar los daños a la salud pública. Los fondos decomisados mediante el Asset Forfeiture Program alimentan de manera directa los presupuestos del Departamento de Justicia, de las agencias policiales como la DEA, el FBI o el Marshals Service, y de las arcas federales estadounidenses.
Por ende, el esquema procesal termina funcionando como un impuesto retrospectivo. El capo trabaja, asume los riesgos territoriales y humanos, genera la ganancia en el mercado de consumo más grande del mundo y, al ser detenido o pactar una pena reducida, transfiere una tajada multimillonaria al Estado que lo persiguió.
En este engranaje, el gobierno estadounidense no solo actúa como juez y verdugo, sino también como el liquidador final que cobra el peaje de la renta criminal, consolidándose en la práctica como un socio involuntario o pragmático que capitaliza el rendimiento financiero del narcotráfico.
