Por. J. Jesús Lemus
En las calles, las autopistas y las redes sociales de México, el calendario electoral formal parece una ficción jurídica. La ley es tajante al definir los tiempos para la contienda política, pero la realidad avanza por un carril de impunidad consentida.
El fenómeno de los actos anticipados de campaña dejó de ser una anomalía para convertirse en la estrategia central de supervivencia y posicionamiento de los partidos políticos.
Lo alarmante no es solo la violación sistemática de la norma por parte de aspirantes a cargos de elección popular, especialmente visibles en las filas de Morena, sino la parálisis institucional de un Instituto Nacional Electoral que observa el despliegue de recursos con una mezcla de impotencia técnica y pasividad política.
La legislación electoral mexicana prohíbe de forma explícita el proselitismo fuera de los plazos institucionales. Sin embargo, la clase política ha encontrado en la simulación su mejor herramienta.
A través de figuras jurídicas artificiales, como las coordinaciones de defensa, las asambleas informativas o los procesos internos de organización, se encubren verdaderas campañas presidenciales, estatales y municipales.
Este fraude a la ley se opera mediante un vacío conceptual que el propio INE ha validado de manera indirecta. Al no pronunciarse de forma directa los llamados explícitos al voto o el pedimento de apoyo formal para una candidatura de manera textual, las autoridades electorales suelen desechar las quejas bajo el argumento de la libertad de expresión o el derecho de autoorganización de los partidos.
Esta interpretación laxa permite que aspirantes inunden el país con espectaculares, organicen mítines masivos y contraten pauta digital millonaria sin que esto compute formalmente como gasto de campaña, burlando así la equidad en la contienda.
Morena y la Normalización del Adelanto
En el partido oficialista, la prisa por asegurar candidaturas ha desdibujado por completo los límites legales. Meses, e incluso años antes de los arranques formales marcados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una pasarela de aspirantes a gobernaturas, alcaldías y escaños legislativos despliega una infraestructura propagandística inmensa.
Bardas pintadas con frases pegajosas, portadas de revistas de dudosa circulación en parabuses y giras constantes bajo el pretexto de tareas partidistas forman parte del paisaje cotidiano.
La narrativa de estos aspirantes se ampara en que actúan bajo las reglas internas de su movimiento. El problema de fondo es que la dinámica interna se ha superpuesto a la normativa nacional.
El partido promueve, tolera y financia de forma indirecta estos esquemas de posicionamiento temprano, consciente de que los costos políticos y jurídicos de violar la ley penal electoral son prácticamente inexistentes o se resuelven mediante multas económicas que se pagan con el propio financiamiento público que reciben.
La responsabilidad del INE en este escenario es centro de un intenso debate. Por un lado, consejeros electorales admiten de manera abierta que la institución está siendo rebasada por una estrategia colectiva de desacato.
Cuando la Comisión de Quejas y Denuncias emite medidas cautelares o exige el retiro de propaganda, las resoluciones llegan cuando el impacto político ya se ha consumado. Además, el sistema de fiscalización opera de manera posterior, lo que significa que el origen y destino del dinero utilizado en estas precampañas disfrazadas se audita meses después de que los aspirantes ya están posicionados o incluso cuando las elecciones ya concluyeron.
Lejos de denunciar con contundencia moral este desorden, los partidos de oposición han optado por replicar el modelo. Ante el temor de quedar rezagados en el ánimo del electorado, las fuerzas políticas opositoras diseñaron sus propios procesos adelantados, legitimando el colapso del calendario legal.
El resultado es un consenso fáctico entre todos los actores políticos: la ley electoral se respeta solo cuando conviene, y el adelanto de los tiempos es una condición necesaria para competir.
El Dinero Opaco como Motor Político
El mayor peligro de esta ceguera institucional radica en la opacidad del financiamiento. Al no estar reguladas estas etapas previas como campañas reales, los recursos que sostienen los eventos multitudinarios, el traslado de simpatizantes y la colocación de miles de anuncios espectaculares provienen de fuentes oscuras.
La sombra del uso de recursos públicos, el desvío de programas sociales y la inyección de dinero en efectivo de procedencia desconocida amenaza la integridad democrática.
El INE, diseñado para ser el guardián de la equidad, se enfrenta a una encrucijada donde su capacidad técnica es insuficiente ante la simulación generalizada. Mientras el tribunal electoral y el instituto sigan exigiendo pruebas imposibles de conseguir para demostrar el llamado explícito al voto, los aspirantes continuarán explotando el gris de la ley, dejando al ciudadano ante una contienda permanente donde las reglas del juego formal perdieron toda vigencia.
