Por. J. Jesús Lemus
Las agencias de inteligencia y justicia en Estados Unidos, particularmente el Departamento de Justicia (DOJ), han colocado al empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo Garza, en el epicentro de una de las investigaciones más delicadas de la última década.
Fuentes cercanas a las agencias federales en Texas y Washington confirmaron a Cenzontle400 que Alfonso Romo lidera la lista de objetivos políticos de alto perfil que el gobierno estadounidense busca procesar. El caso ha escalado de un asunto estrictamente financiero a un expediente de seguridad nacional que vincula directamente el lavado de dinero con las altas esferas del poder en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las indagatorias estadounidenses se sostienen sobre tres pilares interconectados que agravan la situación jurídica del empresario regiomontano: el huachicol fiscal, el lavado de dinero para el narco a gran escala y el vinculo y protección del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El núcleo de la investigación criminal gira en torno al contrabando masivo de combustible hacia México, un esquema millonario conocido como huachicol fiscal, en donde empresas fachadas y comercializadoras internaban hidrocarburos a territorio mexicano declarándolos falsamente como lubricantes o químicos para evadir el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).
Los fiscales estadounidenses rastrean cómo este dinero, generado de forma ilícita en la frontera norte, sirvió para financiar estructuras políticas de Morena y otros fondos se fueron a los grupos del narco. Romo es investigado como el presunto “arquitecto financiero” o facilitador que permitió el flujo y blanqueamiento de estos capitales en el sistema formal.
A diferencia de los capos tradicionales, el expediente contra Alfonso Romo no se enfoca en el trasiego físico de sustancias, sino en la ingeniería financiera. El DOJ rastrea transferencias internacionales, inversiones en el sector agroindustrial y de tecnología, y cuentas en paraísos fiscales que presuntamente sirvieron para limpiar el dinero proveniente de la evasión fiscal y el mercado negro de combustibles.
Los informes de inteligencia criminal asocian directamente a Romo con el expresidente López Obrador dentro de la red del huachicol fiscal. Washington investiga si el círculo cercano del tabasqueño recibió financiamiento u otorgó protección institucional y aduanera para que la red operara con total impunidad, utilizando a Romo como el puente de plata entre el dinero sucio y las campañas u operaciones del partido oficialista.
El Departamento de Justicia de EE. UU. busca determinar si Alfonso Romo operó como el operador financiero principal para institucionalizar los recursos del huachicol fiscal en la economía legal mexicana y estadounidense, o solo fue una pieza del entramado de corrupción que dirigió el presidente López Obrador desde la oficina central del poder político mexicano.
Para la justicia estadounidense, Alfonso Romo no es un caso aislado; representa el eslabón perdido entre la delincuencia organizada de cuello blanco, el contrabando de combustible, y el poder político, tal como fue el esquema de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa que se asoció con el Cártel de Los Chapos.
Al ser catalogado informalmente en las mesas de inteligencia como el “primero de la lista” de los llamados narco-políticos o políticos vinculados a redes criminales de la administración pasada, su reclamo formal ante las autoridades mexicanas se ha convertido en una prioridad geopolítica.
La gran interrogante en los pasillos de la Cancillería mexicana y el Departamento de Estado en Washington es hasta dónde cederá la actual administración mexicana ante las solicitudes de extradición y cooperación penal en un caso que amenaza con destapar las cloacas financieras del sexenio anterior.
